El costo de graduarse

No basta cumplir con los requisitos que exigen las Universidades para obtener un ‘cartón’ que certifica que tienen una carrera universitaria, porque los estudiantes también deben asumir un costo, que en ocasiones es exorbitante.

La senadora bolivarense Nadia Blel, del partido Conservador, radicó un Proyecto de Ley con el cual pretende reducir sustancialmente el precio que pagan los estudiantes por el ‘derecho a grado’.

El proyecto se lleva a cabo después de un estudio con respecto al costo de este, y se encontraron que el valor oscila entre los $100.000 y $800.000 pesos, lo cual vulnera el derecho a la educación y al trabajo.

Por ejemplo, encontraron que, en la Universidad Nacional, este servicio cuesta unos $300.000 pesos, que incluye el gasto del acto de graduación, carnet de egresado, impresión del diploma.

De igual manera, la Senadora asegura, que la ceremonia de grado debería ser opcional, pero el derecho de grado debe ser inherente al logro académico y a la recompensa de haber cumplido con los requisitos y no estar sujeto a costos.

Con este proyecto pretenden que los estudiantes respondan solo por el costo del diploma y no por los gastos adicionales que de cierta forma tiene el derecho de grado.

Apenas se inició el trámite legislativo del proyecto con el que se busca que ese gasto sea opcional y no de manera única que trunca la posibilidad de un empleo.

UNIVERSIDADES EN SANTA MARTA

Con respecto a este tema, OPINIÓN CARIBE consultó a las directivas de las diferentes universidades que se encuentran en la ciudad, para conocer el valor del derecho a grado en los programas de pregrado y en posgrado. Sin embargo, solo respondieron 3.

En la Universidad del Magdalena el valor al derecho de grado en la modalidad de pregrado es de $ 219.488 pesos; en posgrado $658.463 pesos. En la Universidad ‘Jorge Tadeo Lozano’, posgrado $593.00 pesos y en la Universidad ‘Sergio Arboleda’ en pregrado tiene un valor de $521.300 pesos, igual en posgrado.

De igual manera, algunos estudiantes se mostraron inconformes con el valor del derecho a grado en sus universidades; otros no muestran interés sobre el tema; y otro grupo, en especial de la Universidad del Magdalena, justifican el pago del derecho de Grado.

Para Anderson Marín, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de Unimagdalena y miembro de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles, Fenares, le comentó a este medio, que el gran problema de las Universidades públicas en Colombia es la desfinanciación.

“Si tuviéramos más financiación como Universidades públicas especialmente las regionales, tendríamos más dinero para inversión en investigación, preparación de los estudiantes para las pruebas Saber Pro, contratación de docentes de planta, que es lo que le da la calidad a las Alma mater”.

En cuanto al tema del derecho de grado señaló, que es un problema general en Colombia, sin embargo, aseguró que la Universidad del Magdalena en los últimos meses ha buscado ayudar a los estudiantes. Desde el Consejo Superior han impulsado acuerdos en cabeza del Rector, los cuales han ayudado a los estudiantes, por ejemplo, los educandos de grado solo pagan el 20 % de la matrícula.

No obstante, se refirió a que anteriormente el grado por ventanilla era más costoso que las ceremonias, pero que por el acuerdo 017 se logró igualar el costo de estos.

EL COSTO DEL DERECHO DE GRADO

Con respecto al Proyecto de Ley que busca disminuir el costo del derecho de grado, piensa que los legisladores se dedican a dar soluciones superficiales y no buscan una solución definitiva o de fondo. “Para mí la solución es que se les aumente el presupuesto a las Universidades públicas”.

Asimismo, expresó que la Universidad del Magdalena es una de las que menos dinero recibe en el orden nacional, puesto que recibe $2.000.000 pesos semestral por estudiante, mientras que otras Universidades reciben $9.000.000 y $ 16.000.000 millones de pesos per estudiante.

Por tanto, define el derecho de grado como otro ingreso de la Universidad, lo cual cubre el valor de la toga, la cintilla marcada con su nombre y el programa, carnet de egresado, el diploma, acta de grado y demás. También manifestó, que en estos momentos la problemática en la Universidad no es el costo de este, sino, los requisitos para graduarse.

De igual manera aseguró, que una pequeña parte de la población estudiantil se queja por el precio del derecho de grado, pero a la vez son conscientes que en otras Universidades es más costoso.

“Acá en la Universidad del Magdalena si justifico el costo del derecho de grado, aunque la ceremonia se realice en el Campus Principal hay toda una logística que se debe pagar, el diploma, el carnet de egresado, los trámites que se hacen desde la Secretaría General. Todo eso entra a la base general de la Alma mater y es otra forma de obtener recursos”, puntualizó Marín.

