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¡Una bomba de tiempo!

Opinión Caribe

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La salud, el sistema de justicia y el desarraigo de las familias, detonantes en el pago de una condena

El panorama de un centro penitenciario no es para nada alentador y se agudiza con el pasar de los días. Nada distinto ocurre en la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’, lugar en el que los reclusos, las directivas, los ciudadanos y las familias de quienes allí se encuentran, viven una gran tensión, en vilo. Los reos no tienen atención en salud, sus condiciones de vida son precarias, hay desarraigo con la familia y el sistema de justicia no colabora para mejorar su modus vivendus. Palabras más, palabras menos, la cárcel está a punto de estallar.

La prisión puede considerarse como la última fase del proceso de justicia penal, el cual comienza con el delito cometido, prosigue con la instrucción del caso, el arresto de los sospechosos, el juicio, y termina con la sentencia. La población carcelaria se determina por la forma en que el sistema de justicia penal enfrenta a los delincuentes, lo que a su vez repercute de manera significativa en la gestión de los centros penitenciarios.

Para analizar el sistema penitenciario se debe tener en cuenta que la gestión eficaz y las condiciones satisfactorias de las cárceles no dependen únicamente de las autoridades penitenciarias. Lo que ocurre en las cárceles se relaciona con la gestión del sistema de justicia penal en su conjunto y con las presiones que éste reciba por parte de los políticos y ciudadanos en general.

Por esa razón, cualquier intento de reforma del sistema penitenciario debe hacer parte de un programa amplio que enfrente los desafíos planteados por la totalidad del sistema de justicia penal.

La tarea a la que se enfrentan los administradores de los centros penitenciarios, que consiste en encontrar el equilibrio entre la seguridad y la reinserción social de una población muy diversa, y al mismo tiempo responder de manera adecuada a las prioridades, a veces contrapuestas, de los políticos y la ciudadanía, está plagada de dificultades, sobre todo, cuando las estructuras son obsoletas y los recursos limitados.

SALUD EN SITUACIÓN EXPLOSIVA

En medio de este panorama desolador se encuentra el centro penitenciario ‘Rodrigo de Bastidas’ de la ciudad de Santa Marta, el cual alberga a reclusos violentos, algunos calmados, otros necesitados de los servicios en salud o general, de medicinas o tratamientos especiales, seres que ven vulnerados sus derechos, que no interactúan con la sociedad a la cual pertenecen, ignorados y dejados de lado por diversas razones, sin posibilidades de resocializarse.

Además del hacinamiento en las cárceles del país y que no deja de lado la de la capital del Magdalena, con un 480 por ciento, existe una situación que se vuelve cada vez más preocupante, la salud, porque en este momento no hay ninguna entidad que responda por el bienestar de los más de 121.000 colombianos que están tras las rejas y de esos, 1.600 se encuentran en la de Santa Marta.

La semana pasada, OPINIÓN CARIBE, realizó una visita al centro penitenciario ‘Rodrigo de Bastidas’, donde pudo observar que la atención en salud no es nada fácil para los reclusos, en algunos casos, deplorable e insuficiente, aunque hay un gobierno ‘comprometido’, pocos son los resultados.

“El panorama que ofrecía Caprecom ha cambiado, ahora estamos en manos de una fiducia, que se encarga de todo el andamiaje llamado salud, pero al cual no se han adaptado todavía. Simplemente esto debe cambiar, porque la salud es un derecho a la vida. Si a esto no se le mete la mano, el Gobierno tendría que cargar con el peso de una barbarie casi comparada con el holocausto que se dio en la época nazi”, explicó el recluso y pastor Jimmy Zapata.

El horizonte es tan desolador que la Defensoría del Pueblo le pidió al presidente Juan Manuel Santos que, “valore seriamente la posibilidad de declarar el estado de emergencia social en las cárceles”, debido a que desde el mes de octubre del año pasado se produjo la liquidación de la EPS Caprecom, quien era la encargada de prestar el servicio en los penales, sin que hasta la fecha haya una entidad que esté cumpliendo a cabalidad esa función.

“La mayor parte de los centros de reclusión carecen de insumos y medicamentos, y no cuentan con una red hospitalaria para atender los requerimientos de segundo y tercer grados de complejidad, ni la práctica de exámenes de laboratorio”, dice la Defensoría del Pueblo en su voz de alerta.

Cuando Caprecom dejó de prestar el servicio, más de 19 mil tratamientos prioritarios en los penales del país quedaron en el aire, a lo que se le añade el río de renuncias de médicos internos de varias cárceles, quienes denunciaron que sus sueldos tenían meses de retraso.

En Santa Marta, la realidad es quizá más compleja, porque en la enfermería, de acuerdo con lo expresado por los reclusos, no hay medicamentos y mucho menos insumos para atender las urgencias diarias que se reportan en la cárcel.

En su último informe sobre la situación humanitaria en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja asegura, que sus colaboradores, que visitan a diario las prisiones, “comenzaron el 2016 con una sobrecarga de casos de detenidos que no han podido acceder a servicios de salud, a pesar de sufrir complicaciones graves”.

