Ley de Sometimiento superó su primer debate en el Congreso

El proyecto impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella contempla beneficios penales condicionados para integrantes de organizaciones criminales que decidan someterse a la justicia. La iniciativa deberá superar dos debates más antes del 4 de noviembre.

Las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron, durante la noche del miércoles 21 de octubre, la Ley de Sometimiento a la Justicia, una de las principales apuestas del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en materia de seguridad y orden público.

La iniciativa busca establecer un marco jurídico que facilite el desmantelamiento de organizaciones criminales mediante su sometimiento a la justicia ordinaria, a cambio de compromisos relacionados con el desarme, la entrega de bienes, el suministro de información sobre actividades ilícitas y la reparación a las víctimas.

La propuesta también contempla modificar y prorrogar la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, y reemplazar los mecanismos de negociación establecidos durante la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro.

¿Qué establece la Ley de Sometimiento?

Según el texto aprobado en primer debate, los integrantes de estructuras criminales podrán acceder a reducciones de penas de hasta el 50 % para quienes no ejerzan funciones de mando y de hasta el 30 % para aquellos que ocupen posiciones de dirección.

Estos beneficios estarán sujetos al cumplimiento de obligaciones específicas y a la colaboración efectiva con las autoridades para esclarecer delitos, identificar redes criminales y contribuir a la reparación de las víctimas.

El Gobierno sostiene que la propuesta no pretende establecer negociaciones políticas con estas organizaciones ni crear una jurisdicción especial, sino ofrecer una alternativa dentro del sistema judicial ordinario.

Debate sobre beneficios e impunidad

La discusión legislativa estuvo acompañada de cuestionamientos sobre el alcance de las reducciones de penas y las garantías necesarias para evitar que estos mecanismos favorezcan la impunidad.

Sectores de oposición expresaron reparos frente a los beneficios contemplados, mientras que algunos congresistas cercanos al Gobierno plantearon la necesidad de mantener sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió la iniciativa al señalar que su aplicación estará condicionada al cumplimiento de las obligaciones establecidas y a la verificación de las autoridades competentes.

Aprobación coincide con la salida de Rodrigo Lara

El avance legislativo se produjo en medio de un cambio en el gabinete presidencial. Durante la misma jornada, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y su reemplazo por el exprocurador Alejandro Ordóñez.

Lara había participado, junto con el ministro Iván Cancino, en la presentación y defensa del proyecto, como parte de la estrategia gubernamental para reformar los instrumentos legales de lucha contra las organizaciones criminales.

Congreso tendrá plazo hasta noviembre

La iniciativa continuará su trámite en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, donde podrá recibir modificaciones antes de su eventual aprobación definitiva.

El Congreso tiene previsto completar el proceso a más tardar el 4 de noviembre, debido al vencimiento de la actual Ley de Orden Público, que contiene herramientas jurídicas utilizadas por el Estado en materia de seguridad nacional.

Aunque el proyecto superó su primer debate, todavía no se ha convertido en ley. Su avance representa un paso en la estrategia del Gobierno para enfrentar a las estructuras criminales, mientras continúa la discusión sobre cómo garantizar que los beneficios judiciales contribuyan a su desmantelamiento sin comprometer los derechos de las víctimas ni la proporcionalidad de las sanciones.