Gobierno y Defensoría difieren sobre la política de seguridad

Mientras el Gobierno de Abelardo De La Espriella defiende una ofensiva más fuerte contra las estructuras armadas, la Defensoría del Pueblo ha pedido preservar los límites humanitarios, aumentar las precauciones frente a menores reclutados y evitar convertir los resultados militares en una exhibición de fuerza.

El Gobierno Nacional y la Defensoría del Pueblo coinciden en que el Estado debe combatir a las organizaciones armadas ilegales, pero han mostrado diferencias sobre la manera de desarrollar y comunicar la nueva política de seguridad.

Las posiciones quedaron expuestas después de varias operaciones militares adelantadas durante las primeras semanas del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha reconocido expresamente la facultad del Estado para recurrir a operaciones militares contra estructuras armadas, incluidos los bombardeos, pero ha planteado reparos frente a los riesgos para la población protegida y a la forma en que se presentan públicamente los resultados.

Uno de los primeros puntos de diferencia surgió por las imágenes del presidente De La Espriella caminando entre los cuerpos de integrantes de estructuras armadas muertos durante la denominada operación “Azarías”, en Guaviare.

La Defensoría sostuvo que los cadáveres no deberían convertirse en parte de la escenografía utilizada para comunicar una victoria militar y pidió mantener la actuación del Estado dentro de los límites de la dignidad humana y el Derecho Internacional Humanitario.

La respuesta del Gobierno llegó a través del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien consideró equivocado equiparar el comportamiento del Estado con el de las organizaciones criminales que reclutan menores, utilizan explosivos y desarrollan acciones violentas contra la población.

La diferencia se amplió posteriormente con la muerte de tres menores reclutados durante el bombardeo realizado el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare.

Marín sostuvo que el Estado puede realizar este tipo de operaciones, pero pidió extremar las medidas de precaución cuando exista una alta probabilidad de que niños o adolescentes reclutados se encuentren dentro de los campamentos atacados.

“No podemos resignarnos a que en operativos militares mueran menores”, planteó la defensora al referirse al caso.

La preocupación parte también de la magnitud del reclutamiento.

La Defensoría informó que entre 2024 y el 31 de julio de 2026 conoció 1.173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, una cifra que la propia entidad considera inferior a la dimensión real del fenómeno debido al subregistro.

El Gobierno ha concentrado su posición en la responsabilidad de las organizaciones ilegales que incorporan menores a sus filas y en la necesidad de recuperar el control territorial mediante una ofensiva más fuerte de la Fuerza Pública.

La Defensoría no cuestiona esa facultad del Estado, pero insiste en que la legitimidad de la respuesta institucional depende también del respeto de las normas humanitarias, de la protección de las víctimas y de la manera en que el poder público presenta sus resultados.

Marín profundizó esa posición este fin de semana al cuestionar que la estrategia pueda terminar privilegiando el impacto de las imágenes sobre la protección efectiva de la población, aunque reiteró la legitimidad de combatir militarmente a las organizaciones armadas.

Las diferencias entre las dos instituciones, por tanto, no están centradas en si el Estado debe enfrentar militarmente a los grupos armados, sino en cómo debe hacerlo, cuáles límites debe observar y cómo comunica los resultados de esas operaciones.

Ese debate adquiere mayor relevancia esta semana, cuando el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, deberá comparecer ante el Senado por la moción de censura relacionada precisamente con la muerte de menores durante operaciones militares.

La política de seguridad comienza así a convertirse no solo en uno de los principales ejes del Gobierno De La Espriella, sino también en uno de sus primeros grandes debates institucionales.