Opinión: Prevención y participación ciudadana

Por Rubén Darío Ceballos

La vida democrática, y en ello que no quepa duda alguna y más por cuanto es consenso universal, sólo tiene sustento y sentido si está soportada; sustentada, basada en una ciudadanía responsable y autónoma, crítica y participativa, en pleno ejercicio de sus derechos y libertades, así como en un piso firme e incluyente de legalidad, en el marco de la pluralidad política. Lo cual implica, crear las condiciones suficientes y necesarias, para que todas las personas tengan la posibilidad formal y real de ejercer y hacer valer sus derechos.

Va en ello igualmente, entender la cohesión social como un valor fundamental que en ámbito de la diversidad, ofrezca a toda la gente oportunidades de desarrollo, sentido de pertenencia y agregación de valor en sus comunidades; ya que las diferentes formas de marginación, exclusión, discriminación y violencia son, en oposición a lo cual, componentes dañosos del tejido social y causa de muchos de los problemas y fenómenos asociados a la vulneración de derechos, la violación de las leyes y la delincuencia.

Legalidad democrática (principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debería realizarse acorde con la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio, entonces, las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la constitución actual o al imperio de la ley) y la inclusión social (reconocer en los grupos sociales distintos el valor que hay en cada diferencia, el respeto a la diversidad, y el reconocimiento de un tercero vulnerable, con necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en condiciones de igualdad y disfrutar de sus derechos fundamentales, o situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio) constituyen la esencia de una sociedad de derechos y bienestar, cuya conjugación forma el círculo virtuoso de la civilidad y la paz.

Ante los retos de la violencia y la delincuencia, además de las funciones esenciales del Estado en los ámbitos de la seguridad pública y la procura e impartición de justicia, son también imprescindibles las políticas públicas en materia de prevención social y participación ciudadana, visión esta para la que se deben definir objetivos y trazarse estrategias integrales para fortalecer la coordinación institucional frente a la inseguridad pública y el crimen organizado, así como para reconstruir el tejido social y promover la participación ciudadana en las poblaciones con mayores factores de riesgo, con el fin de erradicarlos o al menos atenuarlos.

Deber es de las autoridades determinar y alinear los objetivos en materia de prevención, mediante la articulación de capacidades, recursos y acciones entre las dependencias y entidades de la administración pública, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades más afectadas y los gobiernos departamental y municipales, con la intención de que los avances y resultados en la implementación de dichas políticas logren ser significativos.

Hay que marchar en consecuencia, hacia consolidar y perfeccionar procesos de diagnóstico, instrumentación, evaluación y rendición de cuentas, con especial énfasis en la atención de los factores de riesgo más críticos, entre los cuales destacan la exclusión social, la violencia intrafamiliar, las adicciones, la inequidad de género, el deterioro de los espacios públicos y la falta de oportunidades de educación y empleo, sobre todo, entre los jóvenes.