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Análisis

Incertidumbre institucional

Opinión Caribe

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Escenario político: Una Caja de Pandora

Luego del fallo del Consejo de Estado, en donde se declara nula la elección de la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, y de la inhabilitación por periodo de 13 años a 15 concejales en Valledupar, por haber manipulado las elecciones para el nombramiento de su contralor, quien también fue destituido, el Magdalena teme quedarse sin sus elegidos por situaciones similares que irrumpen el escenario político y que podrían conducir a un cambio radical en las caras de algunos de sus políticos.

Por Laura Vélez Vargas

Los primeros resultados del Consejo de Estado prometen dejar ‘sin respiración’ a más de un político de la Región, que de acuerdo con la ‘viveza’ y manipulación de votos, llega al poder.

Respecto a esta situación que durante años ha dejado en tela de juicio al Departamento, OPINIÓN CARIBE consultó con expertos, quienes plantean el acontecer en la Región de acuerdo con estos escándalos electorales.

EN CONTEXTO

La decisión del Consejo de Estado de destituir a la gobernadora del departamento de La Guajira, Oneida Pinto, tomó por sorpresa a toda la clase dirigente del Caribe. El fallo inhabilitó a la Mandataria para ejercer función política en ese Departamento y todo el país durante el siguiente cuatrienio (2016-2020) teniendo en cuenta su elección como alcaldesa del municipio de Albania en el año 2011.

Y es que, a pesar de renunciar a su cargo como Alcaldesa del mencionado municipio 12 meses antes, su renuncia, no fue dada con la suficiente antelación y, obedeciendo a la Constitución Política de Colombia, el abogado Arrieta demostró que “nadie que haya sido elegido por un periodo determinado, puede postularse para la contienda siguiente”.

Con base en lo anterior, esto podría significar la destitución de otros actores políticos en Colombia, que, al igual que el caso de la exgobernadora de La Guajira, podrían ser destituidos, tal es el caso del suspendido gobernador de Caldas, Guido Echeverry, o del alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez.

En el caso del Mandatario local, según el abogado Humberto Díaz Costa, se debe diferenciar la situación del actual alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, del caso de la exgobernadora de La Guajira, porque Oneida Pinto fue elegida alcaldesa de Albania, mientras que Martínez fue nominado, es decir, Alcalde encargado por un acto administrativo, por tanto, la inhabilidad que anteriormente fungía por dos años, y que luego pasó a uno, no lo cobijaría a él.

“No se puede aplicar la misma teoría o las mismas consideraciones del Consejo de Estado en contra del Alcalde de la ciudad de Santa Marta, toda vez que la exgobernadora de La Guajira fue elegida por cuatro años y ella renunció a su cargo en el último año para no inhabilitarse, mientras que este funcionario fue encargado y en cualquier momento podría el Alcalde en propiedad, declinar de las aspiraciones de él, esto quiere decir, que él no tenía esa inhabilidad que tienen los alcaldes elegidos”, aseguró el abogado experto en procesos electorales.

Además, afirmó, que ninguna persona ha presentado esta demanda electoral y, en caso de que alguien la quisiera presentar, ya la demanda de nulidad electoral caducó en sus efectos, porque la norma establece que son 30 días hábiles, los cuales vencieron.

RAFAEL MARTÍNEZ ¿INHABILITADO?

No es la primera vez que es cuestionada la situación del alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, puesto que fue Secretario de Gobierno y Alcalde encargado en el gobierno de su antecesor Carlos Caicedo Omar, en el período anterior a su actual elección (2012-2015).

Sin embargo, días antes de ser elegido por los samarios, el Consejo Nacional Electoral, CNE, ratificó la no existencia de inhabilidad, puesto que la Ley 617 de 2000, asegura, que no existe la inhabilidad para alcaldes encargados, solo para los mandatarios elegidos por voto, en el periodo anterior a su elección, como es el caso de la exgobernadora de La Guajira, quien fue electa por votación como Alcaldesa de Albania, municipio del mismo departamento en el que regía como Gobernadora.

