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La Defensoría alerta dominio paramilitar en el Magdalena, Cesar y La Guajira
La Defensoría del Pueblo advierte que la disputa entre estructuras criminales está impulsada por rentas ilícitas asociadas al turismo, la agricultura de alto valor, la ganadería, el narcotráfico y el tráfico de armas, aprovechando la frontera marítima y corredores estratégicos como la Troncal del Caribe. Esta confrontación ha dejado más de 500 homicidios en el Magdalena en lo corrido de 2025, profundizando la ya crítica situación de seguridad en un departamento que también cerró 2024 con 573 asesinatos.
Por: Arnol Sarmiento
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana Estructural para advertir sobre el alto riesgo que enfrentan comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia, en medio de la escalada del conflicto entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) identificó un escenario crítico marcado por la disputa de territorios estratégicos clave para actividades ilícitas y el ejercicio de control social.
Según la entidad, 21 municipios de tres departamentos presentan riesgo elevado. En el Magdalena fueron identificados Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo. En La Guajira, Riohacha, Dibulla, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania. Y en el Cesar, El Copey, Bosconia, El Paso, Valledupar, Pueblo Bello y San Juan del Cesar.
La Defensoría precisó que esta alerta integra y reemplaza advertencias previas emitidas para El Copey, Valledupar, Dibulla, San Juan del Cesar y Riohacha, unificando el análisis de riesgo bajo un enfoque regional que evidencia la expansión y reorganización de los grupos armados ilegales.
Dinámicas identificadas
El SAT establece cinco patrones centrales de violencia en el territorio:
- Control hegemónico de las ACSN, especialmente en Ciénaga, Santa Marta y Dibulla.
- Avance del EGC en municipios del Magdalena, Cesar y La Guajira.
- Disputa abierta entre ambas estructuras.
- Fragmentación de dominios y coexistencia forzada, como en sectores portuarios de Santa Marta.
- Tránsito estratégico en zonas de expansión de los grupos.
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De acuerdo con la entidad, estas dinámicas han derivado en homicidios, secuestros, amenazas, extorsiones, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, y prácticas de “exterminio social” contra jóvenes, personas LGBTIQ+, migrantes venezolanos y poblaciones estigmatizadas. También se han documentado tratos crueles —incluidos castigos físicos difundidos en redes sociales—, además de desplazamientos forzados, confinamientos y uso de artefactos explosivos en rutas indígenas.
Los impactos humanitarios alcanzan a comunidades urbanas y rurales, particularmente a pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka; así como a población afrodescendiente, campesina, pescadores, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
La Defensoría advierte que las disputas están impulsadas por intereses criminales asociados a rentas ilícitas provenientes del turismo, la agricultura de alto valor, la ganadería, el narcotráfico y el tráfico de armas, aprovechando la frontera marítima y corredores viales estratégicos como la Troncal del Caribe.
Recomendaciones
Ante el riesgo de intensificación del conflicto, la entidad emitió 38 recomendaciones agrupadas en nueve ejes, dirigidas a autoridades civiles, militares, judiciales y territoriales.
Entre las principales se encuentran:
- Prevención y protección (18 recomendaciones): acciones inmediatas para mitigar el reclutamiento de menores, violencias basadas en género, trata de personas y dinámicas de exterminio social.
- Política pública (6 recomendaciones): fortalecimiento de tierras colectivas, resguardos indígenas y ampliación del acceso de jóvenes a empleo formal y educación superior.
- Investigación y justicia (4 recomendaciones): desmantelamiento de las estructuras del EGC y las ACSN, con procesos judiciales que incorporen enfoques diferencial y étnico.
La Defensoría del Pueblo subrayó que la situación exige una respuesta urgente y articulada para contener la expansión de la violencia y evitar una profundización del conflicto armado en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta.
