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Edición Especial

El Concejo, en vilo

Opinión Caribe

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Juan Carlos Palacio atribuye la falta de debates al hecho de que por la renovación del Concejo en un 80 % todavía hay cabildantes que se están adaptando a la dinámica de la administración. Proyecta un 2017 con mucho control político después de entregar facultades y recursos en 2016.

Conforme lo estipula la Ley, el concejo de Santa Marta cumplió con 150 sesiones ordinarias y de las cuarenta extraordinarias, solo se llevaron a cabo 15, los debates no exigieron demasiados esfuerzos, sin embargo, se trataron temas de trascendencia para la ciudad como lo es el Estatuto Tributario que comenzará a regir en 2017 para Santa Marta.

Juan Carlos Palacio, quien lideró la Corporación edilicia este año, curiosamente también lo hizo durante la aprobación del último Estatuto Tributario que tuvo Santa Marta en 2006, año en el que participó en la desmilitarización de la Sierra Nevada y que hoy, por casualidad, el país vive un nuevo proceso de paz.

Solo Corpamag y Decolda, que es la interventora de algunas concesiones, no asistieron a los debates, lo que representa para Juan Carlos Palacio un triunfo de su gestión.

La Comisión Primera hizo 16 citaciones y la segunda 37, se recibieron 24 proyectos para ser debatidos por los concejales. Se hicieron tres sesiones descentralizadas, en la Universidad Cooperativa de Colombia, Taganga y la más reciente en Playa Salguero para analizar lo concerniente a este entorno.

“No hemos sido un concejo tan beligerante debido a que en un 80 % ha sido renovado y hay personas que apenas se están adaptando a la dinámica de la administración, así como lo hice hace diez años, hemos reestructurado la planta de personal para que no se vuelvan a presentar casos de personas que fueron destituidas por acciones irregulares y que por este motivo el presupuesto de la Corporación se ve afectado”, informó Palacio.

Según declaraciones del presidente del Cabildo samario por las acciones irregulares de tres expresidentes del Concejo hay cerca de 170 millones de pesos cuestionados, se iniciaron acciones para que estos recursos sean devueltos al Concejo.

LOS LÍOS DEL CONCEJO POR ELECCIÓN DEL CONTRALOR

El pasado 7 de diciembre se dio a conocer el fallo del Consejo de Estado, donde se declaró la nulidad de la elección de Wilfrido Gutiérrez Ospino como contralor distrital, para el período constitucional comprendido entre los años 2016-2019, proferida en el Acta N° 007 del 10 de enero de 2016, del Concejo Distrital de Santa Marta.

Dicho fallo revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, con fecha del 22 de agosto del presente año, que mantenía al jefe del órgano de control fiscal de la Ciudad en su cargo.

La sentencia del Consejo de Estado lo único que resuelve es declarar la nulidad del Contralor del Distrito de Santa Marta, sin embargo, con lo decidido en el fallo y cuando este ya se encuentre en firme, se podrá iniciar individualmente demandas por pérdida de investidura para cada uno de los 18 de los 19 concejales (a excepción del concejal Juan Ruiz) que votaron por la elección de Wilfrido Gutiérrez a la Contraloría Distrital, o en su defecto, se podría hacer la solicitud a la Procuraduría que entre a sancionarlos por haber votado por una persona que estaba inhabilitada.

“Las acciones son individuales. Si demandan a 10 concejales, decretan 10 pérdidas de investidura; si demandan 18 concejales, decretan 18 pérdidas de investidura. La actual sentencia del Consejo de Estado lo único que decreta es la nulidad de la elección del Contralor Distrital de Santa Marta, pero ese fallo es la prueba para iniciar otras acciones como es la pérdida de investidura o como lo es una sanción disciplinaria en la Procuraduría”, certificó el abogado experto en estas lides, Humberto Díaz Costa.

Igualmente, otros juristas conocedores de temas electorales le afirmaron a OPINIÓN CARIBE, que actualmente existe un proceso abierto en contra de los Honorables Concejales, el cual reposa en la Procuraduría.

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