En su tiempo, el actual Alcalde de Santa Marta señaló, que solo eran calumnias de la oposición y de otras campañas, sin embargo, fue investigado y el Consejo Nacional Electoral hizo la respectiva aclaración, por tanto, el entonces candidato a la Alcaldía de Santa Marta, continuó con su campaña política, consiguiendo como resultado su elección.

CASO CONTRALOR DE SANTA MARTA

En el Magdalena son varios los procesos de presunta nulidad electoral, entre ellos, y el más sonado, es la demanda en contra del contralor Distrital, Wilfrido Gutiérrez Ospino -posesionado para el período 2016-2019 como consta en el acta 007 del 10 de enero del presente año y presentado ante el Tribunal Administrativo del Magdalena por Belquin Crespo Oliveros y por la Procuraduría número 43 Judicial II de Asuntos Administrativos.

El Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda, el pasado mes de marzo, en contra de Gutiérrez Ospino, debido a que se encuentra inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público, en virtud de haber fungido como Jefe de la Oficina de Control Interno de la Universidad del Magdalena, función que desempeñó hasta el 12 de enero del presente año.

Cabe destacar, que en el momento de que se llegase a declarar la nulidad de la elección del citado Contralor, conduciría a las respectivas sanciones disciplinarias en contra de los concejales que votaron para su elección, así como lo menciona el auto admisorio de la demanda, registrado el 31 de mayo del presente año: “al admitirse ambas demandas se vinculó al Concejo Distrital de Santa Marta, en calidad de interviniente de Ley, en atención a lo dispuesto en el artículo 277, numeral 2° de la Ley 1437 de 2011”.

Lo cual traduce, que de las 18 personas que votaron para que fuera elegido Contralor, todos los concejales actuales de Santa Marta, a excepción de Juan Ruiz, deberían ser sancionados por parte de la Procuraduría, “esta sanción debe ser disciplinaria y debe traer prácticamente ‘muerte’ política, porque su ordenanza debe coincidir con la que se dio en Valledupar, la inhabilitación por 13 años de 15 concejales”, afirmó el abogado Díaz.

En la audiencia inicial celebrada en la contención se resolvió por parte de la Corporación, acumular ambos procesos en términos del artículo 282 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y se vinculó al proceso a los concejales del Distrito, que participaron en la elección del contralor, Wilfrido Gutiérrez Ospino.

Por su parte, la apoderada judicial del Concejo Distrital de Santa Marta, Omaira Manjarrés Palacio, solicitó la nulidad de toda la actuación del auto admisorio, alegando la configuración de la causal prevista en el artículo 29 de la Constitución, por supuesta violación al debido proceso y de las causales previstas en el Código General del Proceso, teniendo en cuenta que a pesar de que la elección del Contralor Distrital se trata de una función colegiada, el voto es nominal; votación en la que cada miembro de una corporación de elección popular, en este caso, el Concejo, vota a favor o en contra de un candidato y en donde quedan registrados los nombres y apellidos de los votantes.

Alegó que la notificación de la demanda debió hacerse “a todos y cada uno de los concejales del Distrito, inclusive, a aquellos que ejercieron en el pasado período electoral (2012-2015) pues fueron ellos quienes intervinieron en el proceso de selección, estudio y verificación de las hojas de vida y escogimiento de los cuatro mejores puntajes para la elección del Contralor”. Igualmente, señaló, que debe vincularse la actuación del distrito de Santa Marta.

Sin embargo, fue denegada la solicitud de nulidad, puesto que el procedimiento eleccionario del Contralor, equivale a un trámite propio inserto en los artículos 275 del C.P.A.C.A y el numeral segundo del artículo 277 indica, que para surtir y llevar a cabo la notificación del proceso electoral, “se debe notificar en forma personal a la autoridad que intervino en la elección, y en el caso concreto, la autoridad que intervino en la adopción del acto eleccionario fue el Concejo del Distrito de Santa Marta, entidad que tiene un representante, que en este caso, para efectos judiciales, es su Presidente, por tanto, no resulta válida la consideración de que deba involucrarse en este asunto a todos los concejales”.

