Seis países piden una salida pacífica y sin injerencias externas para Venezuela

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España advirtieron que estas acciones vulneran el derecho internacional y ponen en riesgo la paz regional.

Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron una declaración conjunta en la que expresan su “profunda preocupación y rechazo” frente a las acciones militares ejecutadas de manera unilateral en territorio venezolano, al considerar que estas contravienen principios fundamentales del derecho internacional.

En el pronunciamiento, los países firmantes advierten que dichas acciones violan “la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, y señalan que constituyen “un precedente sumamente peligroso para la paz y la seguridad regional”, además de poner en riesgo a la población civil.

Asimismo, reiteraron que la crisis en Venezuela debe resolverse “exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”, subrayando que no debe haber injerencias externas y que cualquier salida debe apegarse al derecho internacional. En ese sentido, enfatizaron que “solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”.

Los gobiernos también reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como “zona de paz”, basada en “el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención”, e hicieron un llamado a la unidad regional frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad del continente.

De igual manera, exhortaron al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a utilizar sus “buenos oficios” para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional.

Finalmente, manifestaron su preocupación ante “cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, al considerar que estas acciones son incompatibles con el derecho internacional y representan una amenaza para la estabilidad política, económica y social de la región.