El cambio se vistió de Manzur

Corrupción, memoria corta y la aritmética real del poder en Colombia.

Por: Victor Rodriguez Fajardo

En la política colombiana la memoria suele ser corta, pero los apellidos son eternos. Los gobiernos cambian, los discursos se renuevan y cada ciclo electoral promete una ruptura con el pasado. Sin embargo, la historia política del país demuestra una constante incómoda: las estructuras de poder rara vez desaparecen. Simplemente se adaptan.

La reciente captura del senador Wadith Manzur vuelve a poner esa realidad frente al espejo de la democracia colombiana. El apellido Manzur no es cualquier nombre dentro del mapa político del Caribe. Su padre, el exsenador Julio Manzur Abdala, terminó condenado por sus vínculos con estructuras paramilitares en uno de los capítulos más oscuros de la relación entre política y violencia en Colombia.

Durante años el país creyó que esa etapa había quedado atrás. Que la parapolítica había sido desmontada. Que los pactos entre poder político y estructuras armadas pertenecían al pasado. Pero la política colombiana tiene una particularidad: los apellidos sobreviven incluso cuando los discursos cambian. Y hoy el país vuelve a encontrarse con ese espejo incómodo.

EL ESCÁNDALO QUE NACIÓ DENTRO DEL GOBIERNO

El caso Manzur no puede analizarse aislado del mayor escándalo de corrupción que enfrenta actualmente el gobierno de Gustavo Petro. La investigación gira alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de administrar recursos públicos destinados a atender emergencias y desastres naturales.

Según las investigaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, parte de esos recursos habrían sido desviados dentro de un esquema de contratación irregular y presuntos pagos a congresistas para asegurar respaldo legislativo al gobierno.

El escándalo comenzó a destaparse cuando el entonces director de la entidad, Olmedo López, empezó a entregar declaraciones ante las autoridades describiendo el funcionamiento de un presunto entramado de corrupción. Junto a él aparece Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, también investigado por su participación en contratos y pagos irregulares.

Las declaraciones de ambos ampliaron el alcance político del caso. En sus testimonios ante la justicia fueron mencionados altos funcionarios del gobierno que, según sus versiones, habrían tenido conocimiento o participación en las gestiones políticas con congresistas. Entre los nombres señalados aparece el del entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien ha negado cualquier responsabilidad y cuya situación continúa siendo objeto de investigación. También ha sido mencionado Carlos Ramón González, quien dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), uno de los cargos más cercanos al despacho presidencial. Hoy su nombre aparece dentro del expediente del caso y las autoridades avanzan en su localización tras conocerse que se encuentra fuera del país.

La justicia será la encargada de determinar responsabilidades individuales. Pero políticamente el daño ya está hecho. Porque el proyecto político que llegó al poder prometiendo desmontar las viejas prácticas de la política colombiana hoy enfrenta un escándalo que revive precisamente esas mismas prácticas.

EL PRIMER CONTROL DEL PODER: EL PERIODISMO

En medio de esta tormenta política conviene recordar algo que suele olvidarse. Los grandes escándalos de corrupción en Colombia no comienzan en los despachos judiciales. Comienzan en el periodismo.

Antes de que la Fiscalía, la Corte Suprema o cualquier ente de control abra un expediente, alguien tuvo que hacer la primera pregunta incómoda. Alguien tuvo que revisar contratos, seguir transferencias y contrastar testimonios. Ese alguien suele ser un periodista. Las primeras alertas sobre irregularidades en la contratación de la UNGRD surgieron precisamente a partir de investigaciones periodísticas que comenzaron a revelar inconsistencias en el manejo de los recursos públicos.

Solo después de esas revelaciones los organismos de control asumieron el caso y las investigaciones judiciales comenzaron a avanzar. Ese orden no es casual. Es estructural. En cualquier democracia funcional, el periodismo cumple una función que ninguna institución del Estado puede reemplazar: ser el primer sistema de alerta frente al abuso del poder.

EL OTRO ESPEJO: EL ELECTOR

Pero hay un elemento aún más incómodo en esta historia. Uno que rara vez se discute en la política colombiana.

Los políticos pueden traicionar. Pero los electores también se traicionan a sí mismos. Manzur no llegó al Senado por accidente. Fue elegido con una de las votaciones más altas del país. Ese dato desmonta una narrativa cómoda que suele repetirse cada vez que estalla un escándalo político: que todo es culpa de las maquinarias. Las maquinarias existen. Pero las maquinarias también se alimentan de votos. Y cuando apellidos asociados a la parapolítica regresan al Senado con votaciones masivas, la pregunta ya no es únicamente qué hacen los políticos. La pregunta es qué estamos haciendo como sociedad electoral.

LA ARITMÉTICA DEL PODER

Cómo se compran mayorías en el Congreso. La democracia colombiana suele presentarse como un sistema de debates ideológicos entre gobierno y oposición. Pero en la práctica el poder legislativo funciona muchas veces bajo una lógica mucho más simple: la aritmética del poder.

Los gobiernos necesitan mayorías. Y esas mayorías se construyen con votos en el Congreso. La historia política del país ha demostrado que esas mayorías no siempre se construyen con argumentos o proyectos de país. Muchas veces se construyen con burocracia, contratos, presupuestos regionales y cargos en el Estado.

El escándalo de la UNGRD vuelve a poner en evidencia ese mecanismo. Según las investigaciones, recursos públicos destinados a atender emergencias habrían terminado utilizados como herramienta para consolidar apoyos políticos dentro del Congreso. Si esas acusaciones se confirman, estaríamos frente a una de las formas más crudas de la política clientelar: usar dinero destinado a los más vulnerables para comprar gobernabilidad. Ese sería el verdadero significado de la aritmética del poder. No una discusión de ideas. Sino una contabilidad política donde cada voto tiene un precio.

EL TRAJE DEL CAMBIO

La justicia tendrá la última palabra sobre cada uno de los implicados. Pero la discusión política ya está abierta. Porque lo que está en juego no es únicamente el futuro judicial de algunos funcionarios o congresistas. Lo que está en juego es la credibilidad del relato político que prometió transformar las reglas del poder en Colombia.

El caso Manzur, el escándalo de la UNGRD y las investigaciones que hoy avanzan en la justicia terminan revelando una paradoja incómoda: el cambio prometido por la política colombiana sigue dependiendo de las mismas estructuras que durante décadas han definido el poder en el país. Porque al final, en Colombia, el poder rara vez desaparece. Solo cambia de traje. Y a veces, como hoy, el traje del “cambio” termina vistiéndose con los mismos apellidos de siempre.