Lo irónico del asunto es, que mientras centenares de presos no tienen quién los atienda, en una fiducia están depositados los más de 83 mil millones de pesos destinados para la salud de los internos, que no se pueden usar mientras no se constituyan las entidades que responderán por la atención.

Por ley, los presos hacen parte del Régimen Subsidiado de Salud, pero las dificultades en la prestación del servicio son tantas y el margen de ganancia tan poca o inexistente, que tras la desaparición de Caprecom, no aparece ninguna empresa de la salud que quiera medírsele a esta delicada y aguda situación.

UNA DECISIÓN SIN RESULTADOS

Cuando decidieron liquidar la EPS Caprecom, el Gobierno creó el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad como una cuenta especial de la Nación. La plata que se necesita para implementar el nuevo sistema ya está asegurada. Pero la conformación de los nuevos organismos apenas está en trámite, a pesar de que el primero de agosto es el plazo legal para que estén funcionando un 100 por ciento.

La Fiduprevisora, fiducia estatal que tiene los recursos, explicó, que simplemente esta empresa se dedica a administrar unos dineros, pues quien define el objeto de los contratos y la implementación del nuevo modelo de salud para la población privada de la libertad es el nuevo organismo definido por el Gobierno, en el que tienen asiento el Inpec, los Ministerios de Justicia y Salud y otras dependencias.

Mientras tanto, las directivas de la Fiducia aseguran, que está garantizada la atención de urgencias a través de los médicos que se encargaban de atender a los internos en las enfermerías, que se está pensando en un modelo que refuerce los centros médicos en cada penal, pero los responsables se han encontrado con una enorme dificultad para conseguir los galenos y sus respectivos auxiliares.

En una entrevista con un medio de comunicación nacional, el director del Inpec, general Jorge Ramírez, dice que muchos profesionales creen que va a pasar lo mismo que con Caprecom y que no se les va a pagar por sus servicios, “en algunas cárceles se puede necesitar un médico y en otras, hasta 10. Debe haber también un equipo de enfermería. Esperamos que al finalizar el primer semestre del año todas las cárceles estén cubiertas y que los médicos tengan los kits básicos para entregarle al paciente lo que necesita. Ese kit va a llegar a las 136 cárceles”.

Explicó también, que como varias cárceles están ubicadas en lugares apartados, esto disminuye aún más la posibilidad de contratar profesionales con la experiencia necesaria para atender la salud en esos centros. De hecho, hay zonas en las que no se consigue esa atención y hay que mover a los internos, algunos de alta peligrosidad, entre un municipio y otro.

‘JUSTICIA A PASO LENTO’

Otro de los aspectos que vuelve difícil y complicada la situación para los presos es la lentitud de los procesos judiciales en el país. La justicia en su transitar es muy lenta, es el calificativo que le dan los reos a este sistema, debido a que siempre hay problemas y obstáculos, “los jueces siempre tienen algún argumento para que el proceso que se dé con una persona que es privada de la libertad sea traumático, se convierta en una tortura. Se nos olvidó la enmienda que firmamos en 1948, cuando nuestra Constitución hizo parte de ello. Entonces, realmente, la justicia es muy ineficaz, en cuanto a investigaciones y enjuiciamientos. Son muchas las falencias que hoy sufre nuestro Gobierno. Realmente esto es lo que tiene al sistema penitenciario colapsado”, aseveró el pastor Jimmy Zapata, recluso de la cárcel samaria.

De igual forma precisó, que “en Colombia no solo se tiene que hablar del Inpec, de la Uspe, sino que habría que preguntarle a los fiscales, jueces y magistrados qué es lo que está sucediendo; acaso nos están dando las garantías constitucionales, donde usted pueda tener un sistema judicial que sea garante de sus derechos, que a usted se le respete su derecho como sindicado o en su defecto como una persona condenada. Realmente este es un punto neurálgico, porque gran parte del hacinamiento que hay hoy en las cárceles de Colombia se debe al sistema judicial”, enfatizó Zapata.

La situación en las cárceles del país es tan grave que la Corte ordena al Gobierno que, a través del Ministerio de Justicia y el Inpec, convoque al Consejo Superior de Política Criminal para que examine el tema y tome medidas para empezar a enfrentar las violaciones a los derechos fundamentales de los internos.

Para la Corte, el panorama carcelario es “a todas luces, escabroso” y los penales son “una universidad del delito”, en los que “puede ocurrir cualquier cosa”.

El Tribunal considera que el primer problema que el Gobierno debe enfrentar de manera inmediata y con urgencia es el hacinamiento. “Si no se supera, difícilmente se podrán hacer avances importantes, eficientes y sostenibles en cualquier otra área”.

Igualmente, señala, que el hacinamiento no solo se combate haciendo más cárceles, sino garantizando que sean liberados los internos que ya tienen ganado ese derecho, “por su edad, porque sufren una enfermedad terminal o porque su solicitud de libertad justificada no ha sido tramitada por el respectivo juez de ejecución de penas”.

En la decisión, el Tribunal cuestiona el “populismo penal” que llevó al incremento de las penas y la aparición de nuevos tipos penales cuyo único castigo es la cárcel.

