La palabra de los muertos

Por: Augusta Moreno Quant

Hace poco me encontré con una columna cuyo título llamó poderosamente mi atención, porque inicialmente pensé que dialogaba con una discusión que desde hace tiempo ronda mi interés. Sin embargo, vaya sorpresa me llevé al descubrir que su tesis iba en una dirección completamente distinta. La columna proponía pensar el delito desde una división tajante en la que, de un lado, estarían quienes madrugan, trabajan, progresan y dignifican a sus familias y, del otro, quienes deciden arrebatar, destruir y vivir al margen de las reglas.

Una indignación comprensible, en la medida en que, como sociedad, presenciamos a diario homicidios, hurtos y otras formas de violencia que se repiten sin una respuesta institucional efectiva, lo que alimenta la sensación de que el sistema protege más al responsable que a la víctima. Sin embargo, vale la pena detenerse antes de convertir esa indignación en una explicación sobre la criminalidad. No para controvertir personalmente a quien escribe ni para disminuir la gravedad de los delitos, sino porque las palabras que usamos para comprender la violencia también determinan las respuestas que consideramos posibles.

Este análisis surgió precisamente porque hace poco tuve la fortuna de leer al jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, quien plantea una idea sobre que, en la Cuestión Criminal, la realidad más difícil de relativizar es la palabra de los muertos.

Los cadáveres no hablan físicamente, pero dicen muchas cosas. A veces, las marcas dejadas en ellos permiten saber quién los mató. En todos los casos expresan, de manera irrefutable, que una persona fue privada de la vida. Ignorar esa evidencia supone volver a enmudecer a quienes ya no pueden contar lo ocurrido.

En este sentido, escuchar la palabra de los muertos no significa utilizarlos como figuras abstractas para justificar un aumento del castigo. Significa preguntar quiénes eran, dónde vivían, de qué trabajaban, qué edad tenían, bajo qué circunstancias murieron y qué poderes hicieron posible su muerte.

Por ejemplo, el año pasado, la experta en seguridad y conflicto armado Norma Vera llamó la atención en sus redes sobre varios elementos identificados en los registros de homicidios ocurridos en Gaira durante 2025. Se documentaron 16 víctimas fatales; julio fue el mes más violento, con seis muertes, y la modalidad predominante fue el uso de armas de fuego en ataques sicariales. Entre las víctimas se encontraban, de manera recurrente, hombres jóvenes y adultos vinculados con actividades informales como el mototaxismo y el comercio.

En ciudades como Santa Marta, las disputas por el control de rentas ilegales y la consolidación de formas de gobernanza armada han contribuido a instalar una lectura casi automática de los homicidios. A ello se suma una respuesta institucional muchas veces errática, incapaz de ofrecer explicaciones oportunas, claras y suficientemente sustentadas. En ese vacío, la narrativa del “ajuste de cuentas” aparece con demasiada facilidad como una conclusión anticipada.

Por eso considero necesario detenerme en esa expresión, tantas veces utilizada de manera ligera. El llamado “ajuste de cuentas” parece ofrecer una explicación, pero con frecuencia lo que hace es clausurarla. Sin que se conozcan plenamente los móviles, los responsables o las circunstancias del homicidio, la víctima queda bajo la sospecha de haber provocado su propia muerte. En redes sociales, esta idea se traduce rápidamente en comentarios como “por algo sería”, “uno menos” o “eso fue entre ellos”.

Así, la persona asesinada deja de ser reconocida como víctima y es convertida, sin prueba ni juicio, en culpable de su propio asesinato. Esa narrativa no solo deshumaniza (lo cual ya es suficientemente grave), sino que también disminuye la presión para que el crimen sea investigado. El homicidio queda archivado simbólicamente bajo la etiqueta de “ajuste de cuentas” y, por lo tanto, pareciera importar menos quién disparó, quién dio la orden, qué estructura intervino o por qué el Estado no logró prevenir el hecho.

Por eso, los datos deben interpretarse con cautela y no convertir una hipótesis en sentencia moral. Las víctimas de homicidio no son personajes abstractos dentro de una batalla entre el bien y el mal. Eran personas que se desplazaban en motocicleta, trabajaban en establecimientos comerciales, departían con amigos o intentaban sostenerse dentro de una economía marcada por la informalidad.

