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Análisis

Escoltas, ¿necesidad o lujo?

Opinión Caribe

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El Gobierno Nacional autorizó la revisión de los esquemas de seguridad de personas amenazadas para verificar si siguen en riesgo, porque se han presentado casos comprobados, que quienes los solicitan lo han hecho con información falsa y otros los aprovechan para servicios personales.

Son esquemas de protección innecesarios, cientos de millones anuales en gastos y abusos absurdos del sistema. Por lo cual se intensificará la revisión que viene haciendo el Gobierno del sistema de seguridad de los altos funcionarios, para determinar en qué casos se puede prescindir de ellos y ahorrarles este dinero a los colombianos, tarea que llevan a cabo el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas y la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional.

El ministro de Defensa, Luís Carlos Villegas, manifestó, además, que esto no se hace de manera aleatoria y que las personas que tengan reducción de estos esquemas son, porque realmente ya no los necesitan; la meta es reubicar a por lo menos 1.500 policías.

QUÉ ES UN ESQUEMA DE SEGURIDAD

Un esquema de seguridad es un equipo de seguridad que debe seguir un plan, ya sea permanente o dinámico. El equipo debe estar conformado por hombres de seguridad entrenados según la necesidad y requerimiento del protegido, bienes o áreas a proteger. A su vez el plan debe ser elaborado con base en los requerimientos que exija la situación del protegido, los bienes y/o áreas a proteger.

CUÁNTO CUESTAN

Carros y apartamentos blindados, chalecos antibalas, botones de pánico, escoltas armados, gasolina, viáticos y hasta escudos blindados.

Con base en un artículo de El Tiempo, la lista de los costos asumidos por el Estado para garantizar la seguridad de más de 8.000 esquemas de seguridad, algunos de ellos con 20 o más escoltas, cada año le cuestan al país más de 483.000 millones de pesos, asumidos por la Unidad Nacional de Protección, la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía y la Procuraduría.

A inicios del 2017, el exprocurador Alejandro Ordóñez se vio envuelto en una fuerte polémica, porque se reveló que después de tres meses de haber salido del cargo conservaba el esquema de seguridad que tenía como jefe del Ministerio Público: al menos 12 camionetas blindadas para él, su esposa y sus hijas, y casi 50 escoltas. Un abultado esquema que según la congresista Angélica Lozano vale 390 millones de pesos cada mes.

La Procuraduría, hoy en manos de Fernando Carrillo, señala que se deben bajar los costos de la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes, en los que cada año se están invirtiendo $ 15.000 millones.

Lo propio hizo el ministro de Defensa, Luís Carlos Villegas, y la orden se extendió a los generales y almirantes de las Fuerzas Militares y la Policía. El general William René Salamanca, director de Protección de la Policía, afirmó, que la orden presidencial es que “quien tenga esquema de seguridad es porque realmente lo necesita”.

En la misma vía, una de las primeras decisiones del fiscal Néstor Humberto Martínez fue reducir drásticamente la seguridad que tenía su antecesor, Eduardo Montealegre, quien dentro del mismo bunker de la Fiscalía se movía con más de una docena de escoltas.

El asunto ya fue objeto de un debate en el Congreso, promovido por el senador conservador Hernán Andrade: ¿la mejoría en todos los indicadores de seguridad en el país, especialmente en los asuntos de orden público, no debería reflejarse también en la reducción del ‘ejército’ de guardaespaldas y camionetas blindadas a cargo del Estado?

No se trata, dice Andrade, de desproteger a quienes realmente están en riesgo, pero sí de racionalizar el uso de los esquemas de seguridad, para ponerlos a tono con una realidad en la que la capacidad de violencia del narcotráfico y de los grupos armados ilegales se ha disminuido por los golpes del Estado.

“Tener un esquema de seguridad da estatus, la gente cree que sube de estrato y da nivel. Muchas personas no lo necesitan, pero se nos volvió un gusto. El 50 por ciento de los esquemas nacieron por amenazas de las Farc, y ahora, aprovechando el cese del fuego y de hostilidades por parte de la guerrilla y la negociación con el Gobierno, esto debe revaluarse”, dijo el Senador conservador a el periódico El Tiempo.

En el mismo sentido, el analista Hugo Acero dice que “muchos esquemas, más que de seguridad, se han convertido en elementos de lujo que dan prestigio a los personajes ‘protegidos’. Ya no tenemos la misma situación de comienzos de siglo ni de los años 90, cuando había riesgos de secuestros y de atentados”.