En cuanto al distrito de Santa Marta, en consideraciones del Tribunal Administrativo del Magdalena, asegura, que la norma ordena que se debe involucrar solo a la autoridad que expidió el acto electoral, que es lo que en últimas se dilucida en la demanda, “el Distrito no es un interviniente forzoso en esta actuación, pues el tema es electoral y única y exclusivamente se está cuestionando la legalidad de un determinado acto y, por ende, nada más debe vincularse a la autoridad expedidora de este.”

De acuerdo con esto, el Tribunal Administrativo del Magdalena, además de negar la nulidad presentada por la apoderada del Concejo Distrital, compulsó copia de la acción al Consejo Seccional de la Judicatura en el Magdalena para que, si lo considera procedente, se apliquen acciones disciplinarias en contra de la abogada Manjarrés, por la falta de presupuestos procesales y una ‘clara maña dilatoria’. Y ahora, los concejales dirán “¿quién podrá defendernos?”

¿CUÁNDO HABRÁ FALLO?

Según, Humberto Díaz, como académico y conocedor de la materia, aseguró, que acaba de pasar el período probatorio, por tanto, el Tribunal Administrativo del Magdalena debe ordenar a los abogados alegato de conclusión, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, para que, en su sabio entender, el Magistrado pueda pronunciarse y dictar sentencia, en un plazo no mayor a 20 días hábiles.

“Podríamos decir, a simple vista, que, a finales del mes de julio o comienzos de agosto, debe proferirse por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena, la decisión que decreta la nulidad o no del Contralor Distrital. Este proceso es de doble instancia, es decir, que esta decisión puede ser apelada, y debe serlo, sea cual sea el fallo y cursaren el Consejo de Estado”, ratificó el abogado.

El Tribunal debe fallar o no nulidad electoral del Contralor dentro de los seis meses después de presentada la demanda y el Consejo de Estado, desde su punto de vista, tendrá los términos reducidos, según la norma, es decir, que, en un año o menos debería estarse fallando primera y segunda instancias.

Como la elección del Contralor Distrital de Santa Marta fue responsabilidad de sus votantes, en este caso los 18 concejales samarios, en caso de que se produzca el fallo en contra del funcionario, la Procuraduría debe destituir de inmediato a los concejales.

“El proceso de los concejales no se va a demandar por nulidad, sino que es un proceso disciplinario, una destitución por parte de la Procuraduría, ente independiente, con fallos y decisiones diferentes a lo que se produce en el Tribunal Administrativo y en el Consejo de Estado. Estos son actos administrativos y aquellos, disciplinarios”, dijo Humberto Díaz.

Por consiguiente, si se falla nulidad electoral en contra del Contralor Distrital, la Procuraduría debe abrir pliego de cargos en contra de los concejales y su decisión debe terminar con la destitución de estos, y la persona que quedó segundo en votación, asume el puesto, “si un partido sacó tres concejales y destituyen a los tres, entran 4, 5 y 6. Dependiendo del número de cabildantes de cada partido, si se da la destitución, serán llamados a ocupar los cargos”.

Además, afirmó, que la razón de la sanción disciplinaria es la de haber violado la Ley, puesto que los concejales votaron por una persona inhabilitada o, en el caso de Valledupar, que estaba en curso una causal de inhabilidad y esa consecuencia disciplinaria es la destitución de los ediles.

LAS NORMAS SIEMPRE HAN EXISTIDO

El Código Contencioso Administrativo fue reformado y es nombrado Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A. Entre sus nuevas normas se encuentran la ampliación de los términos de caducidad de la acción de nulidad electoral, pasando de 20 a 30 días hábiles y los términos perentorios para los fallos de primera y segunda instancias.

