El agro crece a pesar del Estado y sus instituciones ‘competentes’

Colombia posee más de 20 millones de hectáreas aptas para uso agropecuario, pero solo desarrolla 6 % de su potencial de riego y mantiene 80 % de las vías terciarias en mal estado. Mientras las exportaciones crecen, el valor agregado sigue limitado por la falta de infraestructura y planificación.

Por: José D. Pacheco Martínez

Al revisar los datos del sector agropecuario pienso, inevitablemente, en lo ocurrido entre Zambrano y Tenerife, donde la mala proyección de una obra terminó desviando el cauce del río, socavó la margen contraria y se llevó las parcelas agrícolas que sostenían a familias enteras. No fue solo un error de ingeniería: fue la destrucción directa de capital productivo. Y ese episodio resume, en pequeño, lo que le ocurre al país en grande: decisiones públicas que se toman sin comprender la economía real del territorio.

Lo primero que revelan las cifras es que el agro no es un sector marginal ni romántico. Es uno de los motores que ha sostenido la economía en medio de la volatilidad nacional. En 2024, el PIB agropecuario creció 8,1 % y aportó 0,8 puntos porcentuales al crecimiento total. Entre enero y mayo de 2025, las exportaciones aumentaron 36,8 % en valor y representaron el 31 % de la canasta exportadora del país.

En un escenario global donde la población se dirige hacia los 9.700 millones de habitantes en 2050 y la producción agrícola mundial deberá aumentar 50 %, Colombia tiene una posición privilegiada: tierra disponible, condiciones climáticas diversas y una frontera agrícola de más de 20 millones de hectáreas aptas para uso productivo.Sin embargo, ese potencial convive con una estructura que restringe el crecimiento. La pobreza monetaria rural alcanza el 41,2 %, la multidimensional el 24,3 %; la informalidad laboral supera el 83 % y más del 90 % de los trabajadores no cotiza a pensión.

Estos indicadores no describen solo carencias sociales: son señales económicas que advierten un problema mayor. Un sector con informalidad dominante, baja protección social y productividad limitada no puede absorber inversión, innovar tecnologías ni escalar competitividad.

A este cuadro se suma el mayor obstáculo para la economía rural: la ausencia de bienes públicos. Más del 80 % de las vías terciarias están en mal estado y 94 % no están pavimentadas; apenas el 6 % del potencial de riego está desarrollado y alrededor del 30 % de los distritos existentes no funciona. Cada kilómetro sin mantenimiento, cada hectárea sin irrigación y cada bloqueo —más de 2.160 entre 2023 y 2025— se traduce en pérdidas, sobrecostos logísticos y mercados inestables.

Es un ecosistema donde la producción avanza, pero la infraestructura retrocede, y ese desfase erosiona la competitividad del país. El comportamiento presupuestal confirma que el obstáculo no es la falta de recursos, sino la capacidad institucional. En 2024, el sector recibió su mayor asignación histórica, pero la ejecución llegó apenas al 38,6 %. Las metas del Plan Nacional de Desarrollo en formalización y entrega de tierras avanzan a menos de la cuarta parte del objetivo. Cuando los recursos no se convierten en bienes públicos, el crecimiento termina descansando sobre el esfuerzo individual del productor y no sobre políticas que fortalezcan la productividad.

Desde el punto de vista laboral, el país enfrenta otro desfase estructural. La Reforma Laboral aprobada en 2025 no incorporó un esquema diferenciado para la estacionalidad agrícola. La ausencia de un contrato y un jornal agropecuario adaptados a la realidad productiva perpetúa la informalidad y limita la tecnificación. Sin reglas laborales específicas, formalizar se vuelve costoso, y producir se vuelve riesgoso.

Mientras tanto, el mercado internacional exige lo contrario: estabilidad, volumen, trazabilidad, seguridad jurídica, diversificación. La provisión de café, cacao y aguacate ha sido positiva, pero insuficiente. Colombia podría posicionarse en proteínas, pesca sostenible, biocombustibles, forestales y frutales de clima cálido. Pero para competir en esas cadenas se necesitan inversiones sostenidas en sanidad, logística, riego y conectividad: pilares que hoy avanzan a un ritmo incompatible con la demanda global.

Por eso el caso de Zambrano y Tenerife no es un desvío narrativo, sino una advertencia económica. Así como una obra mal diseñada reconfiguró el río y eliminó el sustento de cientos de familias, el país entero está perdiendo valor por decisiones que desconocen la lógica productiva del territorio. Sin planificación basada en datos, sin ingeniería institucional y sin lectura del mercado, las intervenciones terminan destruyendo más de lo que aportan.

Colombia no necesita inventar una nueva estrategia: necesita aplicar principios básicos de economía productiva. Riego donde hay tierra aprovechable; vías terciarias pavimentadas donde se generan cargas; reglas laborales acordes a la estacionalidad; ejecución presupuestal que convierta cifras en infraestructura; diversificación exportadora respaldada por ciencia, sanidad y trazabilidad. Es un programa técnico, no ideológico.

El agro no es una nostalgia rural: es el activo económico más subestimado del país. Pero mientras sigamos tomando decisiones que ignoran la economía del territorio —como ocurrió a orillas del Magdalena—, estaremos renunciando al sector con mayor retorno potencial para Colombia. La pregunta no es si el agro puede transformar la economía, sino si Colombia está dispuesta a transformarse para que el agro despliegue todo su valor.