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Presuntas irregularidades llevan a la Adres a bloquear pagos a IPS en el Magdalena
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) dejó en firme medidas administrativas contra varias Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) ubicadas en Santa Marta y Fundación, tras evidenciar presuntas irregularidades relacionadas con la atención a víctimas de accidentes de tránsito sin Soat.
De acuerdo con la entidad, durante una verificación realizada en septiembre del año pasado, se identificó que 23 IPS de los departamentos de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca no contaban con una dirección física registrada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), requisito indispensable para la habilitación legal de estos servicios.
En ese sentido, la Adres expidió las resoluciones No. 0087804 y 0087805, mediante las cuales ratificó las medidas adoptadas frente a 16 de las IPS investigadas, al no demostrar la existencia de infraestructura física para la prestación de servicios de salud a víctimas de accidentes de tránsito.
Como consecuencia, no se autorizarán los pagos por las reclamaciones radicadas ante la entidad.
En el caso del Magdalena, las IPS Famica y Saluvida, ubicadas en Santa Marta, así como Rehabilitar de la Costa IPS Ltda., con sede en el municipio de Fundación, hacen parte del grupo de instituciones frente a las cuales quedaron en firme las decisiones administrativas, al no prosperar los recursos presentados o no haberse interpuesto dentro de los términos establecidos.
La Adres explicó que 13 de las 16 IPS sancionadas no presentaron recurso de reposición, agotándose el trámite de notificación, mientras que otras tres sí interpusieron el recurso, el cual fue resuelto negativamente al no demostrar su habilitación conforme a la ley.
Adicionalmente, siete IPS continúan en proceso de verificación, mientras se resuelven los recursos de reposición pendientes dentro del procedimiento administrativo.
La entidad anunció que los hallazgos serán puestos en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y trasladados a la Fiscalía General de la Nación, ante la posible configuración de delitos relacionados con fraude o intento de fraude contra el sistema de salud.