“Las autoridades de las tres ramas del poder público se acostumbraron a autorizar la reclusión de personas en mazmorras indignas para cualquier ser humano y que desdicen de la sociedad y las instituciones oficiales que, por acción u omisión la permiten, a pesar de saber el impacto tan nefasto que puede conllevar la cárcel para una persona e incluso, para quienes tienen que convivir con esta realidad en su situación de guardianes o familiares y allegados de las personas en prisión”, señaló la Corte.

Cuestiona, además, que cada vez más los internos deben acudir a tutelas para garantizar sus derechos fundamentales y que todavía más grave es que a, pesar de las decisiones favorables de los internos, las autoridades no cumplan con las órdenes judiciales.

RESOCIALIZACIÓN Y DESARRAIGO FAMILIAR

Otro de los factores explosivos de la cárcel es la resocialización de los reos y en eso fue enfático Jimmy Zapata, toda vez que señaló que si existiera sería como “música para sus oídos”, porque si bien es cierto que se ha implementado el programa de resocialización de los reclusos, muchas veces no se hace lo necesario para que realmente este proceso tenga un efecto en la vida del interno.

“La resocialización tiene que ir acompañada de muchos factores y el principal es la familia, no puede haber tal proceso si no se va de la mano de los tuyos. Si a ti te separan de la familia, es como si te robaran tu propia esencia, algo que es propio de ti y eso si es peligroso, eso si abre brechas en la mente que pueden ser muy difíciles de reparar”, añadió el recluso.

Es por eso, que se hace necesario que el Gobierno cumpla con lo que realmente es la resocialización. Estar preso no es estar muerto y sin derecho. Estar preso es ser sanado del problema que inclina al individuo a cometer acciones malas y en contra de la ley.

“Las acciones que cometemos son producto de nuestra sociedad, porque esta ha enfermado a sus hijos y ahora necesitan ser curados”, definió el pastor Zapata.

Según el portal Razón Pública, la incapacitación de largo plazo mediante la rehabilitación, tampoco funciona en Colombia. Las cifras sobre reincidencia dan cuenta del fracaso.

El Inpec reveló, que, en promedio, en el período 2002-2012, el 15 por ciento de la población interna tenía condenas anteriores. El punto más alto se presentó en 2005, con un 17,1 por ciento.

Además, no están dadas las condiciones para que la rehabilitación en el sistema penal funcione. El nivel de ocupación de las cárceles colombianas en enero de 2015 fue del 150 por ciento de su capacidad. La población carcelaria era de 116.760 reclusos y la capacidad de apenas 77.874.

Es fácil entender que, ante tal grado de hacinamiento, son muy bajas las posibilidades de que un programa de rehabilitación funcione. Por lo contrario, para muchos infractores la cárcel se convierte en una universidad del crimen donde se profesionalizan conductas delictivas y se aprenden nuevos mecanismos para infringir la ley.

Las indignas e inhumanas condiciones de vida en las cárceles, en lugar de resocializar, afectan aún más la condición psicológica de los internos. Después de cumplida la condena a quién infringió la ley, le seguirá otra sanción informal: el estigma de “haber estado en la cárcel” o de “tener antecedentes penales”, lo que dificulta su reinserción a la vida legal, así lo resaltó el director del centro penitenciario ‘Rodrigo de Bastidas’, Segundo Noé.

DE LOS MALES Y OTROS DEMONIOS

El poco personal es otro de los males desoladores del panorama carcelario. Según la Defensoría, solo en una década, la población carcelaria se duplicó de 62.000 a los 118.000 reclusos, sin embargo, no hubo un aumento proporcional del personal de guardia.

El hacinamiento es tanto, que la Corte Constitucional ordenó una serie de medidas al Ministerio de Justicia y al Inpec para mejorar la situación humanitaria y parar la violación a los derechos humanos.

El panorama se complica cada vez más. Aunque los presos estén pagando por sus delitos, también se les deben respetar sus derechos básicos.

 

LAS PROPUESTAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

  1. Derecho penal como última medida

“Implica que todas las entidades estatales involucradas desarrollen políticas serias de prevención de la delincuencia y la criminalidad. Para enfrentar el populismo punitivo, las instituciones encargadas de diseñar la política criminal deben entender que el delito no se puede combatir exclusivamente con el incremento de las penas”.

  1. Penas alternativas

“Ampliar y potencializar el uso de penas alternativas a la privación de la libertad, no solo para disminuir el hacinamiento, sino porque también impactan en la reducción de la reincidencia”.

  1. Enfocarse en la resocialización

“La política criminal del país perdió de vista el fin resocializador, en tanto, el sistema previsto para su ejecución está en una profunda crisis humanitaria. Se deben reestructurar los modelos de trabajo, estudio y enseñanza para que la cárcel no sea la universidad del delito”.

  1. Medida de aseguramiento, excepcional

“La detención preventiva debe recuperar su carácter excepcional. Aunque hay avances normativos (ley de racionalización de las penas), en Colombia esta medida se ha convertido en herramienta de investigación o de sanción anticipada, afectando la presunción de inocencia”.

 

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