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Dos miradas un solo enfoque: la paz con las Farc

Opinión Caribe

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Expertos hablan del posconflicto

El análisis fue realizado por Jorge Gallego y María Victoria Uribe; dos importantes catedráticos en políticas públicas y conflicto de la Universidad del Rosario.

A seis meses de que el proceso de paz más importante en la historia de Colombia llegue a su fin, OPINIÓN CARIBE acudió a consultar la perspectiva de tres expertos en torno a las expectativas que tiene el país una vez se firme el fin de el más antiguo conflicto armado en la historia de América Latina.

María Victoria Uribe, Antropóloga y Profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario donde dicta la cátedra de Justicia Transicional y, Jorge Gallego, profesor de la Facultad de Economía de la citada alma mater, quien dicta la cátedra de Política Pública y Conflicto, hablan al respecto del proceso.

LOS TEMAS

Los expertos consultados analizaron los aspectos más importantes de los 6 puntos firmados el pasado miércoles 23 de septiembre en la ciudad de La Habana, Cuba, donde el Gobierno Nacional encabezado por el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, certificó dichos acuerdos de la mano del máximo miembro del secretariado del estado mayor de las Farc-Ep, Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenco’.

Los temas tratados en La Habana, fueron Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, así como una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito está en construcción un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En ese marco de ideas, se ha acordado la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Así como las salas de justicia y el tribunal para la paz que estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos.

Por su parte, se establecerá una ley de amnistía con la mayor la amplitud posible para casos de delitos políticos y conexos, en la que no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.

Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias.

Igualmente, para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

En el caso de las Farc-Ep, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

Por último, la transformación de las Farc-Ep en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del gobierno en los términos que se acuerden.

LOS EXPERTOS

María Victoria Uribe, experta en justicia transicional, manifestó que debido a la pluralidad de actores, el camino del postconflicto se verá muy complicado.

“Creo que no había forma de negociar distinta, debido a que la guerrilla no logró tomarse el poder y el Estado no logró acabar con la guerrilla, por lo que esto puede verse como un empate técnico, de tal manera que la única salida era la negociación. Sin embargo, yo veo un posconflicto muy complicado y una sociedad muy polarizada; hay muchos enemigos de la paz, hay gente que va a tratar de obstaculizar esto como sea. También veo que puede suceder lo mismo que ocurrió en otros países, donde una vez hubo desmovilizaciones de guerrilleros, se incrementó la delincuencia común en las ciudades como pasó en El Salvador y Nicaragua. Pero yo creo que este país se va aliviar y beneficiar mucho con la firma de este acuerdo”, apuntó la profesora.

Igualmente, la analista indicó que el Estado debe evitar que los cerca de 15 mil insurgentes de las Farc que serían absueltos y se reintegren a la vida pública, recaigan en el escenario delictivo.

“No me gusta hablar de cosas que no han sucedido, pero yo me temo que si los desmovilizados no encuentran un camino nuevo por donde transitar y no encuentran como entrar a un mercado laboral o como vincularse realmente a la sociedad es posible que pase como los paramilitares, que se acogieron al marco jurídico de Justicia y Paz y por equis o ye razón se desvincularon pero, muchos están siendo parte de las Bacrim, lo que es un peligro que el Estado colombiano debe absorber y tratarlos más bien como mano de obra”.

En cuanto al tema de la participación de la Farc como movimiento político, María Victoria Uribe expresó que para darle entrada participativa a dicho grupo insurgente, es necesario perdonar desde ya, puesto que la iniciativa de una u otra forma ventilaría la democracia.

“Si eso se cumple sin que los asesinen como pasó con la Unión Patriótica, eso abrirá la democracia y abrirá nuevos mecanismos democráticos. Esperemos que las Farc puedan participar en Política y vincularse a la vida civil. Eso está por verse puesto que las experiencias vividas no han sido las mejores; a muchos no se les olvida el genocidio de la Unión Patriótica, que fue el partido político que se constituyó precisamente para que la Farc pudiera hacer participar legalmente en el Estado”.

LAS VÍCTIMAS

Por parte de las víctimas, muchos en el país se preguntan si los procesos de reparación serán similares a los que se aplican en los marcos de la ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas, donde parte de los actores implicados reconocen sus actos en aras de reducción de penas y en busca de un mayor beneficio a los afectados, que por medio de la segunda legislatura reciben el apoyo del Estado.

Ante el papel de las personas que resultaron con perjuicios y secuelas por el accionar bélico de las Farc, María Victoria Uribe, sin ínfulas de tener la verdad absoluta, presentó un breve diagnostico sobre la postura de las víctimas, diciendo que cree que estas últimas se encuentran en buena disposición y muy a favor de un pacto que se acaba de constituir en La Habana.

“Las víctimas son las que realmente importan, porque finalmente ellas son las que han sufrido y han estado como carne de cañón y finalmente los colombianos debemos asumir y respetar lo que digan las víctimas si están de acuerdo o no con este proceso”.

