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Un liberal sin causa: Fácil legislar, difícil cumplir

Opinión Caribe

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El Representante a la Cámara por el partido Liberal del Magdalena, Jaime Serrano Pérez, es uno de los principales evasores del impuesto predial en su territorio electoral. Sus obligaciones tributarias superan los 460 millones y por pertenecer a la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Pública de la Cámara compromete moralmente su labor como Representante del Magdalena.

Por Unidad Investigativa OPINIÓN CARIBE

En Colombia se ha vuelto una mala costumbre evadir el pago de impuestos que tiene como misión contribuir al desarrollo social y económico de los municipios. Tal es el caso del Impuesto Predial Unificado, creado por la Ley 44 de 1990 y su Decreto reglamentario 2879 de 2001, el cual determinó unir los siguientes gravámenes: el impuesto Predial, el impuesto de parques y arborización, el impuesto de estratificación socioeconómica y la sobretasa de levantamiento catastral.

Que cualquier ciudadano viole la disposición de este mandato es inaceptable, pero que sea uno de nuestros congresistas quien lo haga se convierte en un agravante.

Pues bien, aunque usted no lo crea, ese caso está ocurriendo en el Magdalena con uno de sus honorables “Padres de la Patria”, el Representante a la Cámara por el partido Liberal, Jaime Enrique Serrano Pérez, quien se ha convertido en uno de los principales evasores de su territorio electoral. Como todo un Liberal sin causa, “se pasa por la faja” las disposiciones que él mismo aprueba, poniendo en riesgo la legitimidad y la ejecución de la norma.

Dicho de otra manera, como se trata de un impuesto unificado, no paga ni el Predial ni contribuye a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Serrano, dirá que esas propiedades no son suyas porque aparecen a nombre de la sociedad anónima “Palmares la María S.A”, pero lo cierto es que esa sociedad hace parte de los haberes de su familia, de la cual es socio y todo el mundo en la región reconoce que dichas fincas son suyas.

En la base de datos de las Secretarías de Hacienda de los municipios de Aracataca y El Retén reposa información que da cuenta de la triste historia evasiva del citado representante magdalenense, con una deuda por concepto de Impuesto Predial Unificado que supera los 500 millones de pesos.

Ninguna de las fincas de cultivo de palma de aceite de su propiedad, ubicadas en la jurisdicción de estos dos municipios está al día con el pago de la obligación tributaria, son ellas, “La María” cuya extensión es tan grande que alcanza el área territorial de los dos municipios; y, las haciendas, “El Cacao” y “La Guajira”, ubicadas en El Retén y “Mata de Tomate”, ubicada en Tucurinca.

La deuda con el municipio de Aracataca en lo que corresponde a la finca “La María” está por el orden de los 460 millones de pesos, lo cual evidencia una mora de más de 5 años, que estuvo a punto de prescribir, pero por un descuido de sus administradores, se cometió el error de interrumpir la prescripción al solicitar a la Alcaldía la revisión y abono a la deuda.

Las otras fincas le deben al municipio de El Retén una suma que está por el orden de los 65 millones de pesos, correspondiente al año 2015. Ni siquiera porque el municipio de El Retén otorgó un descuento del 30% por pronto pago a los contribuyentes del Predial, el congresista aprovechó la oportunidad para ponerse a paz y salvo.

Lo grave es que desde que fue elegido por primera vez como Representante a la Cámara por el Magdalena, Jaime Serrano Pérez, ha pertenecido a la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público, donde se aprueba todas las disposiciones de carácter tributario del país. Primero en el período legislativo 2010- 2014 y ahora en el período 2014- 2018.

“Eso es básicamente no tener ni idea de lo que se está haciendo como congresista; en otras palabras, así es muy fácil legislar para no cumplir con lo que se aprueba”, dijo un experto en derecho tributario consultado por OPINIÓN CARIBE.

Y es que el asunto no es de poca monta, porque el cobro de los impuestos tiene su origen en el precepto Constitucional, según el cual, todos los nacionales estamos en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad consagrados en el artículo 95 numeral 9 de la Constitución.

A su vez, El artículo 338 de la Constitución señala, que, “En tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales”.

Por su condición de congresista, la Constitución le asiste como una de sus funciones es legislar sobre impuestos, y como servidor público, uno de sus deberes es la moralidad pública y resulta completamente paradójico y contradictorio el hecho que quien hace las leyes las evada o no las cumpla.

