De Uribe Uribe a Uribe Turbay: la violencia como arma para destruir al opositor

Desde 1914, Colombia acumula más de un siglo de violencia política con participación estatal comprobada judicialmente: el genocidio de la UP, los magnicidios de los 80s y 90s, las masacres paramilitares, pero ahora el presidente Petro, quien llegó al poder prometiendo la paz total, reproduce los mismos patrones de negación que permitieron en el pasado la institucionalización de este modelo.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

La historia política colombiana está marcada por una noticia constante que se resiste a desaparecer de los noticieros y rotativas: la violencia como mecanismo de eliminación del adversario. Desde el magnicidio del General Rafael Uribe Uribe en 1914 hasta el reciente atentado contra Miguel Uribe Turbay, nuestro país ha vivido un ciclo interminable de asesinatos políticos que han configurado un patrón de comportamiento preocupante en nuestra democracia, aún endeble.

El asesinato del General Uribe Uribe, líder liberal y precursor de ideas progresistas en material laboral, sobre todo, marcó el inicio de una época donde la diferencia ideológica se resolvía, sin más, con la eliminación física del oponente. Este crimen, perpetrado en pleno centro de Bogotá, estableció un precedente funesto que se repetiría posteriormente con mayor intensidad y sistematicidad.

Muchos años después de aquel triste día y sin un cambio sustancial en la dirección del Estado, Jorge Eliecer Gaitán, connotado abogado y favorito en las presidenciales, corrió la misma suerte. Su muerte hasta hoy impune, tras el linchamiento del sicario, desató una oleada de violencia inédita que aún hoy continúa y ha dejado cientos de miles de muertos. Estos dos precedentes se dieron con bastante frecuencia en la década de los 80s: momento histórico que, sin duda alguna, representó el punto más álgido de esta tragedia nacional.

Los magnicidios de Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo Ossa (1990) y Carlos Pizarro (1990) configuraron lo que los historiadores denominaron ‘el cuatrienio de los magnicidios’, período en el cual, se tiene suficientemente probado que se consolidó una alianza criminal entre narcotraficantes, paramilitares y sectores del propio Estado para eliminar cualquier proyecto de renovación democrática.

De hecho, el exterminio de la Unión Patriótica, con más de 5.700 militantes asesinados, demostró con claridad meridiana cómo la violencia política podía convertirse en genocidio. Esta connivencia de actores legales e ilegales en la perpetración de crímenes políticos constituye uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia republicana, incluso hoy día se siguen buscando responsables de algunos de estos asesinatos.

Sin embargo, fue la muerte de Luis Carlos Galán la que representó un punto de inflexión, porque durante ese periodo se dio una vuelta de tuerca al ‘Contrato Social’ en el país. Su propuesta de renovación liberal y su férrea oposición al narcotráfico lo convirtieron en objetivo de una alianza criminal que, claramente, dada su popularidad, veía en ese liderazgo una amenaza a sus intereses. El impacto de su asesinato no solo transformó el panorama electoral de 1990, sino que consolidó la percepción de que en Colombia la política se ejercía bajo la constante amenaza de muerte.

Esta criminal sistematicidad continuó durante los años 90s y la primera década del 2000, revelando cómo la complicidad estatal con estructuras criminales se había institucionalizado. En ese ciclo, tal vez uno de los crímenes más dolorosos para el país, fue el de Álvaro Gómez Hurtado (1995), político conservador y uno de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Casi todos los asesinatos de políticos importantes en el país han contado de manera directa con participación u omisión de agentes del Estado, baste echarle una ojeada al desenlace de los procesos judiciales posteriores, especialmente los relacionados con el paramilitarismo: han documentado ampliamente esta responsabilidad de agentes estatales de todas las instituciones en la perpetuación de la violencia política.

De hecho, una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Unión Patriótica confirma que los “hechos fueron protagonizados por actores estatales y por terceros que contaron con la tolerancia, la colaboración, la aquiescencia o la falta de prevención de las autoridades”.

En este contexto histórico, el reciente atentado a bala contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático adquiere una dimensión que trasciende lo individual, más aún, cuando desde su curul ha sido crítico de las dinámicas gubernamentales y a su vez, objeto de duros cuestionamientos y hasta acusaciones del actual presidente, Gustavo Petro. Atendiendo a la lógica imperante, la Fiscalía General de la Nación, tras rigurosas investigaciones, ha establecido que el móvil del atentado es meramente político, conectándolo con esta larga y funesta tradición nacional de violencia contra figuras públicas que representan posiciones específicas en el espectro político nacional.

Sin embargo, la reacción del presidente Gustavo Petro ante estos hallazgos resulta profundamente preocupante desde una perspectiva histórica, política y social. “Sugieren que la fiscalía dijo que había un fin político. Eso no se puede decir, aún hoy, y aunque es, una hipótesis de investigación, aún no se puede decir con certeza, que haya fines políticos en el atentado y, peor aún, cual interés político, tendría el verdadero asesino. Hasta ahora, los capturados, solo son miembros del microtráfico bogotano, y aun no hay certezas de los autores intelectuales”, trinó en su acostumbrado tono despectivo hacia la prensa.

Su intento de desmentir las conclusiones de la Fiscalía revive una actitud poco sensata que ha caracterizado a diversos sectores políticos colombianos cuando la violencia por motivaciones política no encaja en sus narrativas. Cobra relevancia o gravedad este asunto, si se pone de presente que Petro en primera persona (para no hablar de quienes lo secundan) ha sacado bastante rédito político de magnicidios y persecuciones por parte de agentes estatales.

Este actitud desafiante y obtusa no es nueva en Colombia: durante décadas, diversos gobiernos y sectores políticos han negado, minimizado o reinterpretado episodios similares cuando estos contradecían sus discursos o comprometían sus alianzas. Querer encasillar el atentado contra Miguel Uribe Turbay en un crimen común y corriente, lleva implícita la intención de evadir responsabilidades, en el entendido de que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades”.

La actitud del presidente Petro, lejos de romper con esta tradición, la perpetúa desde una perspectiva diferente pero igualmente problemática. Su clara posición negacionista frente al móvil político del atentado contra Uribe Turbay no solo desconoce el trabajo de la Fiscalía y sus agentes, sino que ignora las lecciones que nos ha dejado más de un siglo de este tipo de violencia en particular.

En ese sentido, es claro que el país necesita líderes que reconozcan la gravedad histórica de este tipo de violencia y trabajen verdaderamente por erradicarla, más allá de los llamados a la sensates e independientemente de quién sea la víctima o quién sea señalado como victimario. Venga de donde venga, la negación de los hechos solo perpetúa los ciclos de violencia que han ensangrentado nuestra historia. El fantasma del General Uribe Uribe sigue rondando nuestra política.

Hasta que no asumamos colectivamente la responsabilidad de enfrentar esta herencia trágica con honestidad y determinación, seguiremos siendo prisioneros de una historia que se empeña en repetirse. ¡La democracia colombiana merece algo mejor que el negacionismo y la instrumentalización política de la violencia!