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Tribunal admite demanda por riesgo de erosión que amenaza a zona rural de Salamina
La acción popular busca obligar a varias entidades del Estado a ejecutar obras urgentes y un plan integral de mitigación ante el riesgo inminente que enfrentan las comunidades ribereñas.
Por: Arnol Sarmiento
El Tribunal Administrativo del Magdalena admitió una acción popular que advierte sobre el riesgo inminente que enfrenta el corregimiento de Guáimaro, en el municipio de Salamina, debido a la erosión fluvial del río Magdalena y a las fallas estructurales en el terraplén que protege a la población.
La decisión judicial fue adoptada mediante auto interlocutorio del 3 de marzo de 2026, con ponencia de la magistrada María Victoria Quiñones Triana, quien determinó que existen elementos suficientes para considerar que la situación podría derivar en un perjuicio irremediable para los derechos colectivos de la comunidad.
La demanda fue presentada por el ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro bajo el mecanismo de acción popular, con el propósito de proteger derechos colectivos como el goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas, la prevención de desastres previsibles y la ejecución adecuada de obras públicas destinadas a evitar riesgos para la población.
Según los argumentos expuestos en el proceso, la erosión del río continúa activa y sin una solución definitiva, mientras que el jarillón que protege al corregimiento presenta fallas estructurales que ponen en peligro real a los habitantes de Guáimaro. Esta situación se agrava ante el inicio de la temporada de lluvias en la región Caribe, que podría incrementar el caudal del río y acelerar el deterioro del terreno ribereño.
Las entidades demandadas
La acción judicial fue presentada contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidades a las que se les solicita diseñar y ejecutar un plan integral de gestión del riesgo que incluya cronograma, financiación, responsables institucionales y mecanismos de seguimiento.
Entre las pretensiones de la demanda también se incluye la ejecución inmediata de obras hidráulicas y de protección ribereña técnicamente idóneas, así como la realización de estudios técnicos, ambientales y geotécnicos que permitan establecer el nivel real de riesgo para la población y definir las intervenciones necesarias.
Más entidades vinculadas al proceso
En la providencia, el Tribunal ordenó vincular al proceso a varias instituciones que podrían tener responsabilidad o competencia en la gestión del riesgo y en la ejecución de obras públicas. Entre ellas figuran el municipio de Salamina, la Gobernación del Magdalena, el Instituto Nacional de Vías (Invías), los ministerios de Transporte y de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la empresa Consultorías y Construcción S.A.S.
Estas entidades deberán responder a la demanda dentro de los términos establecidos por la Ley 472 de 1998, que regula las acciones populares en Colombia.
Riesgo territorial y control institucional
El tribunal también ordenó informar a la comunidad sobre la existencia del proceso judicial a través de medios masivos de comunicación, con el fin de garantizar la participación ciudadana en la defensa de los derechos colectivos afectados.
El proceso abre un nuevo escenario de control institucional frente a la erosión del río Magdalena en esta zona del departamento, un fenómeno que durante años ha provocado pérdida de tierras, desplazamiento de comunidades y presión sobre las autoridades encargadas de ejecutar obras de mitigación.
La discusión judicial ahora se centrará en establecer si las entidades demandadas han incumplido su deber de prevención frente al riesgo advertido por la comunidad y si existen medidas urgentes que deban adoptarse para evitar una eventual emergencia en Guáimaro.
