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Los falsos positivos del Taykú

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Pese a los argumentos del ente acusador, el fiscal del proceso no se ha presentado a ninguna de las audiencias programadas por el Juzgado. Los presuntos implicados en el proceso aseguran, que violaron sus derechos y que los verdaderos responsables del fracaso del proyecto no están vinculados en el caso.

El Parque Taykú ha sido considerado como uno de los ‘elefantes blancos’ de la capital del Magdalena. El terreno dispuesto para la ejecución del proyecto era el antiguo ‘Rumbódromo’.

Hoy, este espacio se encuentra abandonado, con obras de concreto a medias que reflejan el fracaso de una iniciativa que buscaba la recuperación del Centro Histórico de la ciudad más antigua de Colombia.

Sandra Rubiano.

En noviembre de 2006, la Fiscalía General de la Nación presentó los primeros resultados del proceso penal con radicado N° 2017-00005-00, a cargo del Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta, sobre las presuntas irregularidades encontradas en el proyecto de construcción del parque Taykú y sobre la captura de cuatro personas, entre ellos tres exsecretarios de la Gobernación del Magdalena: Frank Noble Olivero, Omar Adolfo Guerrero Orozco, Pedro Santiago Bonilla Barreto y Sandra Rubiano Layton.

Los cuatro implicados eran sindicados por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de peculado e interés ilícito en la celebración de contratos.

Ha transcurrido un año y cuatro meses y aunque los vinculados en el proceso se encuentran en libertad, todavía no se ha podido llevar a cabo el juicio del caso que determine si son responsables como los sindica la Fiscalía o si hubo un error por parte del ente acusador.

LA OBRA

En junio de 2005 se firmó el contrato N° 046 con la Sociedad Colombiana de Arquitectos cuyo objeto fue la realización del concurso para la elaboración del diseño urbano y arquitectónico de un parque en Santa Marta.

Frank Noble.

El concurso exigía, por parte de los proponentes, una visita de obra, para que los posibles licitantes revisaran el estado del terreno y con base en eso, entregaran el diseño.

Al concurso se presentaron 17 propuestas de la cual escogieron como ganadora la del arquitecto Néstor Medina Aguilar. A través del contrato 029 del 27 de enero de 2006, la Gobernación del Magdalena entregó al diseñador, los estudios y diseños estructurales, hidráulicos, sanitarios, gas, eléctricos y presupuesto; mientras que la Alcaldía contrató los estudios de eficiencia energética.

El 12 de octubre de 2006 se firmó el convenio 1377 que tenía como finalidad “integrar esfuerzos entre la Nación, el Departamento del Magdalena y el D.T.C.H. de Santa Marta para la primera fase de las obras de Recuperación de Espacio Público del Centro Histórico”. Entre esas se incluía el Parque Taykú.

Para la ejecución de este proyecto, el Ministerio de Cultura aportó 1.300 millones de pesos, recursos de destinación específica para el plan especial de protección del Centro Histórico. El Parque Taykú aparece como la isla ambiental # Plano PP04 y zona de transferencia plano.

Omar Guerrero.

Los presuntos implicados sostienen, que “durante el primer semestre de 2006, fecha hasta la cual estuvimos en el gobierno, la construcción no tuvo ninguna paralización ni suspensión y al proyecto lo dejamos hasta el 26 de junio de la misma anualidad, activo”.

 

 

ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA

De acuerdo con información publicada por la Fiscalía a través de un comunicado de prensa, la investigación se realizó en el marco de la Ley 600.

“Se efectúa por la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, en el caso de la construcción del llamado parque Taykú, que debía erigirse en un lote de la Gobernación localizado en la calle 22 entre las avenidas Santa Rita y la del Ferrocarril.

El año 2006, la Administración Departamental determinó la construcción de las obras del parque y contrató con la Unión Temporal Taykú. A esta empresa le fueron girados 1.600 millones de pesos, los cuales representaban el 50 % del monto total del contrato. Posteriormente, se determinó una adición de 741 millones de pesos para la conclusión de la obra.

En el parque se hicieron obras por unos 1.600 millones de pesos; sin embargo, el contrato se tramitó, se celebró y fue liquidado en el 2006.

