Unidad Investigativa
Rafael Martínez: una década de investigaciones
Rafael Martínez, junto al proyecto político de Fuerza Ciudadana, consolidó el poder en Santa Marta y el Magdalena bajo un discurso de transformación y lucha contra las viejas prácticas políticas. Hoy, ese mismo proyecto enfrenta un creciente desgaste político y judicial, marcado por investigaciones por contratación pública, presuntos sobrecostos, convenios cuestionados y decisiones electorales que mantienen al exgobernador cercado por expedientes en los principales organismos de control del país.
Por: Opinión Caribe
Durante años, Rafael Alejandro Martínez y Fuerza Ciudadana han sostenido que las críticas contra su administración responden a una persecución política y mediática. Sin embargo, el acumulado de procesos judiciales, disciplinarios y electorales se ha convertido en uno de los mayores pasivos del movimiento que gobernó Santa Marta y el Magdalena durante la última década.
Desde 2016, Martínez enfrenta investigaciones relacionadas con contratación pública, presuntos sobrecostos, adiciones contractuales, convenios suscritos en periodos restringidos y posibles irregularidades administrativas. Estos expedientes permanecen activos en la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
El volumen de actuaciones ya no apunta a hechos aislados, sino a un patrón reiterado alrededor de obras públicas presentadas como símbolos de transformación, pero hoy bajo revisión por presuntas irregularidades en contratación, ejecución y manejo de recursos.
Uno de los casos más sensibles es la remodelación de cinco centros de salud, adjudicada mediante los contratos 004 de 2015 y 007 de 2016. La Fiscalía investiga posibles delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales y apropiación de recursos públicos. El proceso ha tenido capturas, medidas de aseguramiento y audiencias anuladas antes de llegar a juicio.
A este expediente se suma la Megabiblioteca de Santa Marta, obra cuyo costo superó los 52 mil millones de pesos. Presentada como un proyecto estratégico de modernización urbana, terminó convertida en investigación penal y disciplinaria por presuntas irregularidades contractuales y posibles sobrecostos. Mientras la Fiscalía mantiene vigente la acusación, la Procuraduría adelanta juicio disciplinario contra Martínez y otros implicados.
Procesos judiciales y administrativos contra Rafael Alejandro Martínez
(Exalcalde de Santa Marta 2016-2019 y exgobernador del Magdalena 2024-2025)
Cronología resumida de expedientes
| Año-inicio | Jurisdicción / Órgano | Obra / Hecho investigado | Tipo de proceso | Situación más reciente |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Fiscalía | Remodelación de 5 centros de salud (contratos 004-2015 y 007-2016) | Penal: contrato sin requisitos y peculado | Audiencia de imputación anulada en 2018; en 2019 se dictó detención domiciliaria; proceso continúa en fase de juicio |
| 2018 | Fiscalía | Construcción Megabiblioteca – fase I | Penal: contrato sin requisitos, peculado | Fiscal pidió medida de aseguramiento; investigación sigue activa |
| 2020 | Fiscalía – Extinción de dominio | 11 bienes presuntamente adquiridos con rentas ilícitas (Centros de salud y Megabiblioteca) | Acción de extinción de dominio | Bienes avaluados en $766 millones; trámite ante jueces de extinción |
| 2021 | Procuraduría | Adecuación de 15 parques barriales | Disciplinario | Pliego de cargos por adición que superó el 50 % del valor inicial (falta grave a título de culpa gravísima) |
| 2022 | Procuraduría | Megabiblioteca – fase I | Disciplinario | Juicio disciplinario abierto |
| 2023 | Procuraduría | Parque del Agua | Disciplinario | Pliego de cargos por sobrecostos (obra pasó de $8.400 a $16.884 millones) y siete prórrogas |
| 2024 | Procuraduría / Corte Suprema | Convenios con Fundec en pleno | Disciplinario y denuncia penal | Pliego de cargos; denuncia penal |
| 2025 | Consejo de Estado | Nulidad de la elección como gobernador (2023) | Contencioso-electoral + proceso sancionatorio por recursos «impertinentes» | Sanción en curso que podría implicar multa de hasta 10 SMMLV por abuso procesal |
| 2026 | Fiscalía (seguimiento) | Tres investigaciones acumuladas (Megabiblioteca, Coliseo Gaira, Centro Integral) | Penal | Fiscalía reporta que presentó escritos de acusación contra el gobernador por irregularidades de cuando era alcalde |
Las investigaciones también abarcan proyectos como el Coliseo de Gaira y el Centro Integral de Atención, además de un proceso de extinción de dominio sobre once bienes avaluados en cerca de 766 millones de pesos, presuntamente vinculados a rentas ilícitas derivadas de contratos de infraestructura.
Los organismos de control han cuestionado además un modelo de contratación marcado por adiciones presupuestales y modificaciones contractuales. En el caso de los 15 parques barriales, la Procuraduría señaló que el contrato pasó de 7.923 millones a 13.476 millones de pesos, superando presuntamente el límite legal permitido del 50%.
Un patrón similar aparece en el Parque del Agua, inicialmente proyectado en 8.400 millones de pesos y que terminó cercano a los 16.884 millones tras varias modificaciones y siete prórrogas. Para la Procuraduría, estas presuntas irregularidades podrían constituir faltas graves y gravísimas.
A ello se suman los convenios celebrados con Fundec durante el periodo electoral de 2019, presuntamente suscritos en medio de las restricciones de la Ley de Garantías. El caso derivó en pliego de cargos disciplinarios y en una denuncia penal admitida por la Corte Suprema por presunto tráfico de influencias, peculado e interés indebido en la celebración de contratos.
El golpe político más fuerte llegó el 8 de mayo de 2025, cuando el Consejo de Estado anuló la elección de Martínez como gobernador del Magdalena por doble militancia en la campaña de 2023. La Sección Quinta concluyó que respaldó públicamente a candidatas del Partido de La U pese a haber sido avalado por Fuerza Ciudadana. Luego, el tribunal rechazó los recursos de nulidad, aclaración y adición presentados por su defensa.
Aunque hasta el momento no existe una condena penal, hallazgo fiscal o sanción disciplinaria definitiva contra Rafael Martínez, el cúmulo de investigaciones y procesos abiertos refleja el creciente desgaste político e institucional del proyecto regional liderado por Fuerza Ciudadana.
La discusión ya no se limita a la narrativa de persecución política. El debate se centra ahora en cómo un movimiento que llegó al poder prometiendo transformación y lucha contra las viejas prácticas terminó cercado por investigaciones sobre contratación pública, manejo de recursos oficiales y actuaciones electorales.
Mientras los procesos avanzan, el futuro jurídico y político de Rafael Martínez sigue ligado al desenlace de expedientes que podrían redefinir su carrera pública y la legitimidad del movimiento que gobernó Santa Marta y el Magdalena durante casi una década.