De otro lado, una de las críticas que han recibido los actuales diálogos de paz recae en el citado movimiento insurgente haga una petición que consiste en que la jurisdicción que se aplicará para su juzgamiento legal, también se aplique a los militares que cometieron delitos plasmados en el Derecho Internacional Humanitario.

Según la catedrática de Justicia Transicional, los mecanismos penales en este caso deben ser aplicados a todos los actores del conflicto, por lo que “hay que esperar como van a reaccionar los militares del país”.

María Victoria Uribe concluyó que este proceso de paz es un asunto inédito para los colombianos, puesto que es la primera vez que se llega a un verdadero proceso debido a que los anteriores fueron abortados y el actual tiene muchos indicios para que por fin se pueda firmar el anhelado sueño de muchos compatriotas.

Conjuntamente, Jorge Gallego, profesor de la cátedra de Política Pública y Conflicto, expresó su punto de vista sobre el apoyo del proceso y el papel de todas las fuerzas vivas del país, teniendo en cuenta lo dicho por María Victoria Uribe, sobre los muchos enemigos que rodean a los diálogos, entre esos, algunos opositores a la administración Santos.

El catedrático indicó que no le parece del todo negativo que un grupo de oposición como el Centro Democrático se muestre en contra de algunos de los planteamientos.

“Finalmente así funciona la democracia y eso contribuirá a que se logren acuerdos más favorables. Ahora, yo no creo que eso represente una amenaza a que se puedan frenar los acuerdos porque sí, finalmente hay un acuerdo sobre los 5 puntos, y ya sea un referendo o cualquier otro mecanismo de participación ciudadana, no creo que la ciudadanía quiera continuar con un conflicto que ha perdurado por más de 50 años”.

El anterior tema vino a colación luego que, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, manifestara que al menos 15 mil de los 16 mil guerrilleros que se encuentran procesados, resultarían absueltos y amnistiados, lo que puede ser considerado como una irregularidad a la aplicación de la justicia de cara a las víctimas como sucedió en la transición de la Ley de Justicia y Paz a la Ley de Víctimas.

Sin embargo, el fiscal manifestó que el rango entre los 15 y los 16 mil serían enjuiciados por delitos de lesa humanidad, por lo que los cabecillas asumirían la mayor parte de la responsabilidad.

“Yo creo que tendría sentido tener penas blandas para los guerrilleros rasos, porque ellos si bien, no fueron víctimas, si fueron instrumentos. Serán los cabecillas los que finalmente responderán por delitos de lesa humanidad”.

A manera de conclusión, el docente remató su análisis desde una perspectiva económica, declarándose optimista de cara al final del proceso.

“Es una oportunidad histórica, pero eso significa que hay unos desafíos muy grandes porque sin duda alguna, en estos tiempos de turbulencia económica, el hecho de que Colombia logre un acuerdo de paz, sería una importante golpe o empujón hacia la confianza inversionista. Puesto que esto sería una señal de que en el país se puede invertir, un país que se puede visitar; esto debería potenciar el turismo, especialmente en el interior y la región Caribe, en ciudades como Santa Marta, por ejemplo. No olvidemos que al Estado, según algunos estudios, el conflicto le cuesta 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual es un montón de dinero, más o menos 75 mil millones de dólares. Entonces, por un lado, lograr la paz es una buena señal para la inversión extranjera y la inversión local”.

De igual forma, según lo expresado por el experto, alcanzar los acuerdos de paz implica que el gobierno ponga en marcha una serie de programas sociales para el posconflicto; planes encaminados a la población que ha sido víctima.

“Algunos de esos programas ya están en curso, como familias en su tierra entre otros muy importantes y oficiosos que de continuar significarían una verdadera revolución y mecanismo de distribución de la tierra y de los ingresos, sobretodo en el campo y el campesinado colombiano que se ha visto gravemente afectado, teniendo en cuanta que la agricultura es un potenciador de la economía nacional”.

Un tercer punto positivo de terminar el conflicto, consistiría en liberar gastos para la guerra que se direccionarían para la inversión social.

“Durante el periodo del presidente Álvaro Uribe, especialmente a finales de 2006, Colombia gastaba el 6% de su presupuesto para conceptos de defensa y seguridad y eso es una cifra altísima en comparación a otros países. Entonces, por todos esos motivos, la culminación del proceso de paz será algo muy beneficioso para el país”.

EL INVITADO QUE FALTA

Pese a que de acuerdo a lo expuesto por los especialistas en la materia, al país vendrán importantes resultados en diferentes aéreas, debe esperar a que se resuelvan a cabalidad los aspectos legados por el conflicto sobre lo cual cabe recordar que la paz total en el país no se logrará definitivamente hasta no resolver el escollo del ELN, tema que no ha sido bien tratado pese a las intensiones de sus máximos cabecillas, por lo que los expertos se mostraron escépticos sobre el asunto.

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