Pero esta necesidad de comprender las trayectorias y los contextos no se limita a las víctimas. También resulta problemática la idea de que la pobreza, el abandono o el maltrato no deben ser considerados para comprender el delito porque existen personas pobres que no delinquen y algunas incluso alcanzan el éxito. Ese argumento parece convincente, pero confunde explicación con justificación. Afirmar que la desigualdad, la violencia familiar, la desescolarización o la ausencia de oportunidades influyen en determinadas trayectorias no significa negar la responsabilidad individual y comprender por qué ocurre una conducta no equivale a aprobarla.

La existencia de empresarios, deportistas, profesionales, científicos o artistas que superaron condiciones adversas tampoco demuestra que todas las personas hayan partido del mismo lugar. Una trayectoria individual de movilidad social no elimina las estructuras que dificultan las posibilidades de muchas otras.

Las posiciones sociales no dependen únicamente del dinero. También intervienen el capital cultural, el social y el simbólico, cuya distribución desigual condiciona las oportunidades realmente disponibles para cada persona. Así lo planteó Pierre Bourdieu desde mediados del siglo XX. El capital económico permite pagar estudios, acceder a una vivienda digna, afrontar periodos sin empleo o financiar un emprendimiento. El capital cultural comprende los conocimientos, las habilidades, los títulos, las formas de expresión y la familiaridad con los códigos institucionales. El capital social está conformado por redes capaces de proporcionar información, apoyo, contactos y oportunidades. Finalmente, el capital simbólico se refiere al reconocimiento y la legitimidad que hacen que una persona sea escuchada, considerada confiable o percibida como merecedora.

Por eso, dos personas igualmente disciplinadas pueden obtener resultados muy distintos. Una puede contar con una familia que financie sus estudios, le explique cómo acceder a una beca, la conecte con un empleo y la sostenga mientras consigue estabilidad. Otra puede abandonar la escuela para generar ingresos, desconocer las rutas institucionales, vivir en un territorio estigmatizado y estar rodeada de redes que solo ofrecen ocupaciones precarias o economías ilegales.

Ambas deciden, pero no deciden desde el mismo lugar ni frente al mismo conjunto de posibilidades. Incluso las redes sociales (relaciones políticas) requieren tiempo y recursos para ser construidas y sostenidas. Por ello, quienes ya poseen capital económico y cultural suelen acceder con mayor facilidad a oportunidades privilegiadas.

También resulta problemático interpretar la reintegración social, el debido proceso, la reducción de penas o las condiciones dignas de reclusión como premios para quien delinque. La resocialización no es un trato reverencial. Es uno de los mecanismos mediante los cuales una sociedad intenta evitar que el daño se repita.

Las garantías procesales tampoco existen porque el infractor sea admirable. Existen porque el Estado no puede atribuir responsabilidades ni imponer castigos sin límites. La justicia debe investigar, sancionar, reparar a las víctimas y prevenir la repetición, pero no puede convertirse en venganza. Mucho más peligroso aún es dejar de hablar de personas responsables de delitos para describirlas como “parásitos sociales” que deben ser “erradicados”. Una metáfora transforma al infractor en un ser nocivo por naturaleza, incapaz de cambiar y ajeno a la comunidad humana como una “plaga” cuya eliminación empieza a parecer aceptable.

La deshumanización ya opera sobre las víctimas cuando sus muertes son justificadas mediante la narrativa del “ajuste de cuentas”. Extenderla también hacia quienes delinquen no fortalece la justicia. Solo amplía el grupo de vidas que la sociedad comienza a considerar prescindibles.

Reconocer la humanidad de quien ha causado un daño grave no reduce su responsabilidad. Al contrario, solo puede responder moral y jurídicamente quien es considerado una persona capaz de comprender sus actos, asumir sus consecuencias y atravesar procesos de transformación. Por eso, la pregunta no puede ser quién merece o debe dejar de ser humano, sino qué tipo de sociedad produce de manera tan desigual a sus víctimas y victimarios, distribuye oportunidades y protección de forma tan precaria, y reserva el castigo con tanta selectividad.