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Análisis

Corte Suprema garantiza justicia indígena

Opinión Caribe

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La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en el país que unifica la jurisprudencia nacional y se encarga de decidir los litigios de los cuales tiene conocimiento. Este ente se divide en Sala Plena, Sala de Gobierno, Sala de Casación Penal, Sala de Casación Civil y Sala de Casación Laboral.

Los magistrados que conforman la Sala de Casación de la Corte estuvieron en Santa Marta para compartir con los Arhuacos, pueblo indígena que habita en la Sierra Nevada, las experiencias de justicia en su jurisdicción y la cosmovisión que esta comunidad tiene de la justicia ordinaria y su propia ley.

Este encuentro se realizó en el pueblo sagrado Nabusímake donde los magistrados se reunieron con los indígenas durante más de tres horas. El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández Carlier, afirmó en exclusiva para OPINIÓN CARIBE, que se les había explicado los procedimientos que se aplicaban, las sanciones y los juicios de responsabilidad.

La Ley 89 de 1890, “por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”, estigmatizaba a los indígenas. “De 1945 al año 1975, en virtud de una Ley, se facultaba a los administradores de justicia a tratar a los indígenas como salvajes, como personas no civilizadas. Hoy por hoy es una afrenta al derecho de libre desarrollo de la personalidad, a las diferencias étnicas y a la dignidad humana; por eso en el libro en el que compilamos la jurisprudencia, hacemos el reconocimiento de los errores que se cometieron y haciendo una propuesta de reconstrucción de tejido social para no volver a utilizar ese lenguaje en la Corte”, explicó.

LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA

Según lo señaló Eugenio Fernández Carlier, los indígenas quedaron muy contentos y complacidos, porque encuentran en la Corte, una autoridad que los entiende y que los respeta.

Las comunidades indígenas siguen reclamándole al Estado su autonomía e independencia para que se les juzgue de acuerdo con su jurisdicción, porque es la única que comprende las causas y los valores culturales que alimentan su comportamiento.

“La Sala de Casación Penal de la Corte en el 2016 suscribió tres o cuatro providencias donde hemos dispuesto que el proceso por el que se está investigando a ese miembro de la jurisdicción indígena sea remitido a sus autoridades para que lo juzguen, porque en Colombia constitucionalmente está reconocido el derecho a la jurisdicción de ellos”, aseveró.

El magistrado Fernández explicó, que hay una serie de condiciones de procedibilidad, pero la competencia de la jurisdicción indígena no está determinada por la gravedad del delito. “Puede ser un homicidio, un hurto, unas lesiones, lo importante es que lo cometa un indígena dentro del ámbito de su resguardo, por razón de sus valores culturales y que su comunidad ofrezca las garantías y sean competentes para el juzgamiento”, señaló.

No obstante, en caso de que un indígena sea víctima de un hecho delictivo por parte de un ciudadano del común, el proceso es juzgado por la justicia ordinaria ya que la jurisdicción está determinada por la condición de sujeto activo. “Se necesita que un sujeto activo sea un indígena para que sea su propia comunidad la que tenga la competencia para juzgarlo”, anotó el Magistrado.

La Sala Penal se había propuesto reunirse no solo con la comunidad Arhuaca, sino también incluir a los miembros de la etnia Kogui, sin embargo, las condiciones climáticas impidieron el desplazamiento hacia la zona prevista.

DIVERSIDAD DE TEMAS

Por otra parte, los magistrados también aprovecharon su estadía en la ciudad para recorrer el Tribunal de Santa Marta con el propósito de ‘alentarlos’ con la gestión de justicia que hacen, en especial, porque de acuerdo con lo dicho por el Presidente de la Corte Suprema, el concepto generalizado es que la justicia se administra. “Que hay errores, equivocaciones, pero entendemos que son humanos, de buena fe, no con el ánimo de infringir la Ley”, señaló el juez Fernández.

Se programaron varios eventos para tratar temas polémicos en materia penal, tales como: la petición absolutoria, los preacuerdos o negociaciones para la responsabilidad penal de los procesados, momento consumativo del delito de peculado, entre otros.