Las irregularidades presentadas comenzaron con la misma obra, pues el costo real de la misma era de 9.000 millones de pesos y se contrató apenas por $3.200 millones. Las investigaciones de la Fiscalía muestran que fueron violados los principios de economía, transparencia, planeación y organización y responsabilidad, protegidos por las normas que regulan la contratación administrativa. Entre los hechos investigados por la Fiscalía están la ausencia de disponibilidad presupuestal y la no realización de estudios previos”, dice la Fiscalía.

PARALIZACIÓN DE LA OBRA

Bajo la administración del entonces gobernador Trino Luna Correa, se adjudicó la obra y mediante la Resolución 045 de febrero de 2007 se elaboró un contrato para la construcción de la primera fase del parque Taykú. Es por esto que se firma el contrato 081 de febrero del mismo año, para el inicio de la obra y se autoriza el anticipo del 50 %.

“El proyecto empieza a ejecutarse sin inconvenientes hasta cuando se hace necesario realizar ajustes al diseño por imprecisiones de la topografía, proceso que se realiza sin paralizar la obra”, explicaron los implicados.

Los trabajos se suspendieron el 28 de septiembre de 2007 por la inexistencia de una licencia de construcción. Sin embargo, el Artículo 30 del Decreto 2181 de 2006 señala, que “expedido el decreto que adopte el plan parcial por parte del alcalde municipal o distrital, no se requerirá licencia de intervención y ocupación del espacio público para ejecutar las obras que se encuentren previstas en el respectivo plan parcial”.

Así mismo, el parágrafo 1° del Decreto 564 de 2006, estipula, que “las entidades del nivel central o descentralizados de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital… no están obligadas a obtener licencias de intervención y ocupación del espacio público cuando en cumplimiento de sus funciones, ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamentales, municipales o distritales…”.

Hay que mencionar, que la decisión de suspender la obra no fue apelada por el gobernador de turno, Francisco Infante Vergara, pese a que solo faltaba mes y medio para la entrega prevista.

EMBARGARON LOS RECURSOS

Los implicados sostienen que cuando entregaron a la Gobernación del Magdalena, quedaron en bancos 1.377 millones de pesos, con los cuales debía terminarse la primera fase del proyecto.

A pesar de ello, el 28 de noviembre de 2007, embargaron al Departamento por la suma de 43.616 millones de pesos.  “El embargo más grande de la historia del Departamento en el que se comprometieron los dineros destinados a la terminación del proyecto (1.377 millones de pesos), pese a que tenían destinación específica porque habían sido aportados por el Ministerio de Cultura”.

Los recursos se utilizaron a favor de un embargo de Fonprecom. Los implicados aseguraron, que “Edgardo Vives Campo, suegro del exgobernador Infante Vergara, figuraba como beneficiario del embargo, incurriendo en los delitos de peculado por aplicación oficial diferente y abuso de autoridad por acto arbitrario. Además, (Infante Vergara) infringió el estatuto disciplinario al incurrir sin denunciarlo, ni declararse impedido en ‘conflicto de intereses’ por lo cual ahora si está siendo judicializado por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde fue citado a rendir indagatoria hace varios meses”.

RECHAZO DE IMPLICADOS

Frente a los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, los implicados afirmaron, que “el ente acusador ordenó al Cuerpo Técnico de Investigación realizar un perito con experto de los costos del contrato de obra N° 081 de fecha 7 de febrero de 2007.

Se concluye por parte del perito al realizar el análisis comparativo del valor total del contrato por $4.466.723.717 y el valor que este debía tener de acuerdo con los precios que se manejan a nivel nacional y que  se firmó por $469.760.910, por debajo del precio real, que no existió sobrecosto”.

Así mismo, que “el contrato sí estaba financiado con aportes de $1.900 millones del Departamento; más de $1.300 millones de aportes de la Nación; sumas con las cuales se conformó el CDP 428 por valor de 3.200 millones de pesos y el valor condicionado de 1.266.723.717,19, estaba sujeto a una condición suspensiva de gestión futura, que si no se conseguía no afectaba las finanzas del Departamento, ni la realización de las obras principales, pues se incluyó un parágrafo de saneamiento que expresaba que en caso de no conseguirse la suma condicionada, el contrato se ejecutaría por la suma de 3.200 millones de pesos sin que hubiera lugar a ningún tipo de reclamaciones por parte del contratista”.

VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO

Sandra Rubiano, exfuncionaria de la Gobernación del Magdalena vinculada al proceso, considera que hubo una violación al debido proceso.

“Nos extraña mucho que este proceso no tenga la misma celeridad que tuvo cuando expidieron las órdenes de captura solicitadas por el fiscal, para que ahora escuche nuestra defensa y sustentar los cargos que nos formularon. Hemos hecho un trabajo riguroso y logramos desvirtuar todo, pero desafortunadamente la Fiscalía no se ha hecho presente.

Llevamos más de un año esperando ser juzgados y pese a las solicitudes que personalmente le hice al Director de Fiscalías no ha sido posible la asignación de un nuevo fiscal; creo que somos uno de los pocos presuntos sindicados que exigen que nos lleven a juicio, porque necesitamos demostrar nuestra inocencia”.

Por quinta vez fue aplazada la audiencia pública programada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta ante la inasistencia del fiscal que lleva el proceso.

Considera, además, que la principal falla en el caso estuvo a cargo de la Contraloría Departamental, cuando era dirigida por Alejandro Pérez Prada. “Un contralor irresponsable que formuló una serie de pliegos y excluyó a los que verdaderamente tuvieran la culpa de que el parque no fuese una realidad. Fue el Contralor de ese entonces quien montó este adefesio de proceso que no tiene pies ni cabeza, porque nos comprometieron a nosotros que no tuvimos una injerencia directa con el fracaso del Taykú  y a los responsables los dejaron por fuera”.

La exfuncionaria de la Gobernación del Magdalena había denunciado el cártel de embargos que se produjo en ese momento y con base en ese proceso, la Fiscalía delegada ante la Corte adelanta las investigaciones del caso.

Por otra parte, Pedro Bonilla indicó, que “es un golpe muy bajo que la Fiscalía tome esas decisiones a priori, porque a juicio de todos los abogados que conocen y han leído el proceso coinciden en que se apresuraron en tomar esas medidas.

Nosotros salimos en todos los medios como si hubiésemos cometido el delito más grande de este país y eso fue un golpe moral para la familia y mis hijos. Fue una época muy difícil porque eso fue en noviembre y pasar diciembre en una cárcel fue algo complejo, pero para la gracia de Dios, lo asumimos como una misión de servicio en el interior de la cárcel; nos dedicamos a hacer un servicio pastoral y hoy seguimos asistiendo al penal realizando esa labor que asumimos como una designación de Dios”.

Cuestionó, además, a la justicia al hacer referencia a otros casos que hasta la fecha no ha habido ningún resultado. “Hay procesos aquí, como el de los Kits escolares que lleva más de ocho delitos, han pasado más de 30 audiencias y no hay ninguna medida para nadie.

Aquí (en el proceso) no llevamos ni una audiencia, porque ni siquiera nos han escuchado y se tomó una medida extrema y eso es lo que hoy tiene a la Fiscalía excusándose. Ojalá el ente acusador tenga la gallardía para reconocer su equívoco y dé por precluido el caso”.

Pedro Bonilla también se refirió a los gastos económicos que ha debido asumir en medio de su situación. “Hemos gastado grandes sumas de dinero en abogados; ellos nos siguen cobrando los honorarios; además, que al resto de implicados les ha tocado asumir lo que representa el traslado de su defensa de una ciudad a otra”.

“NO HAY PRUEBAS”: VINCULADOS

Kleber Barrios Núñez, abogado de uno de los implicados en el caso del Parque Taykú, indicó, que “la instructiva inicial donde se le impone medida de aseguramiento a mi cliente (Frank Noble), no tenía el caudal probatorio legal exigido para adoptar tal medida, mucho menos para llamarlo a juicio ni para comparecer o sustentar una solicitud de sentencia condenatoria.

Los implicados en el proceso aseguran, que la Fiscalía no se ha referido a las pruebas obtenidas en la actuación. “Solo de manera general, a los más de 140 documentos probatorios allegados sin especificar en ningún caso, los cuales comprometen la actuación de los procesados y en qué medida e intensidad los afectan e incriminan. Solo se limitó a enumerarlas y denominarlas, y a exponer la reflexión razonada que le asignan mérito probatorio a cada una de ellas”.

