Procuraduría solicitó a Rafael Martínez medidas preventivas ante incremento de homicidios

Ante el alarmante incremento de la violencia en el departamento del Magdalena, la Procuraduría General de la Nación solicitó al gobernador Rafael Martínez implementar medidas preventivas inmediatas para contener la escalada criminal que azota la región. Según el más reciente informe de la Plataforma de Derechos Humanos de la Sierra Nevada (PDHAL), entre enero y junio de 2025 se han registrado 340 homicidios, convirtiendo este semestre más violento de los últimos años.

La situación actual del Magdalena está marcada por disputas entre grupos armados ilegales, principalmente entre la Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Estas organizaciones se enfrentan por el control territorial, rutas del narcotráfico y extorsiones, afectando gravemente a municipios como Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Fundación y Pivijay.

El pasado fin de semana, 15 personas fueron asesinadas lo que motivó la convocatoria de un Consejo de Seguridad por parte de la Gobernación. En este espacio, el Ministerio Público participó activamente y emitió una serie de recomendaciones urgentes. Entre acciones que se tomaron en el Consejo se ordenó el ofrecimiento de recompensas para dar con las capturas de miembros de las estructuras criminales que operan en la región, la realización de investigaciones técnicas que permitan dar resultados más contundentes, agilización de procesos contractuales abiertos para la adquisición de equipos y vehículos de apoyo a la Fuerza Pública, inversión social en territorios afectados para evitar la participación de jóvenes en el conflicto y revisión de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional.

Expertos han advertido que la violencia en el departamento no puede abordarse desde una perspectiva municipal, ya que los grupos armados operan sin respetar fronteras. Se requiere una política de seguridad articulada, con presencia estatal efectiva, fortalecimiento de la policía judicial y protección real para la población civil.

Por último, la Procuraduría también alertó sobre el estado crítico de seguridad de los Centros Transitorios de Detención, ubicados en estaciones de policía, teniendo en cuenta que esto representa un riesgo ante los posibles rescates de miembros de los grupos allí detenidos.