Metrópolis
Personería activa atención institucional a indígenas víctimas de violencia en la Sierra Nevada
La Personería Distrital de Santa Marta activó la ruta de atención para víctimas tras los recientes hechos de violencia registrados en la Sierra Nevada de Santa Marta, que afectaron a familias indígenas pertenecientes a la comunidad Seránkua del pueblo Arhuaco.
De acuerdo con la información recopilada por la entidad, el pasado 10 de marzo de 2026 se presentó un atentado contra integrantes de esta comunidad en zona rural de Aracataca, en el departamento del Magdalena, en medio de enfrentamientos armados entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, estructuras ilegales que mantienen presencia en la zona.
Ante la gravedad de la situación, la Personería Distrital inició el proceso de toma de declaraciones a las víctimas, garantizando el acompañamiento de un traductor para que los afectados puedan relatar los hechos en su lengua materna y acceder plenamente a los mecanismos de protección contemplados por la Constitución y la ley.
Hasta el momento, la entidad ha brindado atención a seis núcleos familiares, integrados por 13 personas, quienes están siendo orientados para activar formalmente la ruta de atención a víctimas del conflicto armado y acceder a las medidas de asistencia humanitaria, protección y reparación que otorga el Estado colombiano.
El acompañamiento institucional se desarrolla de manera articulada con la Unidad para las Víctimas, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Alcaldía de Santa Marta, entidades que trabajan de forma coordinada para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las familias afectadas y evitar nuevos hechos de victimización.
La Personería Distrital reiteró que continuará ejerciendo su función constitucional de vigilancia, defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente en territorios donde persisten riesgos para las comunidades indígenas y campesinas, con el propósito de asegurar que las víctimas reciban atención integral, oportuna y con enfoque diferencial por parte del Estado.
