Metrópolis
Entidades de Santa Marta a responder por incumplimiento de la sentencia T-290 de la Corte Constitucional
Tras una investigación impulsada por una noticia publicada por Opinión Caribe en diciembre de 2023, que expuso la crítica situación de rebosamiento de aguas residuales en Santa Marta, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-290 de 2024, ordenando medidas urgentes para solucionar el problema. Sin embargo, el incumplimiento de estas órdenes por parte de las entidades responsables ha llevado a la admisión de un incidente de desacato, poniendo en evidencia la falta de acción frente a una crisis que afecta la salud y la calidad de vida de los samarios.
Por: Arnol Sarmiento
El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta admitió un incidente de desacato presentado por el abogado Rubén Darío Ceballos Mendoza y otros accionantes, en contra de varias entidades distritales y regionales, por el incumplimiento de la sentencia T-290 de 2024 emitida por la Corte Constitucional el pasado 18 de julio. Dicha sentencia ordenaba medidas urgentes para solucionar el problema de rebosamiento de aguas residuales en Santa Marta, específicamente en el sector de Los Cocos del barrio Bellavista.
La Corte Constitucional, en su fallo, había ordenado a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR), la Alcaldía Distrital, la Superintendencia de Servicios Públicos y otras entidades tomar acciones inmediatas para resolver la crítica situación de salubridad que afecta a los residentes de la zona. Entre las medidas ordenadas se encontraban la supervisión y restablecimiento del funcionamiento de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Norte, la suspensión de licencias de construcción en el barrio Bellavista hasta que se defina la capacidad del sistema de alcantarillado, y la presentación de informes mensuales sobre el avance de las obras.
Sin embargo, tras varios meses desde la emisión de la sentencia de la Corte, las entidades demandadas no han cumplido con las órdenes judiciales, lo que llevó a los accionantes a presentar un incidente de desacato de la sentencia T-290 de 2024. Es así que el juzgado admitió la solicitud y requirió a las entidades involucradas, incluyendo ESSMAR, la Alcaldía Distrital, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Secretaría Distrital de Salud, Planeación Distrital, el Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental (DADSA), la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) y las Curadurías Urbanas No. 1 y No. 2 de Santa Marta, que en un plazo máximo de 48 horas presenten información detallada sobre los responsables del cumplimiento de la sentencia, sus superiores jerárquicos y las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a las órdenes judiciales.
Asimismo, el juzgado advirtió que, de no recibir una respuesta satisfactoria o de persistir el incumplimiento, se procederá a abrir un incidente de desacato en contra de los responsables y sus superiores, lo que podría derivar en sanciones penales como fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión, arresto hasta de seis meses y multas de hasta 20 salarios mínimos mensuales.
Antecedentes del caso
La sentencia T-290 de 2024 tuvo lugar tras una acción de tutela interpuesta por residentes del sector de Los Cocos, quienes denunciaron la constante presencia de aguas residuales en sus calles y viviendas, afectando su salud y derecho a una vivienda digna. La Corte Constitucional basó parte de su decisión en una nota periodística publicada por Opinión Caribe el 22 de diciembre de 2023, que evidenció la gravedad de la situación que llevó a que la Corte tomara medidas en contra de varias entidades, entre ellas la ESSMAR.
“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que no tenía conocimiento de la situación que se presenta en el barrio Bellavista de Santa Marta. Sin embargo, recibió la noticia, dada por el medio de comunicación Opinión Caribe el 22 de diciembre de 2023, titulada: ‘Residentes del sector Playa Los Cocos en Santa Marta interponen acción de tutela por constante presencia de aguas residuales’. Por lo tanto, hizo un requerimiento a ESSMAR el 26 de diciembre de 2023”, puntualiza la sentencia T-290 de 2024 en el parágrafo 6 del trámite procesal que dio lugar al fallo en favor de los residentes de la ciudad de Santa Marta.
Nota periodística de OPINIÓN CARIBE fue clave en la sentencia T-290 de la Corte Constitucional
OPINIÓN CARIBE, en cumplimiento de su labor periodística, expuso esta grave situación que durante años ha afectado al barrio Bellavista, sector Los Cocos, así como a otras áreas de la ciudad, visibilizando la problemática del derrame de aguas residuales. La cobertura continua de esta noticia por parte de este medio de comunicación fue determinante para que se tomaran acciones contundentes, acciones que finalmente derivaron en la histórica sentencia T-290 de 2024.
#MetropolisOC La Corte Constitucional prohibió a las curadurías urbanas No. 1 y No. 2 de Santa Marta expedir nuevas licencias de urbanización y construcción en el sector de Los Cocos hasta nueva orden. Además, la Corte ordenó a la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta… pic.twitter.com/x3psxHCFWs
— Opinión Caribe (@opinioncaribe) August 16, 2024
En su fallo, la Corte ordenó medidas concretas para solucionar el problema, destacando la importancia de garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de Santa Marta. Sin embargo, el incumplimiento de estas órdenes ha generado preocupación entre la comunidad y los accionantes, quienes esperan que el incidente de desacato impulse a las autoridades a actuar de manera inmediata.
El paso a seguir
Ante esto, las entidades demandadas tienen hasta 48 horas para presentar la información requerida por el juzgado. De no hacerlo, se procederá con las sanciones correspondientes. Mientras tanto, la comunidad de Santa Marta sigue a la espera de una solución definitiva a un problema que afecta su calidad de vida desde hace años.
Los residentes de Santa Marta, especialmente los del sector de Los Cocos, continúan sufriendo las consecuencias de un problema que parece no tener fin. La admisión del incidente de desacato representa una nueva oportunidad para que las entidades responsables actúen con celeridad.