La tarea de reducir los esquemas no será fácil, pues solo la UNP coordina 6.571 esquemas propios y decenas de altos funcionarios que tienen también apoyo de la Policía y anillos de seguridad del Ejército en las zonas de vivienda. La Fiscalía maneja la seguridad de 50 funcionarios y de unos 200 testigos a los que sacan del lugar de la amenaza y ubican en casas de protección. El personal de seguridad, al igual que los equipos y medios de transporte, corre por cuenta del ente acusador.

COSTOS

Basados en un informe especial del diario El Tiempo sobre los esquemas de seguridad pudimos establecer que un esquema de un carro blindado y dos escoltas le vale al país $20 millones mensuales. Y si el protegido es un asiduo viajero, los costos se incrementan por cuenta de los viáticos. En el caso del Congreso, la Unidad de Protección y la Policía pagan 300 millones de pesos anuales tan solo en viáticos para los escoltas. Los congresistas, además, tienen carro blindado en Bogotá y otro en su región de origen o vivienda.

En materia de casas blindadas, es emblemático el caso de un exalcalde de Bogotá cuyo apartamento fue protegido contra ataques de balas a un costo de 100 millones de pesos. Lo vendió y exigió que su nueva casa fuera blindada, a un costo similar.

Otro gasto millonario es el de gasolina. Hasta hace un año, la UNP pagaba 1.200 millones mensuales en combustible por todos sus carros. Cuando se implementó un chip que permite medir los recorridos, esa cuenta bajó a 800 millones. Hasta ahora no hay una explicación válida de por qué bajaron los costos cuando hubo controles.

La UNP adelanta desde hace más de un año una revisión de los niveles de riesgo y, dice el director, Diego Mora, en promedio se está logrando una reducción del 20 por ciento de esquemas, especialmente en el caso de muchos exfuncionarios que seguían con carro y conductor por cuenta del Estado.

Pero esos intentos muchas veces se encuentran con tutelas, denuncias internacionales y hasta con supuestos montajes, para conservar los esquemas. La Fiscalía investiga los casos de un exdiputado que denunció que había sido víctima de un intento de asesinato y de una excongresista, quienes denunciaron ataques después de ser notificados del retiro de la escolta.

Para el debate quedan casos como los de 43 de los 45 concejales de Bogotá, que tienen carro blindado y dos policías en moto para moverse por la ciudad, a pesar de que la misma UNP considera que el riesgo es bajo.

CASOS RELEVANTES

Uno de los casos que llamó la atención en las altas esferas es el de la señora Martha Elena Díaz Ospina, -representante Legal de la Asociación de Familias Unidas por un solo Dolor- Afusodo, quien contaba con esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección, UNP, desde el año 2012, porque el Juez 16 de Control de Garantías de Barranquilla le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Los hechos imputados por la Fiscalía se adecúan a los tipos penales de Fraude Procesal, Fraude de Subvenciones y Falsa Denuncia, al haberse establecido que a la señora Martha Díaz Ospina, la UNP le había retirado su esquema de protección el 27 de julio de 2016, porque su nivel de riesgo era ordinario, pero en el trámite de reposición en contra de esa decisión, la señora Martha Díaz presuntamente se produjo un auto atentado, haciendo que le dispararan a su vehículo asignado, con lo que logró se abriera un proceso penal por tentativa de homicidio y que no se le retirara su esquema de protección por ser un hecho sobreviniente y se ordenara una revaluación del nivel de riesgo.

Durante el desarrollo de la investigación se determinó, con base en entrevistas y declaraciones juradas de otros partícipes, que dicho atentado no correspondía a la realidad, al igual que otras amenazas como la de un sobre bomba, electrónicos amenazantes, motocicletas y camionetas amenazantes, que en el año 2009 denunció la señora, razones por las cuales se le otorgaron medidas de protección.

El costo del esquema de protección asignado a Martha Díaz Ospina desde el año 2012 fue, según la Fiscalía, superior a los 1.200 millones de pesos, suma sobre la que se imputó el delito de Fraude de Subvenciones y las 5 denuncias presuntamente falsas, de amenazas y atentados, permitieron la imputación del delito de Falsa Denuncia.

Todos estos acontecimientos indujeron al error a los funcionarios que le otorgaron y ratificaron medidas de protección, por lo que también se le formuló imputación por el delito de Fraude Procesal.

