Tras reportaje de OPINIÓN CARIBE, radican denuncia ante la Fiscalía contra exgobernadores Caicedo y Martínez

La denuncia se apoya en los hallazgos del artículo periodístico y cuestiona la selección del contratista, el incremento de costos en kits pedagógicos y la falta de informes públicos verificables sobre los resultados. El caso también menciona antecedentes de escrutinio público contra la Fundación San José, entidad ejecutora de los programas.

Luego de la publicación del reportaje de la Unidad Investigativa de Opinión Caribe, titulado “¡El misterio de los $25.000 millones! Fundación de Educación Superior San José bajo la lupa por contratos de alfabetización en Magdalena”, fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación una solicitud formal de investigación en contra de los exgobernadores del Magdalena Carlos Caicedo Omar y Rafael Alejandro Martínez, así como de otros funcionarios y particulares por determinar. La denuncia fue radicada por el representante a la Cámara Hernando Guida Ponce.

El escrito pide investigar presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de los contratos PS-0672-2022 y CA-ESAL-008-2025, suscritos con la Fundación de Educación Superior San José para programas de alfabetización dirigidos a población vulnerable. En el documento se precisa que “la Fundación… ha sido contratada… por un valor total de $26.285.942.042 por orden de dos gobernadores (Carlos Caicedo en 2022 y Rafael Martínez en 2025)”, lo que ubica la denuncia en un contexto de continuidad administrativa y presupuestal.

La denuncia advierte que, pese a la magnitud del gasto, no existen evidencias públicas suficientes sobre los resultados del programa. El texto señala que “no se conocen informes rigurosos verificables que demuestren los resultados e impactos sociales”, lo que, según Guida Ponce, comprometería los principios de transparencia y eficiencia en la contratación estatal.

Uno de los ejes del escrito es la conexidad técnica entre los contratos. El análisis comparativo incorporado afirma que “no se trató de dos diseños pedagógicos distintos, sino de la reiteración de una misma matriz operativa, ajustada en escala, pero no en naturaleza ni en exigencia funcional”, lo que obliga a examinar si los valores pactados corresponden al alcance real del programa.

El proceso de selección del contratista también es objeto de cuestionamiento. La denuncia indica que “mientras la Universidad Cooperativa de Colombia ofertó $7.874 millones, la propuesta de la Fundación San José ascendió a $13.609 millones”, diferencia que supera los $5.700 millones y “exige verificar el respeto del principio de selección objetiva”.

Otro de los reparos tiene que ver con el componente financiero e incluye alertas sobre el exagerado costo de elementos pedagógicos. El texto advierte de manera puntual, que “el costo por kit aumentó nueve veces su valor (…) sin que los documentos describan ítems, cantidades o referencias de mercado que permitan reconstruir la formación del precio asignado”, hallazgo que podría tener implicaciones fiscales y penales.

Asimismo, se cuestionan los gastos en divulgación y socialización del programa. El documento precisa que “esta línea de gasto exige trazabilidad específica: contratos derivados, registros de emisión en medios, actas de eventos y listados de asistencia”, elementos necesarios para verificar la ejecución real de los recursos.

El escrito señala, además, que la Fundación de Educación Superior San José “ha sido objeto de cuestionamientos públicos relacionados con la presunta expedición de títulos académicos falsos”, antecedente que desde la perspectiva de Hernando Guida refuerza la necesidad de control riguroso sobre los recursos asignados.

Finalmente, el congresista solicita a la Fiscalía establecer la eventual responsabilidad penal de los funcionarios que intervinieron en las fases precontractual, contractual y de supervisión, así como del contratista en calidad de particular que ejerce funciones públicas. Puntualmente, el documento pide evaluar posibles conductas como celebración indebida de contratos, interés indebido en la contratación y peculado por apropiación.