Playa, brisa y mar sin guardavidas, Defensa Civil vs. Cuerpo de Bomberos

La Alcaldía de Santa Marta no ha suscrito el convenio para prestar el servicio de guardavidas en las playas estipuladas como zonas turísticas por el Decreto 376 del 4 de diciembre de 2015.

La demora por parte del Distrito y la disputa entre el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil suscitada por el monto del convenio que debió firmar la Alcaldía desde inicios de año para el servicio de guardavidas, ponen en riesgo la seguridad de las personas que visitan y usan las playas en época de vacaciones, que no caen en la cuenta de la ausencia de este personal.

Los balnearios zonificados por su uso turístico en el Decreto 376 del 4 de diciembre de 2015 permanecen sin señales de prevención y sin la presencia de guardavidas, principalmente la playa de El Rodadero, la Bahía de Santa Marta, Pozos Colorado y el Aeropuerto, las más visitadas y donde se han registrado en menos de dos meses cinco casos de muerte por inmersión.

La primera víctima fue el turista de Bogotá, Ricardo Osorio Rivera en playa de El Muerto; la segunda, el estudiante Davinson Caicedo Delgado de Buenaventura en El Rodadero; la tercera, el antioqueño Joaquín Restrepo Campuzano en Pozos Colorado; la cuarta, un joven turista en El Rodadero Sur; y la quinta, el samario Bienvenido Maestre Granados en la Bahía de Santa Marta.

Estas estadísticas preocupan, porque en la mayoría de estos casos, los familiares de las víctimas aseguran que murieron por no recibir los primeros auxilios de guardavidas. Esta situación provocaría que la visita de turistas disminuya en esta época de vacaciones, teniendo en cuenta que cuatro de los cinco fallecidos por inmersión provenían de otras ciudades del país.

“Es preocupante la situación, porque la ausencia de la autoridad administrativa perjudica la actividad comercial de nosotros los vendedores. Si se han registrado muertes por ahogamiento es una lástima que deban producirse para que se tomen medidas”, comenta Fabio Gómez, vendedor de agua de la Bahía de Santa Marta.

Trescientos cuarenta días en los que no ha habido servicio de guardavidas, que no solo afecta a quienes viven del turismo, sino a los mismos samarios, por tanto, se espera que mientras continúala controversia entre el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil, por mostrarse como la mejor entidad de socorro y la Alcaldía muestre la voluntad por contratar este servicio, no mueran más personas por inmersión o por sufrir accidentes náuticos.

¿QUIÉN ES RESPONSABLE?

Aunque la Dimar es la autoridad Marítima Nacional que se encarga de ejecutar las políticas del Gobierno en materia marítima, para estos casos, el responsable de asegurar la vida de los bañistas y una adecuada explotación de la zona económica exclusiva es el Distrito de Santa Marta.

“Esto es administrativo, cada alcaldía que tenga playa debe garantizarle a la comunidad la seguridad del balneario, porque los turistas podrán disfrutar de ella y dejar dividendos a la ciudad, mientras que las funciones de la Dimar se focalizan en la navegación fluvial, el no permitir la privatización de las playas de uso público”, explicó el abogado especialista en Derecho Marítimo de la ‘Sergio Arboleda’, Marcos López De La Hoz.

La Alcaldía oficialmente no ha firmado el convenio ni con la Defensa Civil, que este año en cuatro ocasiones le ha presentado la propuesta para prestar el servicio de guardavidas, ni con el Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, que ha informado extraoficialmente a OPINIÓN CARIBE, que la Alcaldía les solicitó encargarse de la seguridad de los balnearios y en los próximos días emitirá un comunicado a la opinión pública.

Se desconoce la verdad sobre esta controversia donde el protagonismo ha sido lo más importante, que exigir a través de una acción judicial el cumplimiento de la ley al garantizar la seguridad de los bañistas en la Zona Económica Exclusiva, situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, donde el Estado tiene derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación; conservación y ordenación de los recursos naturales; del subsuelo del mar y aguas supra adyacentes.

También tiene jurisdicción con respecto al establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras, a la investigación científica marina, a la protección y preservación del medio marino u otros derechos y obligaciones previstos en la Convención del Mar. Esta zona se extiende desde el límite del mar territorial (12 millas marinas) hasta 200 millas marinas. Tiene, por tanto, una anchura de 188 millas marinas.

El abogado Carlos Carrera, especialista en Derecho Comercial y Marítimo explica,que se debe tener la certeza que la entidad que debe determinar el manejo de la zona de costa es la Capitanía de Puertos, como representante de la Dimar en Santa Marta, sin embargo, se debe entender que el alcalde Rafael Martínez, como máxima autoridad policiva de la ciudad, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley 136 de 1994, determinará las políticas de seguridad y de orden público en el área del Distrito.

En este sentido, corresponde al Distrito disponer dentro de sus facultades constitucionales, la implementación de un cuerpo de guardavidas en aras de evitar que se siga posponiendo la situación en la que las playas no cuenten con estas unidades en caso de una emergencia, es decir, que ciertamente a pesar de que la Ley determine que la Dimar es la que ejerce competencia en estas zonas, el Alcalde dispone de la autoridad para ejecutar proyectos de esta índole.

