“La tierra, sangre de campesinos”

En Colombia, el sector agropecuario reúne actividades importantes para la economía y ha sido precisamente la tenencia de la tierra y la concentración de la propiedad en el campo, el origen del conflicto armado en el país. El campo es considerado la sangre de los campesinos como reposa en un mural en la finca La Pola en Chibolo

Daniela Pirela Wisman

Álvaro Mejía Sánchez

Paola Ramírez Caballero

Las tierras colombianas son fértiles y productivas, por esta razón el Gobierno Nacional debe establecer políticas acordes con los avances tecnológicos del momento y estándares de calidad. Gracias a su ubicación geográfica, Colombia es privilegiada por su variedad cultural, climas diversos, flora, fauna, cuencas hidrográficas y recursos naturales. Estas fortalezas han consolidado al sector agropecuario como una fuente de ingresos para una gran parte de sus habitantes, para quienes lo sagrado es la tierra.

El agro es la parte del sector primario que está conformada por la agricultura, ganadería o pecuario, responsables de la obtención de recursos naturales para la producción de bienes de consumo y materias primas, utilizadas en la confección de productos de grande importancia para la vida moderna que constituye el sector secundario.

CONFLICTO A RAÍZ DEL AGRO

En Colombia hay grandes debilidades en el buen uso de las tierras, dentro de ellas se encuentran bajos niveles de instrucción, baja inversión en tecnología, infraestructura vial deficiente, problemas de titulación de tierras, baja capacidad de endeudamiento y distorsiones en el mercado de trabajo. Asimismo, se presenta violencia e inseguridad, concentración en la propiedad, ausentismo de propietarios del suelo, pobreza y marginalidad, acumulación de tierras y poder político, competencia internacional, expansión de la minería, cultivos ilícitos, contaminación de suelos y aguas (deforestación y deterioro de fuentes de agua) y aumento de costos de energía.

Pero de igual forma, hay fortalezas como la capacidad de adaptación del campesinado, diversidad de suelos, climas y productos, disponibilidad de mano de obra, productos autóctonos, mercado de alimentos en crecimiento, mercados externos con alta demanda, disponibilidad de áreas para la producción, integración con sectores no agrarios, cultivos y agricultura orgánica. Es por esto, que la tierra por su valor económico y social se ha convertido en un tema de disputas y enfrentamientos con grupos ilegales en las zonas rurales del país, además de causar que se cobren muchas vidas y que a otros se les arrebate la tranquilidad y sus bienes.

El Gobierno debe tomar conciencia de la gravedad del problema de la agricultura colombiana y reconocer al campo como un escenario vital y a los campesinos, indígenas y afrodescendientes como protagonistas, esto permite ver el agro como algo inherente y que los problemas que suceden por fuera de la ciudad, en lo rural, repercutan en lo urbano.

La tenencia de la tierra y la concentración de la propiedad en el campo dieron origen al conflicto armado en Colombia hace casi medio siglo. «La guerra en Colombia ha sido principalmente rural y ha afectado a grandes masas campesinas, por tanto, el tema agrario se convierte en el puente de oro que les permite a las guerrillas salir del conflicto y entrar a la participación política popular», así lo afirmó Alejandro Reyes Posada, abogado, sociólogo e investigador social, especialista en temas de conflictos por la tierra, guerrillas, grupos paramilitares, narcotráfico, procesos de paz, campesinos, control estatal del territorio, políticas agrarias y desarrollo rural, y restitución de tierras despojadas.

El despojo de tierras rurales por la acción de los grupos armados es una problemática que tiene sus causas en los conflictos agrarios, que desde mediados del siglo XX han ocurrido en el país por la inequitativa distribución y el ineficiente uso de la tierra, debido al fracaso de la reforma agraria y a la expansión de las guerrillas, los paramilitares, y los narcotraficantes, que en su lucha por el dominio territorial y el acceso a recursos estratégicos segaron la vida de miles de colombianos y llevaron al desplazamiento forzado a más de cuatro millones de campesinos, indígenas, afrodescendientes y líderes sociales.