La UNP se constituyó como víctima en el proceso penal y participó activamente en las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento que se realizaron en el complejo judicial de la ciudad de Barranquilla.

Un ejemplo de ello es el caso del líder de la Organización Afrodes, Bernardo Cuero, a quien el día 13 de septiembre de 2013 le asignaron medidas de protección, a través de trámite de emergencia, consistentes en Medio de Comunicación, Chaleco Antibalas y Apoyo de Reubicación para salir de la zona de riesgo, pero fue asesinado.

Cuatro evaluaciones de riesgo consideraron el retiro de estos, porque tanto el Grupo de Valoración Preliminar, GVP, como el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, Cerrem, se fundamentaron en que la situación de riesgo se derivaba de una circunstancia personal y no estaba relacionada con el conflicto armado.

De igual manera el caso del señor Porfirio Jaramillo Bogallo, reclamante de tierras en Turbo, Antioquia, quien el 2 de agosto de 2016 le solicitó a la Unidad Nacional de Protección, un esquema de seguridad. Se le puso a su disposición la coordinación de medidas preventivas con la Policía Nacional, medidas que fueron rechazadas por el beneficiario argumentando razones de seguridad.

En el desarrollo de la ruta de protección se logró establecer que el señor Jaramillo Bogallo no se encontraba en el lugar donde reportó la situación de amenaza, es decir, en Turbo, Antioquia, sino fuera de la zona de riesgo en el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Por estas razones y conforme al factor territorial se realizó reasignación de Analista del Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información – Ctrai -, trasladando el caso a una analista del departamento de Córdoba. Dentro del trabajo de Campo, la analista realizó entrevista de carácter personal al señor Jaramillo Bogallo, donde conforme a lo consignado en el acta de entrevista, este último manifestó su voluntad de permanecer en el municipio de Planeta Rica, Córdoba, por tener arraigo familiar y desempeñar actividad económica que le permitía suplir sus gastos y en la que ratificó que no representaba riesgo alguno para su seguridad personal, al decir, «me siento tranquilo».

Adicionalmente, durante la entrevista se le hicieron algunas recomendaciones de autoprotección y se le solicitó mantener informada a la Unidad sobre cualquier interés de retornar a la zona de riesgo. El día 29 de enero de 2017, en horas de la mañana, la Unidad Nacional de Protección es informada que el señor Porfirio Jaramillo Bogallo, quien se encontraba en su lugar de residencia había sido llevado por la fuerza a las 21:30 horas y hallado sin vida a la entrada de la vereda El Dos en el municipio de Mutatá, Antioquia.

EN EL MAGDALENA

La otra cara de la moneda es que en el departamento del Magdalena se conocen casos de amenazas en contra de dirigentes políticos que no cuentan con un esquema de seguridad apropiado.

OPINIÓN CARIBE habló con el diputado del Magdalena, Alex Velásquez, quién denunció que fue amenazado a través de un panfleto que fue dejado en la portería del edificio donde reside.

El Diputado aportó evidencias a la Fiscalía donde se ve a la persona que dejó el panfleto, por lo cual se adelantan las investigaciones para dar con los autores de esta actividad intimidante.

Una vez ocurrido el hecho y ponerlo en conocimiento de las autoridades pertinentes, solicitó en nombre de la Confederación Nacional de Diputados exponer no solo su caso, sino el de muchos diputados del país, que sufren el flagelo de amenaza, lo cual amerita una especial atención por parte de la UNP. La cita para exponer sus inquietudes ante el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora, le fue concedida para el 6 de julio.

OTRAS OPINIONES

Teniendo en cuenta la importancia de este tema, el diputado Edward Torres puntualiza que es una medida que se toma por parte del Presidente de la República por algunas reclamaciones de nivel nacional, sin embargo, los efectos se sienten a nivel territorial. “En el caso del departamento del Magdalena se redujeron algunos esquemas de seguridad que considerábamos, no era pertinente por el nivel de riesgo que representamos muchos de nosotros. No se hicieron hacer estos análisis de tipo individual por una problemática a nivel nacional, ahí salimos perjudicados muchos diputados”.

OPINIÓN CARIBE también conversó con el diputado Álvaro Orozco, quien señaló, “que esta decisión afecta a quienes presentan riesgo por algunas posturas asumidas frente a denuncias que se han hecho a nivel nacional, sobre todo, porque ha sido amenazado 3 veces, y solo cuenta con un agente.

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