Debilidades de la política ambiental

Por Cecilia López Montaño

Es hora de revisar tanto el proceso de aprobación de las licencias ambientales como la eficiencia de su nueva institucionalidad.

Se dio un final feliz, se revocó la licencia ambiental para la exploración petrolera en áreas de La Macarena. Sin embargo, el debate posterior no puede quedarse solo en la posibilidad de las demandas de la empresa contra el Estado que podrían surgir ante esta decisión. El tema crucial que se desprende del desarrollo de este proceso es que saca a la luz pública, nuevamente, lo que está sucediendo con la política ambiental en Colombia y, sobre todo, la clara existencia de profundas fisuras en su institucionalidad.

Sin duda, debe reconocérsele al presidente Santos que trató de enmendar el terrible error del expresidente Uribe, que desde el principio de su larga administración literalmente acabó no solo con el tema ambiental en su gobierno, sino con el ministerio del ramo. Recrear el Ministerio de Ambiente era lo mínimo que se esperaba cuando asumió la nueva administración. Pero en el debate actual aparecen los graves problemas que persisten en la política de este sector y en sus instituciones.

Es hora de revisar tanto el proceso de aprobación de las licencias ambientales como la eficiencia de su nueva institucionalidad. Este mecanismo que venía del Código de Recursos Naturales y que se fortaleció con la Ley 99 de 1993 siempre se ha enfrentado al modelo desarrollista que aún predomina entre importantes sectores productivos del país. Para muchos empresarios y funcionarios públicos, el crecimiento de sus sectores lo justifica todo y no han logrado comprender y reconocer los costos infinitos de ignorar el impacto ambiental de sus proyectos, que compromete el futuro de las próximas generaciones de colombianos. Un freno al desarrollo, así se vio y se sigue viendo el tema ambiental. Por desgracia.

Frente a esta visión cortoplacista y llena de falencias sobre el verdadero desarrollo, ¿cuál ha sido la solución? Quitarle este instrumento fundamental de política al Ministerio del ramo y crear una agencia independiente donde, como lo demuestra la evidencia actual, predominan los criterios de crecimiento económico, como sea: a las buenas si es posible; y si no, a las malas. Sin duda, estas licencias no pueden demorarse eternamente y por ello hay que revisar tanto la metodología anterior como la actual, pero la licencia exprés no es la salida. Las licencias ambientales deben volver al Ministerio de Ambiente, donde se supone deben estar los expertos con la formación necesaria para hacer la evaluación final de los proyectos en términos de su impacto ambiental.

La recomendación es que los estudios para obtener dicha licencia deben llegar muy elaborados al Ministerio para que no se demoren injustificadamente en su aprobación. Esto implica reconocer que el tema ambiental es transversal y que cada ministerio que se ocupa de las políticas sectoriales debería tener expertos en el tema, de manera que desde que se empiece a discutir el proyecto se estudien sus efectos sobre el medioambiente.

La creación del Anla ha sido un error. Pero este reconocimiento no significa que se quiera volver al pasado, sino que lo que se busca es facilitar el proceso de aprobación o negación de la licencia ambiental. Si al Ministerio de Ambiente le llega un estudio ambiental bastante elaborado, sin duda se acelerará su decisión, para bien de todos y del país

Adicionalmente, debe reconocerse como elemento positivo el poder creciente que tiene la opinión pública en el tema ambiental, que es de gran sensibilidad entre la población. Por fortuna, cada vez más crece esta forma de participación ciudadana de manera democrática. A los gobiernos, a este y a los próximos, más les vale empezar a buscarles camino a las soluciones de las demandas de las manifestaciones pacíficas de la población, ahora que estar en desacuerdo no es ser parte ni de las Farc ni del Eln.