Nación
ELN confirma que mantiene secuestrados a cinco policías
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó este viernes que tiene bajo su poder a cinco integrantes de la Policía Nacional, secuestrados en el departamento de Norte de Santander, específicamente en la convulsionada región del Catatumbo, uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado en Colombia.
Según la información conocida, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 6 de enero, cuando los uniformados se desplazaban de civil en un bus de transporte intermunicipal que cubría la ruta Cúcuta–Tibú. En medio del recorrido, el vehículo fue interceptado durante una retención ilegal, comúnmente conocida como “pesca milagrosa”.
Los policías secuestrados fueron identificados como José Ricardo Carrillo, Carlos Eduardo Barrera, Edwin Fabián Manosalva, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, quienes regresaban a sus lugares de trabajo tras finalizar su periodo de vacaciones de fin de año.
A través de un comunicado, la guerrilla aseguró que los uniformados se encuentran en buenas condiciones de salud y que, mientras permanezcan en su poder, recibirán un trato que —según afirmaron— cumple con estándares de atención humanitaria y seguridad. Además, anunciaron que en los próximos días harán públicas las exigencias o condiciones para concretar su liberación.
En el mismo pronunciamiento, el ELN lanzó fuertes señalamientos contra la Fuerza Pública, acusando a la Policía Nacional y al Ejército de presuntamente actuar en favor del Frente 33, una disidencia de las antiguas Farc que opera en la zona, y de tolerar —según el grupo armado— sus acciones criminales en el Catatumbo.
Cabe recordar que las autoridades mantienen activa una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables de este secuestro y facilitar el rescate de los uniformados.
La situación vuelve a poner en evidencia la compleja crisis de seguridad que atraviesa el Catatumbo, donde la presencia de múltiples actores armados continúa afectando a la población civil y a la institucionalidad del Estado.