Uno de las líneas tratadas que más generó interés fueron las recomendaciones o buenas prácticas que se deben utilizar para que los procesos penales sean más ágiles y efectivos. Entre las sugerencias entregadas por el Presidente de la Corte Suprema están, que los fiscales y jueces sean concretos en la exposición de los hechos; que tengan conversaciones o diálogos y hagan acuerdos sobre la actividad probatoria que deben cumplir; que sean respetuosos en el trato para con los jueces, los fiscales, los defensores y procesados; así mismo, la manera en que se debe interrogar a un testigo, sobre qué temas hacerlo; cómo se debe descubrir una prueba y demás. “Se dieron algunas recomendaciones y se profundizaron algunos detalles con el fin de mejorar el servicio de justicia”, agregó el Magistrado.

CRISIS CARCELARIA PRESIONA A LOS JUECES

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia aseguró, que la crisis carcelaria que se vive en el país tiene presionado a los jueces, por estas razones se han presentado algunas dificultades. “Uno como juez es humano, uno siente el dolor y el problema de la persona que está juzgando y procesando; así le toque dictar una sentencia en su contra, no se puede olvidar que es un individuo que tiene sentimientos, problemas, derechos y obligaciones”.

En diferentes ciudades del país el hacinamiento es tan desproporcionado que el Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, decidió restringir el ingreso de internos en las cárceles del país para evitar que se siga atentando contra la dignidad humana.

Frente a este tipo de casos, el magistrado Fernández señaló, que un Estado responsable debe establecer penas privativas de la libertad, además de tener los espacios adecuados para recluirlos.

Sobre posibles decisiones condicionadas de los jueces, generadas por la situación carcelaria en el país, el funcionario negó que haya impunidad en algunos casos y añadió, que “en estos momentos hay una deficiente prestación del servicio y el Ministerio de Justicia debe resolver este punto”.

CORTE, EXCLUIDA EN LA JEP

Durante una charla adelantada en el auditorio ‘Roque Morelli’ de la Universidad del Magdalena, los magistrados señalaban que la Corte se sentía excluida en la Justicia Especial para la Paz, que aún no ha entrado en funcionamiento.

Recientemente se aprobó el acto legislativo, pero se requiere de una Ley Estatutaria que lo desarrolle para la elección de los magistrados que integran ese Tribunal especial. “El proceso de justicia establecido para el Proceso de Paz en Colombia es necesario, son más los beneficios que los perjuicios. Le entregaron la administración de justicia a un Tribunal especial, esperemos que se conforme y sepamos quiénes van a ser designados en esa Justicia Especial para la Paz, porque por su composición, tenemos una noción más objetiva y sólida de la confianza que se pueda depositar en esas decisiones”, añadió.

FUTURO DE LA JUSTICIA

La Justicia siempre tendrá problemas en Colombia, sobre todo en materia penal. El Presidente de la Corte Suprema indicó, que “los problemas radican en lo siguiente: ¿A quién le gusta que lo condenen? ¿O que, al papá, a la mamá o al pariente lo envíen a la cárcel? Las personas cercanas a esos señores que son condenados se sienten afectados y van a hablar mal de la justicia. Nosotros no podemos hacerles eco a esas críticas, debemos centrarnos en que el juez absuelva a quien sea inocente o condene a quien se le declare responsable”.

Enfatizó, que los controles para este tipo de situaciones es preguntarse ¿Cuáles fueron las pruebas que se llevó al proceso? ¿Qué dijeron los testigos en el caso? Los argumentos del perito y los resultados de la prueba documental. “Con base en esa prueba, tomar la decisión, así se oponga a los comentarios que hacen en la calle, porque ahí es donde opina el vecino, el compadre, un enredo de ideas que a veces no corresponden a la verdad, aunque otras veces sí. Los jueces no podemos fallar con base en el que dirán, sino con base en lo que digan las pruebas en el proceso”.

El abogado magíster Christian Rodríguez Martínez, director del Programa de Derecho de la Universidad del Magdalena, definió la presencia de la Corte Suprema en el Alma Máter como un hecho histórico. “Es la primera vez que nos visita el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema y que los estudiantes, docentes y egresados tuvieron la oportunidad de compartir con personas que representan las leyes académica y jurídica de este país; resulta bastante interesante, sobre todo en los temas actuales del derecho penal, es decir, todas las novedades jurisprudenciales y doctrinales”.

 

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