La guerra que asfixia al Magdalena: masacres, reclutamiento y control territorial

Expertos advierten que la disputa entre estructuras armadas cumplen 22 años y se intensifica por ausencia estatal, economías ilegales y dinámicas políticas que agravan el mapa criminal del departamento.

Por: Arnol Sarmiento

El departamento del Magdalena atraviesa uno de sus peores momentos en materia de seguridad. La más reciente masacre registrada el sábado 15 de noviembre en el municipio de Ciénaga volvió a encender las alarmas sobre la escalada de violencia que golpea el territorio. Con este nuevo hecho, ya son cuatro las masacres cometidas en los últimos seis meses en zonas estratégicas donde confluyen economías ilegales, rutas de movilidad y disputas históricas entre estructuras armadas.

En lo que va de 2025, el departamento ya acumula más de 450 homicidios, una cifra que evidencia la profundización de un conflicto que, según autoridades y defensores de derechos humanos, no se reduce a una pugna por rentas ilegales, sino a un entramado mucho más complejo de legitimidad territorial, venganzas históricas y alianzas políticas, económicas y sociales.

Una guerra que no empezó ayer 

En diálogo con OPINIÓN CARIBE, Lerber Dimas, director de la Plataforma de Derechos Humanos (PHDAL), explicó que la disputa actual entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) —también conocido como Clan del Golfo— se remonta a más de dos décadas.

“Voy a tratar de simplificar una situación que es bien compleja. La disputa entre las autodefensas conquistadoras de la Sierra y el ejército Gaitanista de Colombia es una disputa de hace 22 o 23 años. Esto inicia hacia finales de 2002 con la guerra entre los grupos de Giraldo y el Bloque Norte de las AUC”, señaló Dimas.

El investigador enfatizó que este conflicto se reproduce de forma cíclica. “Tiene una particularidad: vuelve cada 8 o 10 años. Es profundamente territorial. Lo que está en juego no es solo el control de rentas ilegales; el territorio otorga legitimidad, poder político, acceso a economías legales e ilegales y capacidad de moldear la vida social”.

Dimas advirtió que la violencia en la región no disminuirá mientras no exista una intervención seria desde el Gobierno Nacional. “En vez de reducir violencia, cada día estamos viendo mayor intensidad. Las organizaciones criminales responden con mayor brutalidad: si matan uno, responden con dos; si matan tres con sevicia, responden con cuatro o cinco. Nunca se espera menos violencia, sino más”.

Masacres, desmembramientos y una ruta estratégica en disputa

 Entre Ciénaga y Palermo, defensores de derechos humanos han documentado asesinatos, decapitaciones y la presencia de carteles dejados sobre los cuerpos de las víctimas, reivindicando los ataques como consecuencia de la disputa entre los grupos armados. La zona —que conecta municipios como Fundación, Zona Bananera y Puebloviejo— es considerada un corredor clave para el control territorial.

“Esta guerra, que hoy cumple al menos 15 años de forma sostenida, se ha fortalecido en Zona Bananera, Santa Marta, Ciénaga y Puebloviejo. Cada día las violencias son más extremas”, añadió Dimas.

Según él, los picos de violencia tienen patrones que coinciden con coyunturas electorales y periodos del año asociados a reacomodamientos de poder. “Siempre hay un recrudecimiento hacia finales y principios de año. Esto está conectado a dinámicas políticas y a temporalidades históricas del conflicto”.

Un departamento asfixiado por homicidios y reclutamiento 

La defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, investigadora y activista, también analizó para OPINIÓN CARIBE la gravedad de la situación. Su diagnóstico es contundente:

“El departamento del Magdalena atraviesa hoy una gran crisis de seguridad. Cuenta con 452 homicidios, de los cuales 250 se concentran en la zona norte. Solo el municipio de Ciénaga registra 85 homicidios, además de una sistemática vulneración de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

Según Vera, la disputa entre las dos organizaciones —ambas catalogadas como Grupos Armados Organizados (GAO)— ha derivado en masacres, desmembramientos, extorsiones y narcotráfico, afectando principalmente a jóvenes de sectores vulnerables.

“El 72% de los asesinados son jóvenes menores de 26 años, la mayoría de estratos 1 y 2. Existe un grave fenómeno de reclutamiento e instrumentalización de personas en alta vulnerabilidad que terminan participando en actividades criminales”, afirmó.

Vera advirtió que la respuesta estatal ha sido insuficiente: “Las condenas por actividades criminales de estos grupos no superan el 15%. Esta crisis requiere no solo operaciones militares, sino políticas robustas de prevención, oportunidades laborales para jóvenes y una mirada nacional de la situación”.

Un conflicto sostenido por herencias del paramilitarismo

Ambos expertos coinciden en que lo que hoy vive el Magdalena es la continuidad de una herencia paramilitar que no fue desarticulada tras la desmovilización de las AUC.

“Las autodefensas conquistadoras de la Sierra y el ejército Gaitanista tienen gobernanzas armadas consolidadas, controlan territorios en tres departamentos y mantienen la lógica histórica del paramilitarismo”, explicó Vera.

¿Tiene salida esta espiral de violencia?

Dimas fue categórico al señalar que la violencia no cesará a menos que exista un proceso de paz serio, con garantías reales y reglas claras:

“La única forma de limitar estas violencias es un proceso de paz. Se necesita que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz establezca zonas de ubicación temporal y mecanismos de negociación claros. Mientras esto no ocurra, seguiremos en un espiral de violencia que ya completa 22 años”.

Ambos defensores coinciden en que el conflicto está lejos de terminar. La disputa territorial entre los dos grupos armados seguirá generando asesinatos, masacres, reclutamiento y control ilegal sobre comunidades que se encuentran atrapadas entre la ausencia estatal y el dominio criminal.

La crisis del Magdalena exige decisiones urgentes del Estado, una política clara frente a los procesos de paz y una intervención integral que proteja a las comunidades. De lo contrario, como advierten los expertos, el departamento continuará sumido en una espiral violenta que no parece tener un final a la vista.