CASOS EN EL MAGDALENA

Son varios los procesos electorales que tienen la posibilidad de nulidad, que la ciudadanía ignora y a quienes el 25 de octubre se les confió una votación considerable para el anhelado cambio de los municipios olvidados en el Caribe, pero que contradictoriamente han elevado la corrupción política a la máxima expresión, siendo hábiles negociadores de su situación electoral en cambio de ganancias para subir al poder, sin pensar que su destitución, suspensión e inhabilidad, ocasiona el bloqueo de la Región.

Cabe señalar, que, en las últimas décadas, más de 20 gobernadores de los siete departamentos de la región Caribe, han sido destituidos e inhabilitados para el ejercicio de sus funciones públicas y esta escandalosa cifra va en aumento.

Lo cierto es que hay ‘culillo’ entre algunos gobernantes del Magdalena, que para el periodo 2016-2020 pretendían presentar soluciones a su Región, pero la ilegalidad de su elección o malas decisiones han cubierto de sombras grises sobre el futuro magdalenense.

Campea el mal ejemplo, situación que debe evitarse por parte de los ciudadanos responsables de elegir los próximos gobernantes para salvaguardar el patrimonio, porque queda en entredicho lo que sucede tanto a niveles nacionales como internacionales.

FALLOS FAVORABLES

Entre los fallos favorables se destaca el proferido la semana pasada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en única instancia en favor del alcalde de Tenerife, Jorge Mercado Botero, quien llevaba un proceso por doble militancia. Además, la negación de la demanda administrativa, en contra del concejal de Plato, Magdalena, Álvaro Luis Castro.

FALLOS EN ESPERA

No quedan exentos a las demandas por nulidad electoral, los alcaldes de Ciénaga, Edgardo Pérez Díaz; el de El Banco, Víctor Rangel Díaz; el de Sitionuevo, José Gómez Meléndez; de Ariguaní, Rivelino Mendoza; Plato, Jairo Molina; la de Sabanas de San Ángel, Shirley Pimienta y el de la Zona Bananera, Holmes Echeverría de la Hoz. Además, los casos de concejales de todo el Departamento, quienes atraviesan un proceso similar y que están a la espera de la decisión del Tribunal.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, en los municipios en donde la población no exceda los 70 mil habitantes, el Tribunal Administrativo del Magdalena, fallará en única instancia, por tanto, esos procesos no son apelables.

EL CASO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL

El jurista Díaz Costa lleva varios procesos en el Magdalena, entre ellos, el del alcalde del municipio de Zona Bananera, Holmes Echeverría, de quien la semana pasada terminó el periodo probatorio y se encuentra a la espera de la fijación de fecha para el alegato de conclusiones.

Por su parte, en el caso de Sabanas de San Ángel tanto el Alcalde como toda la Corporación de concejales están en la cuerda floja, debido a que se demanda nulidad electoral por los disturbios que hubo el día de las votaciones y la destrucción del material electoral, “la demanda solicita que se realicen nuevas elecciones, puesto que la norma o el C.P.A.C.A establece que cuando existe más del 25 % de destrucción de los pliegos electorales, deben hacerse nuevos comicios”.

Además, aseguró, que se encuentran a la espera de una prueba que se supone llegará por parte del Consejo Nacional Electoral, para continuar con el período de alegato de conclusiones y para que el Tribunal Administrativo del Magdalena defina si debe haber o no nuevas elecciones en el municipio de Sabanas de San Ángel.

Sin embargo, el abogado aseveró, que en lo concerniente a la defensa que se hizo con el caso de la Alcaldesa del municipio de Sabanas de San Ángel, la demanda fue presentada extemporáneamente y, no deben prosperar las pretensiones del accionante, “hemos logrado demostrar dentro del proceso que no se hace necesaria hacer nuevos comicios, que no hubo agresión contra los jurados ni contra los votantes, por tanto, no debe haber nuevas elecciones en este Municipio”.

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