Señalan, además, que “fue tan precaria la actividad investigativa de la Fiscalía y tan evidente la falta de estructuración de una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes que sirviera de norte a la misma, que en la resolución de acusación cuando intentó demostrar que el contrato 081 de 2007 tuvo fallas y no tuvo la capacidad de definir cuáles requisitos eran esenciales y cuáles de estos fueron vulnerados,  solo afirman, que se habían infringido los mismos, los principios de contratación sin ligarlo a los requisitos observados y sin determinar claramente qué pruebas referían tales incumplimientos”.

Agregan, que “el delegado del fiscal soslayó absolutamente todas sus exposiciones procesales, pues en ambas providencias, tanto la aseguradora como la acusadora omitió referirse a la prueba exacta, y expresar cuál era el hecho del que infería el indicio grave de responsabilidad respecto de la tipicidad, la culpabilidad y antijuridicidad”.

DILACIONES EN EL CASO

El 4 de abril de 2018, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta programó por quinta vez la audiencia pública sobre el caso del Taykú, pero la diligencia no se pudo realizar porque el fiscal que lleva el proceso, Óscar de Jesús Hernández Peña, se excusó.

A Frank Noble, uno de los vinculados en el caso, le llama la atención las excusas presentadas en varias oportunidades por el fiscal encargado y por las cuales no se han podido llevar a cabo las audiencias públicas.

“Lo que nos parece raro es que el fiscal solo se enferma para las audiencias públicas del Taykú; todo lo demás, él lo atiende en su oficina. De hecho, después de varias citaciones a las que no ha acudido, lo hemos visto caminando por la Avenida Campo Serrano”.

La defensa de los implicados en el proceso asegura, que es una estrategia para no responder por las fallas protuberantes que tiene este caso.

“La Fiscalía opta por ausentarse. Tarde o temprano tiene que venir y he concitado su presencia para que tenga la gallardía de acudir a la audiencia pública y solicitar el archivo de la misma. Estamos frente a un falso positivo judicial que causa desmedro moral y económico a los vinculados al proceso”, explica Kleber Barrios.

Por su parte, Omar Guerrero sostuvo, que las justificaciones presentadas por el fiscal no son válidas. “Estuve preso cuatro meses porque el fiscal aduce que yo cometí un delito; en este caso está claro que ese fiscal es el que se ha convertido en un peligro para la sociedad.

Seguimos vinculados y señalados, es hora de que se nos devuelva el buen nombre. En marzo cumplimos un año de haberse dado la resolución de acusación y ya debía estar solucionado todo esto. Estamos esperando con ansias la audiencia”.

Por su parte, Sandra Rubiano afirmó, que “llevo más de dos años defendiéndome de algo que no hice y no tengo que hacerlo, porque no cometí ninguna irregularidad ni obré de manera indebida”

El jurista Kleber Barrios anunció, a su vez, que, adelantarán las acciones pertinentes en aras de que los responsables de la mora procesal respondan ante las autoridades.

VIGILANCIA ESPECIAL

Al no obtener respuesta por parte de la Fiscalía General de la Nación ante los requerimientos presentados, los implicados radicaron un oficio dirigido a los Magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura con el fin de solicitar vigilancia especial  a la actuación surtida por el ente acusador en cabeza del fiscal Óscar Hernández Peña, durante la etapa de juicio.

Aducen  los perjuicios causados por los aplazamientos de las diligencias programadas por el juez Primero Penal del Circuito de Santa Marta, Carlos Julio Zagarra, ante la inasistencia del fiscal.

Hay que mencionar, que el juez Carlos Zagarra otorgó el beneficio de libertad provisional a los presuntos implicados, por vencimientos de términos, a raíz de las excusas presentadas por el fiscal.

¿QUÉ DICE LA FISCALÍA?

El director Seccional de Fiscalías, Vicente Guzmán, en diálogo con OPINIÓN CARIBE señaló, que tiene conocimiento de la solicitud presentada por los vinculados en el proceso, pero que no es posible reasignar un nuevo fiscal que se encargue del caso.

No obstante, el Director de Fiscalías reveló, que hubo un compromiso con el fiscal Óscar Hernández Peña, para que asista a la próxima audiencia citada por el  Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta que se llevará a cabo el 21 y 22 de junio.

 

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