SIN VOLUNTAD POLÍTICA

Se desconoce a ciencia cierta las razones por las cuales no ha suscrito este convenio anunciado por la Secretaría de Gobierno del Distrito desde el semestre pasado, pero que hasta la fecha no se ha pronunciado frente a la falta de personal en los balnearios estipulados en el Decreto 376 de 2015.

Según el Mayor Eduardo Vélez, director regional de la Defensa Civil en el Magdalena, en cuatro oportunidades ha sido presentada la propuesta para suscribir el convenio de cooperación interinstitucional con la Alcaldía para el servicio de guardavidas en las playas, en la que la entidad de socorro pone una contrapartida de 347 millones de pesos y la entidad territorial un monto de 60 millones de pesos para funcionamiento logístico, combustible, auxilio administrativo, medicamentos y elementos náuticos.

“En junio, el secretario de Gobierno, William Renán, informó, que no había presupuesto. Lo volvimos a radicar ahora en noviembre preocupados por la situación y para que se tomen medidas en esta temporada y no se presenten muertes por inmersión, pero no hemos recibido respuesta”, señaló el Mayor Vélez.

El Distrito tiene dos vías de regulación, una por Capitanía de Puerto, donde se expide un listado de las playas aptas para los bañistas en la zona urbana y rural, con una reglamentación hecha por la Alcaldía mediante el Decreto 376 expedido el 4 de diciembre de 2015, por el exalcalde Carlos Caicedo Omar.

Este documento reglamenta el uso de las playas del Distrito que tienen vocación turística como El Rodadero, Playa Blanca, Bello Horizonte, Playa Salguero, Don Jaca, Aeropuerto, la Bahía de Santa Marta y Los Cocos. Además, regula la utilización comercial y turística de estos espacios y el establecimiento de horarios para su disfrute entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m.

Otra particularidad de la norma es la delimitación de las zonas de bañistas y para la práctica de deportes náuticos con o sin motor, que pueden ser practicados desde las 6:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Este Decreto minimiza los impactos ambientales que la actividad turística tiene en estos escenarios, en los cuales también se estipula la presencia de unidades de guardavidas.

“Es necesario prever la seguridad de los bañistas por cuenta del responsable de quien tiene las playas, que es el Distrito. Es importante que se instalen las unidades de guardavidas, que son personas encargadas de la prevención o la ejecución frente a cualquier tipo accidente en la playa”, explica el Director Regional de la Defensa Civil en el Magdalena.

Hace falta señalización en las playas que identifique cuales están habilitadas para el uso y disfrute de los turistas. La Alcaldía debe poner el servicio de guardavidas para proteger a la ciudadanía.

Desde hace 8 años la Defensa Civil ha celebrado convenios de cooperación interinstitucional con la Alcaldía a través de la Secretaría de Gobierno para salvaguardar la vida de los bañistas con elementos náuticos de rescate, puestos de socorro, ambulancias y demás herramientas.

MAYOR CONCIENCIA

Si bien es cierto que la Alcaldía es responsable de salvaguardar la vida de los bañistas prestando el servicio de guardavidas, también las personas tienen su cuota de responsabilidad, porque deben acatar las normas establecidas en el decreto por medio del cual se regulan los horarios de apertura y cierre de playas, las zonas y límites establecidos para disfrutar del mar.

“A veces observamos como los bañistas son imprudentes, se van a nadar lejos de la orilla, sin saber si les da algún calambre y se ahogan. Además, no respetan el horario de cierre, porque en la madrugada van a nadar o en horas tempranas cuando no hay personas, por eso les suceden las cosas y después responsabilizan a las autoridades”, manifiesta, Jorge Bermúdez, vendedor de jugos de la Bahía de Santa Marta.

Estos casos también son reportados por los vendedores en El Rodadero, donde la norma no es acatada y los turistas que la desconocen, la violan. Además, se bañan en lugares que no están establecidos como zonas de disfrute por los riesgos que representan para la vida de los bañistas.

“El accidente que se registró en Punta Gaira es responsabilidad del joven, porque él no debió bañarse en esa zona. La gente también busca la mala hora, porque embriagados se meten al mar, se alejan de la orilla y en la madrugada también se bañan. Debemos tener mayor conciencia, no hay salvavidas”, dice Flores Mejía, vendedora de bebidas refrescantes en El Rodadero.

Los vendedores de los balnearios turísticos de Santa Marta esperan que la Alcaldía resuelva en los próximos días la prestación del servicio de los guardavidas, teniendo en cuenta que serían los más perjudicados por la poca presencia de turistas, ya que muchos han perdido la vida en el mar.

Sin dudas, el ejemplo a seguir es la unidad de salvamento acuático Corpresermar de Cartagena, proyecto piloto en el territorio nacional, ya que el Distrito precisaba por su crecimiento turístico de un cuerpo de guardavidas con plenas garantías legales, laborales, prestacionales y capacitados para la eficiente prestación de este tipo de servicios.