La JEP destapa nuevos crímenes en el Magdalena mientras persisten las heridas del conflicto y el control armado

La Jurisdicción Especial para la Paz verificó en Santa Marta medidas de reparación construidas entre víctimas y militares vinculados a falsos positivos. El proceso permitió reconocer al menos 18 hechos que nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria en un departamento marcado por más de 3.500 desaparecidos, la herencia del paramilitarismo y la persistencia de estructuras armadas ilegales.

Por: Arnol Sarmiento

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a poner al Magdalena frente a una de las etapas más oscuras de su historia reciente. En Santa Marta, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas realizó una audiencia de verificación de medidas de reparación dentro del proceso restaurativo que involucra a integrantes del Batallón de Infantería Mecanizado No. 5 ‘José María Córdova’ y del Gaula Magdalena, señalados de participar en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate.

La diligencia judicial se desarrolló como parte del proceso de acompañamiento a comparecientes de la fuerza pública vinculados a crímenes ocurridos en la Costa Caribe, en un escenario donde la búsqueda de verdad sigue chocando con décadas de silencio institucional, subregistro judicial y miedo territorial.

El proceso hace parte del programa de acompañamiento impulsado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), orientado a garantizar que los comparecientes cuenten con condiciones logísticas y operativas para acudir ante la JEP dentro del componente no sancionatorio.

Sin embargo, más allá de la formalidad judicial, la audiencia dejó en evidencia que el Magdalena continúa enfrentando consecuencias profundas derivadas de la violencia armada, la captura institucional y las alianzas ilegales que durante años moldearon el poder político y territorial del departamento.

Nuevos hechos que nunca habían sido investigados

Uno de los elementos más delicados revelados durante la audiencia fue el reconocimiento de al menos 18 hechos relacionados con asesinatos falsamente presentados como bajas en combate que, según la propia Jurisdicción, nunca habían sido reconocidos por integrantes de la fuerza pública ni investigados en la justicia ordinaria.

El dato expone nuevamente los vacíos estructurales que durante años rodearon las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales en el Caribe colombiano y evidencia las dificultades históricas del aparato judicial para documentar plenamente la dimensión de estos crímenes.

Durante el proceso restaurativo también fueron incorporados 17 nuevos comparecientes de la fuerza pública, ampliando el universo de militares vinculados a ejercicios de reconocimiento, diálogo y construcción de verdad con las víctimas.

Actualmente, cerca de 90 comparecientes participan en el proceso ante la JEP: 67 pertenecientes al Batallón ‘José María Córdova’ y 23 al Gaula Magdalena.

La magistrada Claudia Saldaña Montoya aseguró que el escenario restaurativo ha sido construido desde la escucha y la participación conjunta entre víctimas y comparecientes.

“El día de hoy nos reúne un espacio muy significativo dentro del camino restaurativo que se ha venido construyendo entre las víctimas de las unidades militares del Batallón de Infantería ‘José María Córdova’ y el Gaula Magdalena, y los comparecientes que participan en este proceso”, señaló la togada durante la audiencia.

La magistrada explicó que la ruta inició desde septiembre de 2025 mediante encuentros separados con víctimas y comparecientes, además de espacios dialógicos conjuntos orientados a construir medidas de reparación.

Magdalena: un territorio atravesado por desapariciones y violencia sistemática

El avance de este proceso judicial ocurre en un departamento donde las cifras de desaparición forzada continúan reflejando el impacto estructural del conflicto armado.

De acuerdo con datos oficiales de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), en el Magdalena existen al menos 3.507 personas desaparecidas en hechos asociados al conflicto, una cifra que convierte al territorio en uno de los escenarios más golpeados por las dinámicas de violencia en la región Caribe.

Detrás de esos números persisten familias que aún buscan respuestas y una deuda histórica del Estado frente al esclarecimiento de miles de casos ocurridos en medio de operaciones militares, confrontaciones armadas y acciones paramilitares.

La dimensión del fenómeno también obliga a observar el contexto político y territorial que permitió durante años la expansión de estructuras ilegales en el departamento.

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La sombra del paramilitarismo sobre el poder regional

Entre finales de los años 90s y mediados de la década del 2000, el Magdalena vivió una profunda infiltración del paramilitarismo en distintas esferas del aparato estatal y político regional.

La Sierra Nevada de Santa Marta y buena parte de la zona rural del Distrito quedaron históricamente bajo el dominio de Hernán Giraldo, mientras municipios de la zona centro y la ribera del río Magdalena fueron ocupados por el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por alias ‘Jorge 40’.

La expansión de estas estructuras no solo tuvo una dimensión armada. También derivó en mecanismos de control político, económico y administrativo que terminaron permeando alcaldías, hospitales, contratación pública y procesos electorales.

El denominado “Pacto de Chivolo” terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más representativos de esa captura institucional que posteriormente detonó múltiples investigaciones por parapolítica.

La violencia también golpeó el tejido social y académico del departamento. Organizaciones campesinas, sindicatos, líderes sociales y espacios como la Universidad del Magdalena fueron objeto de persecución, intimidación y silenciamiento sistemático.

Las nuevas guerras que siguen frenando al Magdalena

Aunque las AUC se desmovilizaron formalmente en 2006, las estructuras criminales mutaron hacia nuevas organizaciones armadas y redes multicrimen que hoy continúan disputándose corredores estratégicos del departamento.

Actualmente, distintas zonas rurales del Magdalena siguen bajo presión de Grupos Armados Organizados (GAO), situación que mantiene activas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, desplazamientos silenciosos y confinamientos de comunidades campesinas.

La persistencia de estas estructuras también se refleja en el impacto económico e institucional sobre el territorio.

La presión extorsiva contra empresas contratistas y operadores de proyectos públicos se ha convertido en una variable de riesgo permanente para la ejecución de obras de infraestructura, acueductos y proyectos de saneamiento básico.

En muchos casos, el asedio de actores armados termina traduciéndose en retrasos, incremento de costos operativos, suspensión de contratos o abandono de proyectos públicos que quedan sin ejecución efectiva.

Ese escenario obliga a las administraciones municipales y departamentales a intentar ejecutar recursos públicos y responder a las demandas ciudadanas en medio de un contexto de inseguridad persistente y disputas ilegales por el control territorial.

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Verdad, reparación y las deudas pendientes del Estado

La audiencia adelantada por la JEP en Santa Marta no solo representa un avance dentro del modelo restaurativo impulsado por la Jurisdicción. También revive preguntas de fondo sobre el alcance real de la verdad judicial en una región donde durante años convergieron violencia armada, impunidad, captura institucional y control político ilegal.

El reconocimiento de nuevos hechos no investigados deja en evidencia que aún existen zonas grises dentro de la memoria judicial del conflicto en el Magdalena, mientras miles de familias continúan esperando respuestas sobre desapariciones, asesinatos y responsabilidades que durante décadas permanecieron ocultas.

En un departamento donde la violencia no solo dejó víctimas, sino también profundas fracturas institucionales, el reto sigue siendo determinar hasta dónde llegará el esclarecimiento de la verdad y si los procesos restaurativos lograrán traducirse en garantías reales de no repetición para los territorios históricamente golpeados por la guerra.

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