Ahora bien, Aracataca, que es el municipio al que más le debe el congresista Jaime Serrano Pérez, acaba de salir de la denominada “Ley de Quiebras (Ley 550)”, figura a la que se acogen los entes territoriales cuando sus compromisos son superiores a sus ingresos y es, precisamente, una de sus principales fuentes de ingreso la recaudación de los tributos como el impuesto predial.

SU ‘FORTÍN’ POLÍTICO

Por ser nativo del municipio de Aracataca y uno de los más acaudalados terratenientes de la región, Jaime Serrano Pérez, ha logrado ‘cosechar’ un amplio caudal electoral en esa región del norte del departamento. Él y su familia han estado dedicados al cultivo de la palma de aceite, lo que les ha permitido el reconocimiento como unos de los más fuertes impulsores de esa industria en el Magdalena.

Su mayor potencial eleccionario está concentrado en los municipios de Aracataca, El Retén y Fundación.

Con los ex congresistas Salomón Saade y Fuad Rapag, logró conformar un ‘fortín’ político envidiable y apetecido por la alta alcurnia política del departamento y la región. Cuando Saade y Rapag resultaron implicados en la parapolítica, Jaime Serrano Pérez quedó a “cuerpo de rey”, gran parte de los políticos locales se recostaron sobre sus sábanas, heredando un caudal electoral mayor al que tenía, convirtiéndose, tal vez, en el único ‘cacique’ político de la zona.

Su primera elección como Representante a la Cámara se dio en las elecciones de 2010 obteniendo 11.337 votos, la mayoría de esos sufragios en su ‘zona de confort’. Ya lo había intentado en una oportunidad y se había ‘ahogado’; después que coronó la credencial de congresista obtuvo el derecho de su partido para entregar avales a aspirantes a corporaciones de ese mismo periodo.

Con ese poder en sus manos, Serrano apoyó política y económicamente a concejales, diputados y alcaldes de su región, y los comentarios que se escuchaban es que tenía mayoría en los concejos de esos municipios y algunos de los alcaldes de esas mismas localidades eran de su subordinación política. Mejor dicho, el comentario general es, que él era quien mandaba en varias de esas administraciones municipales.

En las más recientes elecciones, Jaime Serrano, aunque alcanzó a duplicar la votación de 2010, pues obtuvo 28.411, ha perdido poder político en su región, ninguno de los alcaldes allí elegidos obedecen a su partido.

En la Cámara de Representantes, pertenece a la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Pública, junto a otros 28 miembros de ese cuerpo legislativo y 15 miembros más del Senado.

Esta Comisión que tiene carácter constitucional se encarga de legislar sobre temas como, Hacienda y Crédito Público, Impuestos y Contribuciones, Exenciones Tributaria, Régimen Monetario, Leyes sobre el Banco de la República, Sistema de Banca Central, Leyes sobre Monopolios, Autorización de Empréstitos, Mercado de Valores, Regulación Económica, Planeación Nacional, Régimen de Cambios, Actividad Financiera Bursátil y Aseguradora y de Captación de Ahorro.

 SOBRE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA

ARTÍCULO   183. Los congresistas perderán su investidura: 1.  Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses…

Y el Código Único Disciplinario establece en Capítulo Primero sobre la Función Pública y Falta Disciplinaria que, “Artículo 22. Garantía de la función pública. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes”.

LAS RAZONES DEL PORQUÉ ‘UN LIBERAL SIN CAUSA’

Existen por lo menos tres razones dentro de los estatutos del Partido Liberal Colombiano, que harían incurrir a cualquier miembro de ese partido en violación al origen de su causa.

Los siguientes son algunos de los lineamientos que contemplan los estatutos de la colectividad:

  1. El Partido Liberal Colombiano es el Partido del pueblo, tiene carácter pluralista y constituye una coalición de matices de izquierda democrática, cuya misión consiste en trabajar por resolver los problemas estructurales económicos, sociales, culturales y políticos, nacionales y regionales, mediante la intervención del Estado.
  2. El Partido Liberal Colombiano está comprometido con la defensa y promoción de las comunidades regionales y locales, la evolución de sus propias culturas en un ambiente de pluralidad étnica y un medio ambiente sano con servicios públicos a costos razonables que satisfagan sus necesidades básicas, en especial, vivienda digna, así como condiciones democráticas que garanticen su desarrollo autónomo en armonía con el desarrollo de la Nación.

El Partido Liberal Colombiano reitera su convicción de que la autonomía regional y local favorecen la democracia y garantizan la unidad y el desarrollo equilibrado del país.

  1. El principio de la función social de la propiedad ha sido y continuará siendo bandera del Partido Liberal Colombiano.

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