Connect with us

Departamento

Entre el fuego cruzado y el abandono estatal

Departamento

Cerca de 900 policías vigilarán las elecciones en el Magdalena

Departamento

Entre el fuego cruzado y el abandono estatal

Published

4 semanas ago

on

El recrudecimiento del conflicto armado en la zona rural de Ciénaga, Magdalena, volvió a golpear a la población civil. Al menos 205 habitantes de las veredas La Tigra, Cerro Azul y La Mojana, en el corregimiento de San Javier, fueron evacuados luego de intensos enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, combates que se desarrollaron en medio de comunidades habitadas.

La evacuación se realizó el pasado miércoles mediante helicópteros hacia el Centro de Atención a Víctimas del Conflicto Armado de Ciénaga. Nayler Reátiga, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cerro Azul, describió a Opinión Caribe los momentos de mayor tensión: “Hubo desmayos y horror cuando comenzaron los disparos. Las cascarillas de los fusiles caían dentro de las casas”.

Según el líder social, los enfrentamientos se produjeron en zonas pobladas:
“El Ejército atacó en medio de la población civil a un grupo armado ilegal, lo que provocó el desplazamiento de tres veredas completas, además de miedo y zozobra generalizada”, afirmó.

 

Atención humanitaria insuficiente

Una vez en la cabecera municipal, las comunidades desplazadas denunciaron graves deficiencias en la atención humanitaria, señalando directamente a la Alcaldía de Ciénaga por la falta de una respuesta integral.

“La Alcaldía solo nos ayudó con una alimentación muy básica. Cuando llegamos no teníamos dónde dormir, no había colchonetas, ni agua suficiente, ni atención básica. Estuvimos totalmente desamparados”, relató Reátiga.

El líder fue enfático en señalar que no se garantizó alojamiento digno, hidratación ni atención diferencial para mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, incumpliendo los protocolos mínimos para emergencias humanitarias.

Responsabilidades cruzadas

Mientras las víctimas esperaban soluciones, las instituciones involucradas se limitaron a trasladar responsabilidades, sin que ninguna asumiera plenamente la atención de la emergencia.

Óscar Valbuena, director de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena, explicó que el primer respondiente es el municipio, en este caso Ciénaga, a través de su plan de contingencia. Solo cuando este agota sus recursos se activa la complementariedad con la Gobernación y, posteriormente, la subsidiariedad a cargo de la Unidad para las Víctimas.

No obstante, aseguró que la entidad ha realizado seguimiento a la situación mediante los comités territoriales de justicia transicional, con base en la información reportada desde el territorio.

Desde la Gobernación del Magdalena, el alto consejero para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos, Luis Terán Puello, señaló que la administración departamental tuvo conocimiento de los hechos cuando las familias ya estaban desplazadas en Ciénaga.

“Nos enteramos el jueves, cuando ya se encontraban en la cabecera municipal”, indicó.

Pese a no recibir una solicitud formal por parte de la Alcaldía, aseguró que se brindó acompañamiento:
“Desplegamos personal del Hospital de San Cristóbal para atención en salud y apoyo psicosocial. Además, el ICBF atendió entre 30 y 35 niños”.

Revictimización, intoxicaciones y trato indigno

Las denuncias de las comunidades van más allá del desplazamiento forzado. Los afectados aseguran haber sufrido revictimización durante su estadía en Ciénaga.

“Algunas mujeres embarazadas durmieron en el piso, hubo poca hidratación y abandono institucional”, denunciaron.

También alertaron sobre alimentos en mal estado:
“Nos dieron espaguetis con carne molida y pan tajado dañados. Se intoxicaron 12 personas; nueve tuvieron que ser atendidas en el hospital”.

Reátiga afirmó que solo 36 personas recibieron alojamiento en hotel inicialmente y que la atención fue tardía y desigual:
“No fue una atención digna. Sentimos que vulneraron nuestros derechos, que nos despreciaron y rechazaron”.

Sobre estos hechos, Terán Puello indicó que las autoridades de salud adelantan investigaciones para determinar si se trató de una enfermedad transmitida por alimentos.

Duras críticas a la respuesta institucional

Desde la Plataforma de Atención de Derechos Humanos, su director, Lerber Dimas Vásquez, advirtió que las comunidades quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado.

“Estos combates con apoyo helicoportado generaron terror. Más de 250 personas huyeron dejando animales, cultivos y pertenencias”, señaló.

El defensor fue contundente al cuestionar la respuesta oficial:
“La Alcaldía de Ciénaga se ha portado muy mal. Hubo maltratos verbales por parte de funcionarios. Es bochornoso y una falta total de humanidad”.

Y agregó:
“No han recibido apoyo efectivo ni del Gobierno nacional, ni de la Alcaldía, ni de la Gobernación. Esto demuestra que el departamento no está preparado para enfrentar este tipo de crisis humanitarias”.

Retornos forzados y anuncio de consejo de seguridad

Ante la pérdida de sus medios de subsistencia, varias familias optaron por retornar a sus territorios pese a la inseguridad.

“El deseo de volver se debe a que allá están sus viviendas, cultivos y animales”, explicó Terán Puello.

Según el balance oficial, 100 personas regresaron a La Mojana, 80 a Cerro Azul y 25 a La Tigra.

Finalmente, la Gobernación anunció la convocatoria de un consejo de seguridad ministerial para el próximo 26 de febrero, con el fin de analizar y enfrentar la grave situación de violencia que persiste en estas zonas rurales del Magdalena.

Temas relacionados: