Defensoría alerta por reclutamiento forzado en el Magdalena

Aunque el informe oficial registra únicamente tres casos en 2025, defensores de derechos humanos advierten que el subregistro sería significativo y que el número real de hechos de reclutamiento de menores en el Magdalena podría ser mucho mayor, con especial preocupación en municipios como Santa Marta, Ciénaga y la Zona Bananera.

Por: Arnol Sarmiento

La Defensoría del Pueblo presentó en las últimas horas su informe anual sobre los casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia, vinculados a la acción de grupos armados ilegales durante los años 2024 y 2025. El documento advierte una expansión preocupante de este delito hacia la región Caribe, donde los departamentos del Magdalena y La Guajira aparecen por primera vez en el mapa oficial de reportes durante 2025.

Según los registros del sistema de alertas de la entidad, en 2024 solo se reportó un caso de reclutamiento forzado en el departamento del Cesar, mientras que en Magdalena y La Guajira no se registraron hechos. Sin embargo, para 2025 el panorama cambió de manera significativa: el Cesar reportó siete casos, La Guajira dos y el Magdalena tres, lo que confirma una tendencia de crecimiento del fenómeno hacia el norte del país, con el Cesar manteniéndose como un territorio recurrentemente afectado.

El informe también evidencia cambios alarmantes en el perfil de las víctimas. En 2024, apenas el 6 % de los casos correspondía a población indígena, pero en 2025 esta cifra se elevó al 47 %, lo que revela una focalización desproporcionada de los grupos armados ilegales sobre comunidades étnicas. A esto se suma que el 62 % de los casos registrados en 2025 correspondería a niñas y adolescentes mujeres, un giro grave frente a patrones históricos que se concentraban mayoritariamente en varones adolescentes.

En cuanto a los presuntos responsables, el reporte señala que los grupos armados ilegales que disputan el control territorial aumentaron su participación en los casos, pasando del 42 % en 2024 al 47,1 % en 2025. De igual forma, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) duplicó su presencia en las estadísticas, al pasar del 5 % al 11,7 %, lo que refleja una intensificación de sus operaciones y del reclutamiento en zonas donde mantiene influencia.

No obstante, el informe despierta fuertes cuestionamientos en el caso del Magdalena. A pesar de que defensores de derechos humanos han denunciado de manera reiterada el reclutamiento de menores de edad en Santa Marta por parte de un grupo armado ilegal que ejerce control en la ciudad, estos hechos no aparecen reflejados en el documento. Más grave aún, la estructura armada señalada ni siquiera figura en el informe, lo que en la práctica la hace inexistente para la entidad. Mientras la Defensoría reporta apenas tres casos en el Magdalena durante el último año, la defensora de derechos humanos Norma Vera denunció públicamente que para julio de 2025 ya se conocían al menos 13 denuncias de casos de reclutamiento de menores en municipios como Ciénaga, Zona Bananera, Puebloviejo y Santa Marta, una cifra que contradice de forma directa el balance oficial.

La llegada del reclutamiento forzado a la Costa Caribe, el impactos crecientes sobre pueblos indígenas y el aumento de niñas víctimas configuran una triple alerta que exige acciones urgentes de prevención, protección y verificación en el territorio, especialmente en departamentos como el Magdalena, donde las denuncias locales superan con creces lo que reflejan los registros oficiales.