Con lo anterior, Anderson Marín aseguró, que la crisis actual de las Universidades públicas no se va a solucionar disminuyendo o quitando el cobro del derecho de grado, cree que el Congreso debe impulsar Leyes que beneficien de manera directa a los estudiantes.

El representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de Unimagdalena señaló, que cada vez a las Universidades públicas les toca sacar más dinero o producir, porque los recursos girados por el Ministerio de Educación son pírrricos.

SI SE APRUEBA EL PROYECTO

Al preguntarle a Anderson Marín su concepto sobre la aprobación del proyecto de ley, respondió, que los primeros en alzar la voz serían las Universidades privadas. Pero, él como estudiante de un pública no comparte esta ley, pero la respeta, porque asegura que deben ser consecuentes y saber cómo se financia la Universidad.

“La educación en Colombia debe ser gratuita, pero no lo es, a nosotros nos toca asumir unos costos. Como estudiante de Universidad pública creo que no nos convendría que nos quiten el costo del derecho a grado, porque es una manera de generar ingresos. Si se desfinancia la educación, el perjudicado de manera directa es el estudiante”, expresó Marín.

Cabe resaltar, que la senadora Nadia Blel manifiesta, que esta es una iniciativa que beneficiará a los estudiantes de escasos recursos económicos.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES

El presidente de Ascun, Adolfo León Atehortúa, durante una entrevista en Blu radio, sobre el proyecto de ley presentado por la Senadora del Partido Conservador, aseguró, que si este es aprobado, debe haber un presupuesto para suplir los costos de grado.

También se refirió a la diferencia entre las universidades públicas y privadas y los costos de estas.

Atehortúa explicó que los cobros que se hacen actualmente por el derecho de grado incluyen la revisión de las notas de toda la vida académica del estudiante, el diploma, la ceremonia y todo lo que la universidad desee incluir en la tarifa.

Que las Alma mater son autónomas de elegir el precio del derecho de grado, y no puede cuestionar a las universidades o asumir su defensa con respecto a los cobros.

Los centros de educación superior oficiales y privados tienen precios diferenciados los unos de los otros. En cuanto a las Universidades públicas, estas tienen unos costos mínimos que se refieren al diploma y al acta de grado.

Dentro de todo el movimiento que ha ocasionado este proyecto de ley, el Presidente de Ascun señala, que comparte el hecho que no se cobren los derechos de grado, sin embargo, se debe tener en cuenta que se les arrebataría un ingreso a las universidades públicas, que se va en contra de la financiación de la educación pública y esto es un ingreso importante.

Las universidades privadas no son las perjudicadas, porque estas pueden incluir ese derecho en las matrículas semestrales. Por tanto, la propuesta de ley puede ser inoficiosa con respecto a las privadas, pero a las públicas les quitaría un ingreso.

“El derecho de grado en las universidades públicas oscila entre los $100.000 y $300.000 mil pesos, sumando unidades se convierte en un gran recurso, que, si se le quita, entraría en la lista de tantos otros que se les ha quitado últimamente, por lo cual se debe aprobar un presupuesto adicional que supla esos costos”, expresó Adolfo León Atehortúa.

La Senadora del partido Conservador reveló que las universidades cobran derechos adicionales haciendo que los estudiantes que han cumplido con su vida académica se vean limitados por los costos.

Así mismo, en una nota publicada por el medio Portafolio, se dice que el cobro que exigen las universidades por el derecho de grado debe ser equivalente al costo de la producción física del diploma.

También señalan que, con respecto al tema, el procurador Edgardo Maya, a través de un concepto emitido a la Corte Constitucional en el que aclara que «para el Ministerio Público resulta razonable que las instituciones de educación, de conformidad con la ley, expidan como constancia un diploma con características estéticas y de seguridad cuyo costo de elaboración tienen derecho a recuperar. Sin embargo, esto no debe representar un costo excesivo para los estudiantes».

Se refirió, además, que el costo por derecho de grado en algunas universidades consultadas oscila entre los 300.000 y los 500.000 pesos, la impresión de los diplomas en sitios especializados en esa tarea puede estar entre los 3.500 y los 9.000 pesos. La diferencia en el valor del diploma varía de acuerdo con la clase de papel y la técnica que se use para producir el documento.

El Procurador también aclaró, que, aunque al parecer el valor de los derechos de grado incluye el costo de la ceremonia de graduación (que es autonomía de cada universidad) el derecho a recibir el título profesional es un derecho independiente de esas ceremonias.

«La participación y aportes económicos de los estudiantes en estos actos no pueden condicionar la entrega del título», explicó Maya a la Corte Constitucional, que estudia una demanda contra el parágrafo primero del artículo 122 de la Ley 30 de 1992, a través de la cual se organiza el servicio de educación superior.