Y aun así, La Guajira votó por Wadith Manzur.

Hay historias que indignan por lo que ocurrió, y hay otras que indignan todavía más por lo que ocurre después.

La historia de Wadith Manzur tiene algo de las primeras, pero pertenece, sobre todo, a las segundas.

Un político de 36 años, hoy de 39, llegó a las elecciones del 8 de marzo de 2026 con un proceso judicial que ya hacía parte de la conversación pública nacional y era de conocimiento para todo el país.

Tres días después de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura y lo acusó, junto con otros congresistas, por el delito de cohecho impropio.

Según la Corte, la investigación se refiere a una presunta negociación alrededor de la función de los congresistas en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio del impulso de proyectos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que beneficiaria económicamente a un grupo de congresistas, entre esos Wadith Manzur.

Manzur niega las acusaciones y el proceso todavía debe resolverse judicialmente, pero hay un dato que, para mí, merece una discusión mucho más profunda que el expediente judicial:

Los votos.

Porque mientras el país hablaba del escándalo de la UNGRD, mientras aparecían investigaciones, chats, contratos y testimonios, Wadith Manzur no perdió políticamente, Ganó: obtuvo 134.914 votos para el Senado.

Y aquí aparece la parte que resulta difícil de ignorar: una porción extraordinariamente importante de esos votos vino de La Guajira, Manzur consiguió allí 14.182 votos.

Pero detengámonos en uno de esos números, 6.326 votos en Uribia, sí, 6.326 personas votaron por él en ese municipio.

El resultado no fue marginal: representó el 50,92 % de los votos obtenidos por el Partido Conservador en Uribia.

Fue, además, el candidato al Senado más votado en ese municipio dentro de la circunscripción nacional.

En Hatonuevo obtuvo otros 1.585 votos, equivalentes al 58,47 % de la votación conservadora local.

Y entonces aparece una pregunta que no debería responderse con explicaciones fáciles:

¿Cómo se explica lo anterior?

Porque La Guajira no es un territorio cualquiera dentro de esta historia, es precisamente el departamento que quedó convertido en símbolo nacional de las necesidades que justificaron buena parte de la actuación de la UNGRD: agua, hambre, niños, comunidades indígenas, necesidades básicas que en Colombia hemos aprendido a convertir, demasiadas veces, en cifras de informes y titulares de prensa.

Y mientras discutíamos sobre los recursos públicos destinados a atender esas necesidades, un político relacionado judicialmente con el escándalo obtenía una votación extraordinaria en uno de los territorios más vulnerables del país.

Aquí hay que hacer una precisión fundamental, no estoy diciendo que quienes votaron por Wadith Manzur hayan votado por la corrupción, tampoco estoy diciendo que esos ciudadanos conocieran, compartieran o aprobaran las acusaciones que hoy enfrenta, y mucho menos corresponde convertir a los electores de La Guajira en responsables de los actos que investiga la justicia.

La pregunta es otra:

¿Qué condiciones políticas hacen posible que una controversia de esta magnitud no destruya electoralmente a un dirigente y, por el contrario, pueda coexistir con una votación tan poderosa?

Esa pregunta nos obliga a mirar más allá de Wadith Manzur, porque quizás el problema no sea solamente el político que termina en una cárcel, quizás también debamos mirar el sistema que permitió que llegara hasta allí.

El político no aparece de la nada, hay estructuras electorales, hay alianzas, hay líderes locales, hay contratistas, hay relaciones territoriales, hay necesidades que generan dependencia, hay electores que esperan gestión, hay municipios donde conseguir una obra puede ser más importante que discutir una investigación judicial.

Hay territorios donde el Estado aparece de manera intermitente y donde un congresista que “consigue recursos” puede construir una relación política mucho más fuerte que cualquier discurso sobre desarrollo o transparencia.

Y ahí es donde la historia deja de ser solamente la historia de Wadith Manzur, y se convierte en una historia sobre Colombia, porque hemos construido una política en la que muchas veces confundimos representación con intermediación.

El congresista deja de ser visto como quien legisla, controla políticamente y representa intereses colectivos, para convertirse en quien consigue el contrato, la obra, el proyecto, el convenio o el recurso para determinado territorio.

Y cuando esa lógica se vuelve normal, la política puede terminar funcionando con una pregunta muy distinta a la que debería hacerse:

No “¿qué está haciendo este político con el poder que le entregamos?”, sino: “¿Qué puede conseguirme?”, ese cambio parece pequeño.

No lo es.

Porque cuando el ciudadano empieza a valorar al político principalmente por su capacidad de conseguir una ayuda, cualquiera que sea, la frontera entre representación política, gestión territorial y clientelismo comienza a hacerse peligrosamente difusa.

Y entonces aparecen casos como el de la UNGRD.

Pero la sociedad tiene otra responsabilidad, plantear una discusión es mucho más incómoda:

¿Qué hemos construido como sociedad para que un político pueda estar bajo semejante tormenta judicial y, aun así, conservar una maquinaria electoral capaz de llevarlo hasta el Senado?

Tal vez el escándalo de Wadith Manzur no solamente nos habla de corrupción, tal vez también nos habla de pobreza, de dependencia, de clientelismo, de instituciones débiles, de necesidades insatisfechas.

De cómo se distribuye el poder en los territorios, y sobre todo, de una democracia en la que ganar elecciones no necesariamente significa que hayamos aprendido a controlar el poder.

Porque esa es quizás la pregunta que más debería incomodarnos:

Si los recursos destinados a atender las necesidades de los más pobres pueden terminar convertidos en moneda de negociación política, ¿qué estamos haciendo mal como Estado?

Y todavía queda otra pregunta, una mucho más difícil:

¿Por qué, después de todo esto, seguimos votando igual?

Por: Michel Baldovino Lopez
Abogado administrativista
Magister en ciencia política y gobierno
Consultor en políticas públicas.