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Solicitan ante la Procuraduría inhabilitar por 20 años a tres diputados del Magdalena
La queja disciplinaria contra los diputados que conformaron la Mesa Directiva de la Asamblea del Magdalena en el período 2024 incluye más de 50 pruebas aportadas. En ella se solicita su inhabilitación por 20 años y, adicionalmente, la suspensión de sus cargos por un período de tres meses. Estas solicitudes están siendo analizadas por la Procuraduría General de la Nación, que ya anunció, el día de ayer, la apertura de una investigación ante los hechos denunciados.
Por: Arnol Sarmiento
OPINIÓN CARIBE pudo conocer una queja disciplinaria interpuesta ante la Viceprocuraduría General de la Nación el pasado 25 de marzo contra los diputados Rosa Idalia Jiménez Rodríguez, Alberto Mario Gutiérrez Uribe y Mallath Paola Martínez Cantillo, integrantes de la mesa directiva de la Asamblea del Magdalena para el período 2024.
La denuncia, presentada por José Antonio Fernández de Castro del Castillo, exsecretario general de la Asamblea en ese mismo año, alega un presunto incumplimiento intencional de una medida provisional dictada por un juez de tutela, la cual ya tuvo sus primeros efectos tras el pronunciamiento del ente de control, que anunció ayer la apertura de una investigación por los hechos denunciados.
La controversia se origina en la elección de la Mesa Directiva para el período 2025, programada inicialmente para el 26 de noviembre de 2024. Una acción de tutela interpuesta por la diputada María Margarita Guerra llevó al Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta a ordenar la suspensión de dicha sesión plenaria y a abstenerse de convocar una nueva sesión con el mismo fin hasta tanto se emitiera un fallo definitivo.
Según el documento de la queja disciplinaria interpuesta por Fernández de Castro, la decisión judicial fue notificada a la Asamblea del Magdalena por diversos medios el 25 de noviembre de 2024, incluyendo correo electrónico institucional y notificación personal al secretario general de la corporación, cargo que él ocupaba. Sin embargo, a pesar de esto, la Mesa Directiva comunicó ese mismo día, a las 8:00 p.m., la modificación de la fecha para la entrevista de aspirantes al cargo de secretario general, citando como razón la elección de la nueva Mesa Directiva.
Así mismo de Castro señlo que la presidenta de la Asamblea de ese entonces Rosa Idalia Jiménez Rodríguez presentó peticiones de aclaración del auto admisorio, alegando que la decisión no había sido notificada formalmente y que existían inconsistencias en las fechas del proceso. No obstante, la queja disciplinaria sostiene que estas acciones buscaban evadir el cumplimiento de la orden judicial, y el juzgado de tutela desestimó dichas objeciones, confirmando la validez de la notificación y la obligatoriedad de la medida.
El documento obtenido por OPINIÓN CARIBE también detalla otras presuntas irregularidades, como la designación del diputado Amed Zawady como secretario ad hoc, después de que el secretario general se negara a llamar a lista a otro diputado (Alberto Gutiérrez Uribe), quien tenía suspendidos su voz y voto por una medida cautelar disciplinaria impuesta por su partido. Esta suspensión provisional también había sido comunicada a la Asamblea, según lo señalado en la queja disciplinaria ante la Procuraduría.
Como resultado de estas presuntas irregularidades, el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante auto del 26 de febrero de 2025, admitió una demanda de nulidad electoral y suspendió provisionalmente el acto de elección de las diputadas Ángela María Cedeño Ruiz, Marta Liliana García Rivera y Candy Julieth Sánchez Vásquez como presidenta, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta, respectivamente, para el período 2025.
Ante lo ya señalado, José Fernández de Castro, quien presentó la queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, solicitó:
“Con fundamento en los hechos descritos, solicito respetuosamente a la Procuraduría General de la Nación, como máxima autoridad disciplinaria de los servidores públicos de elección popular (como es el caso de los diputados que integraron la Mesa Directiva de la Asamblea del Magdalena, período 2024) lo siguiente:
PRIMERO: Sancionar disciplinariamente con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas por un período de 20 años a los diputados Rosa Idalia Jiménez Rodríguez, Alberto Mario Gutiérrez Uribe y Mallath Paola Martínez Cantillo, por el concurso de faltas graves y gravísimas en que incurrieron, actuando con dolo o culpa gravísima, en su calidad de presidenta, primer vicepresidente y segunda vicepresidenta de la Asamblea del Magdalena, respectivamente. Esto, conforme a la clasificación de las faltas y sanciones disciplinarias establecidas en el Título V de la Ley 1952 de 2019, tal como se especifica a continuación.”
Adicionalmente, solicitó como medida cautelar:
“Suspender provisionalmente de sus cargos, por el término de tres meses y sin derecho a remuneración, a los diputados Rosa Idalia Jiménez Rodríguez, Alberto Mario Gutiérrez Uribe y Mallath Paola Martínez Cantillo, debido al triple riesgo de interferencia en la investigación y la posible reincidencia en la conducta, como se detalla a continuación.”
La Procuraduría General de la Nación asumió competencia preferente en este caso, debido a la trascendencia política del mismo y a su impacto en la gobernabilidad y estabilidad institucional de la Asamblea del Magdalena. La queja disciplinaria busca establecer responsabilidades por las actuaciones de la Mesa Directiva durante la sesión del 26 de noviembre de 2024, sobre la cual el ente de control ya se pronunció el día de ayer con la apertura de una investigación disciplinaria contra los diputados Rosa Idalia Jiménez Rodríguez, Alberto Mario Gutiérrez Uribe y Mallath Paola Martínez Cantillo.
En este sentido, la Asamblea del Magdalena atraviesa actualmente un escenario de demandas civiles, penales y disciplinarias, además de múltiples acciones de tutela interpuestas, en las que todos los diputados se encuentran defendiendo ante las autoridades competentes su permanencia en las curules obtenidas el pasado 29 de octubre de 2023. A este paso, y de prosperar dichas demandas, la Asamblea del Magdalena podría ser totalmente reemplazada, tal como advirtió el director de OPINIÓN CARIBE en un análisis publicado el pasado mes de mayo a través de un trino.
¿Qué pasará? Aún no se sabe. Por ahora, los 13 diputados de la Asamblea del Magdalena se defienden en los estrados judiciales.
