GARANTÍAS PARA PETRO, INTIMIDAD PARA NADIE

Por Víctor Rodríguez Fajardo — El Man del Sombrero

En Colombia, las garantías constitucionales se parecen a los chalecos salvavidas de ciertas lanchas: están colgados, tienen sello y salen bonitos en la fotografía. El problema aparece cuando alguien realmente cae al agua.

Angie Rodríguez cayó.

Y quien debía protegerla decidió mostrar ante millones de personas por qué había visitado al psiquiatra.

Gustavo Petro no respondió sus denuncias con cifras, actas o explicaciones presupuestales. Eligió un camino más barato: la llamó “gran manipuladora”, publicó un oficio que informaba sobre una incapacidad derivada de una valoración psiquiátrica, puso en duda su recuperación y pidió declararla insubsistente por incompetente.

Una delicadeza presidencial.

Angie puede estar equivocada, haber administrado mal o manipulado. Puede ser investigada, contradicha y removida. Lo inadmisible es que una incapacidad psiquiátrica sea exhibida por el jefe del Estado como prueba de deshonestidad, desequilibrio o incapacidad moral.

Ir al psiquiatra no convierte a nadie en mentiroso.
Una incapacidad médica tampoco es una confesión política.

Conviene poner cada tornillo en su sitio antes de que la denuncia se caiga por las patas. El documento publicado no era, según lo conocido, una historia clínica completa, sino un oficio administrativo que mencionaba una incapacidad y su origen psiquiátrico. Por eso no puede afirmarse, sin pruebas, que Petro hubiera ingresado ilegalmente a la historia clínica de Angie. Tampoco sabemos quién le entregó el oficio, por qué conducto llegó ni qué autorizaciones existían.

Pero esa precisión no limpia la conducta.

Una autoridad puede conocer una incapacidad por razones laborales. Otra cosa es convertir ese dato médico en contenido político para desacreditar a quien denuncia al Gobierno. Tener acceso funcional a información sensible no concede licencia para usarla como garrote.

¿Quién entregó el documento? ¿Era necesario divulgar el motivo psiquiátrico? ¿Existía autorización? ¿O se publicó porque servía para reducir a la denunciante a la condición de “paciente”?

El Estado debe responder. Y no con otro trino.

El daño no termina en Angie. Cuando el Presidente utiliza la salud mental como descalificación, el mensaje que llega a la calle es brutal: consultar al psiquiatra puede convertirse mañana en expediente político. Después preguntan por qué la gente oculta la depresión o la ansiedad. Tal vez porque el poder aprendió a usar la consulta médica como insulto.

Eso no es un error de comunicación.
Es una política de intimidación con bata blanca.

Y entonces aparecen las famosas garantías.

Siete días antes, el Capitolio había celebrado una ceremonia alrededor de esa palabra. El Pacto Histórico respaldó políticamente la elección de Honorio Henríquez, candidato del Centro Democrático, como presidente del Senado. La votación fue secreta, así que nadie puede atribuir cada tarjetón, pero la convergencia política fue pública.

“Garantías para todos”, prometieron.
Sonó precioso.

En el Congreso siempre suena precioso aquello que todavía no ha tenido que demostrarse.

Aquí también toca ser exactos. Honorio no dirige la Comisión de Investigación y Acusación —esa pertenece a la Cámara—, ni puede archivar personalmente una denuncia contra Petro. No existe prueba pública de un pacto explícito de impunidad. No hay acta, no hay audio, no hay cláusula secreta conocida.

Pero la ausencia de acta no obliga a hacerse el ciego.

La nueva Comisión tiene diecisiete integrantes: el Pacto Histórico obtuvo cinco puestos y el Centro Democrático tres. Juntos suman una fuerza considerable. La Cámara investiga y, si encuentra mérito, acusa ante el Senado. Su presidente no decide solo, pero tampoco ocupa una silla decorativa. Y cuando los mismos partidos que coinciden en intereses comparten también la Comisión, cada ponencia, cada impedimento, cada aplazamiento y cada archivo merece lupa ciudadana. No porque haya prueba de conspiración, sino porque la historia colombiana ha demostrado que los pactos que no constan en papel son los que mejor se cumplen.

Eso no prueba impunidad pactada.
Prueba que la sospecha tiene dirección y merece seguimiento.

La paradoja es la que parte el texto en dos.

Angie tenía la garantía escrita: dignidad, intimidad, protección de datos sensibles. En la práctica, el Presidente convirtió su salud mental en munición y la disparó desde su cuenta. La garantía estaba en el papel. El dato estaba en la red.

Petro tendrá la garantía escrita: defensa, presunción de inocencia, juez competente. La pregunta —la única que importa ahora— es si recibirá además la garantía no escrita: una arquitectura política construida para que las denuncias entren al Congreso, den vueltas con dignidad institucional y salgan sin consecuencias.

Eso es lo que hay que vigilar. No el discurso del 20 de julio. No la foto de los presidentes del Congreso. Lo que hay que vigilar es lo que ocurre después, cuando las cámaras se apagan y los expedientes quedan solos con sus ponentes.

Debido proceso no es esconder expedientes.
Garantía no es inmunidad.
Fuero no es búnker.

Una democracia empieza a pudrirse en silencio, sin anuncio ni ceremonia, cuando el poderoso llama “paciente” a quien lo denuncia y llama “garantía” al mecanismo que puede evitarle responder.

A Angie le publicaron el dato.
A Petro podrían archivársele las consecuencias.

Cuando la Constitución protege en el papel pero los favores deciden quién responde y quién no, eso ya no es un Estado de Derecho.

Es un club de compadres con bandera, reglamento y Comisión de Absoluciones.