¿Volvieron los aciagos tiempos de la ‘Bonanza Marimbera’?

Santa Marta está atrapada en una ruidosa guerra por el control del narcotráfico, sus rutas y rentas, donde cada incautación es solo pañito de agua tibia que no sirven de nada ante una problemática de grandes dimensiones. Es hora de hablar claro: el puerto y la Sierra Nevada son epicentro de una crisis de orden público que demanda acción, no aplausos.

Por: José D. Pacheco Martínez

La violencia asociada al narcotráfico ha creado en Santa Marta un ambiente donde la vida se valora poco y la muerte es una posibilidad diaria. Según estudios locales, más del 30% de los jóvenes barrios subnormales como los circundantes al Puerto, han abandonado o nunca han accedido a la educación superior debido a la inseguridad y la falta de oportunidades.

Esta falta de alternativas empuja a muchos hacia el crimen organizado, donde las bandas criminales y cárteles de narcotráfico ofrecen una ilusión de pertenencia y ganancias rápidas. Este ciclo vicioso no solo empobrece cultural y económicamente a la juventud, sino que también cierra las puertas a un futuro digno, perpetuando la violencia generacional.

Los más de 200 homicidios ocurridos el año pasado en Santa Marta, ponen de presente una dura realidad: el orden público se desintegra bajo el peso del narcotráfico. Según reportes de la prensa, entre enero y noviembre de 2024 se incautaron alrededor de 10 toneladas de cocaína en la terminal marítima, camufladas, casi siempre entre contenedores con productos agrícolas.

Si se siguen las proyecciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) según las cuales se incauta entre el 10 y 20% del total de los estupefacientes que logran salir, el volumen de estupefacientes que pudo haber salido es inquietante. Siendo esto ya una razón de alarma, deben considerarse los avances tecnológicos en producción y las sofisticadas rutas de tráfico que evitan la ‘inspección’ policial.

La experiencia ha demostrado que el dinero proveniente del narcotráfico distorsiona la economía local: aunque inyecta efectivo en el mercado, este capital ilícito fomenta la corrupción, la inflación en ciertos sectores y una economía informal que desplaza a la legal.

En Santa Marta, el dinero del narcotráfico ha sido utilizado, según autoridades judiciales, para comprar tierras, bienes y servicios, inflando artificialmente sectores como la construcción y el comercio local. Según estimaciones, el tráfico internacional de estupefacientes tiene un peso en la economía nacional que podría llegar a 2% del PIB, lo que equivale a $19,5 billones, pero en áreas como Santa Marta, este porcentaje puede ser mucho más significativo debido a la alta concentración de actividades ilícitas.

Sobre este asunto en particular, dada la historia reciente del país, hay un consenso entre los investigadores y analistas del conflicto, en el sentido de que el narcotráfico ha creado una economía paralela donde el dinero en efectivo de actividades ilícitas se blanquea a través de negocios legítimos, corrompiendo a funcionarios y fomentando una cultura de impunidad. Este dinero no solo alimenta la violencia que se vive, por ejemplo, en las estribaciones de la Sierra Nevada y algunas zonas de Santa Marta, sino que también, permite que el crimen organizado opere sin contratiempos.

Es necesario que la narrativa alrededor de los decomisos cambie hacia un enfoque más integral. Es necesario fortalecer los sistemas de investigación criminal y asegurar la transparencia en la gestión portuaria como lo sugirió recientemente la Procuraduría. Para que Santa Marta deje de ser un epicentro de conflicto silenciado, necesitamos un compromiso claro hacia políticas públicas que fortalezcan nuestro tejido social, promoviendo un desarrollo sostenible que beneficie a todos los magdalenenses.

Posdata:

La falta de claridad sobre estos hechos es, quizás, el aspecto más preocupante. ¿Por qué no se conoce con precisión quiénes están detrás de estas estructuras criminales? ¿Es la presunta corrupción en el puerto y en las instituciones locales un factor que facilita el flujo de droga? ¿Qué papel juegan las empresas privadas y las redes internacionales en este entramado? Las respuestas a estas preguntas son esquivas, y la narrativa imperante tiende a centrarse en los decomisos como victorias aisladas, sin abordar el contexto estructural que permite la persistencia y dinamización del narcotráfico en Santa Marta.

Es fundamental que el Estado y la sociedad civil exijan mayor transparencia. Las incautaciones no pueden ser el único indicador de éxito en la lucha contra el narcotráfico. Es necesario investigar a fondo las redes de presunta corrupción que operan en el puerto de Santa Marta, fortalecer la presencia estatal en la Sierra Nevada y garantizar la protección de las comunidades afectadas.