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Procuraduría requiere a la Asamblea del Magdalena por posible inhabilidad en la terna de contralor
El órgano de control abrió una actuación preventiva y dio plazo hasta el 20 de noviembre para que la Asamblea explique las presuntas irregularidades en la terna y responda por la posible inhabilidad de uno de los aspirantes.
Por: Arnol Sarmiento
La Procuraduría General de la Nación abrió una actuación preventiva y requirió formalmente a la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental del Magdalena para que entregue información detallada y adopte decisiones frente a presuntas irregularidades en la conformación de la terna para elegir al contralor del periodo 2026-2029.
El requerimiento, se origina tras la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 041 del 6 de octubre de 2025, mediante la cual se conformó la terna de elegibles. La petición fue elevada por la ciudadana Lucy Estella Barraza Mendoza, quien advierte que uno de los ternados, Safuat Atunes Celedón, estaría inhabilitado para ocupar el cargo.
Según la denuncia, Atunes habría ejercido funciones directivas como jefe de la Oficina del Despacho del Alcalde en la Rama Ejecutiva Distrital de Santa Marta durante el año inmediatamente anterior, una circunstancia que podría configurar una inhabilidad expresa contemplada en la ley para aspirar a ser contralor. La Procuraduría también reseña que la Universidad de Medellín, operadora del concurso, habría cambiado “injustificadamente” su condición de no admitido a admitido, pese a la presunta inhabilidad.
El Ministerio Público enfatiza que la Mesa Directiva tiene la competencia para revisar y revocar la Resolución 041, al tratarse de un acto administrativo preparatorio que no genera derechos adquiridos, conforme al CPACA.
El proceso de selección, adicionalmente, enfrenta un escenario jurídico complejo. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta ordenó como medida provisional mantener suspendida la convocatoria pública hasta que la Asamblea cumpla órdenes impartidas en un fallo previo. A ello se suma una demanda de nulidad en curso ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, que cuestiona la legalidad del procedimiento.
En su requerimiento, la Procuraduría también advierte presuntas irregularidades administrativas, como la publicación tardía o de difícil acceso de las resoluciones 027, 030 y 034 de 2025, así como aspectos relacionados con la contratación y el rol de la Universidad de Medellín como institución operadora.
El procurador delegado, Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, solicitó a la Mesa Directiva un informe completo y la remisión de una amplia lista de documentos, entre ellos:
- Copia íntegra de las resoluciones 027, 030, 034 y 041 de 2025.
- El contrato No. 522025 con la Universidad de Medellín y su trazabilidad.
- El estudio jurídico sobre la presunta inhabilidad de Safuat Atunes Celedón.
- El estado de trámite de la solicitud de revocatoria directa.
La Asamblea del Magdalena deberá entregar toda la información requerida, así como las decisiones adoptadas frente al caso, a más tardar el 20 de noviembre de 2025.