Para comprender la magnitud del problema de las tierras es importante reconocer los conflictos agrarios entre terratenientes y campesinos durante la década de los ochenta: la expulsión del campesinado, la concentración de la propiedad rural, la derrota del movimiento reformista agrario, el fortalecimiento de los grupos armados, y el posicionamiento del mecanismo de la violencia como forma de tramitar los conflictos, ante el fracaso de reformas y mecanismos institucionales para redistribuir la tierra y regular los conflictos de intereses.

El desenlace de estos conflictos condujo a que el problema de la tierra hoy esté ligado a la fragmentación del dominio territorial en manos de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, control militar, político y administrativo que el Estado debe recuperar en todo el territorio nacional para  garantizar una política de tierras que permita la restitución a quienes fueron despojados de ellas, y una distribución más equitativa y eficiente.

El investigador Reyes Posada analiza la situación desde la acción de los grupos armados, la expansión y capacidad de afectación de las guerrillas sobre los grandes propietarios, y el surgimiento de los paramilitares como grupos de defensa privada de grandes terratenientes, empresarios y narcotraficantes, que frente a la extorsión de los grupos guerrilleros, formaron ejércitos privados para la defensa de sus propiedades y negocios, pero que posteriormente entraron en una lucha por el dominio territorial, el acceso a recursos estratégicos y la captación de contratos, administraciones y recursos públicos, entre otros.

LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS

«El acceso a la tierra ha sido el eje del conflicto armado», de acuerdo con Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes. La concentración de la tierra, el uso del suelo, el déficit de ciudadanía en las zonas rurales y el despojo causado por grupos ilegales son los cuatro problemas del agro.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras o Ley 1448 de 2011 es de suma importancia para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de quienes han sufrido por el conflicto armado, pero también para la reactivación del campo. A raíz de esta Ley se creó un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso que se hubieren presentado desde el 1 de enero de 1991 por el conflicto armado interno.

El procedimiento es mixto en cuanto se compone de una etapa administrativa (inscripción en el registro de tierras despojadas) y de un recurso judicial (acción de restitución). Para lograr la restitución jurídica y material de las tierras despojadas, la Ley creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, entidad Adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como instancia administrativa.

El objetivo central de esta es «servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojados». La Unidad es la encargada de diseñar y administrar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en donde, además del predio, se inscriben las personas sujeto de restitución, su relación jurídica con la tierra y su núcleo familiar. El proceso de restitución inició en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ¿qué pasaría si el presidente electo, Iván Duque, decide no continuar con el proceso de restitución?

De acuerdo con el abogado Manuel Linero, exdirector del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, “un presidente no puede ignorar la situación social de su país, este es un problema supremamente complejo a raíz de la lucha entre las organizaciones armadas por las que se dio el desplazamiento de las tierras, sobre todo de los pequeños productores.

Muchos no eran propietarios de sus tierras, a otros se las adjudicaron dentro del programa de la Reforma Agraria, otros obtuvieron de la entidad correspondiente del Estado su título de propiedad sobre un terreno baldío que venían explotando desde hacía tiempo y le daba estabilidad a su ingreso familiar. A raíz del conflicto, desplazaron a los campesinos y a sus familias y ubicaron, así se nieguen, a unos payasos que hacían el papel de nuevos ocupantes de los predios, cuando detrás de ellos estaban los grandes jefes criminales.

Por eso es importante que este Presidente continúe con el programa, porque uno ve a través de la televisión como se refleja la felicidad en las caras de los campesinos que perdieron en su momento las tierras, pero que hoy vuelven a tener estabilidad gracias a la restitución que adelantó el Gobierno. Un programa que debe seguirse hasta el final con participación de las diferentes entidades del Estado que garanticen paz, tranquilidad, trabajo y calidad de vida a las familias campesinas”.

Desde el punto de vista del experto en temas de agro, Manuel Linero, se deben vigilar los procesos que se adelantan de restitución de tierras para que se cumplan dentro de los términos legales, no que se siga prolongado. Hay quienes tienen muchas expectativas con este programa, los afectados creen en el programa y piensan que todavía tienen la oportunidad de regresar a sus tierras y tener estabilidad. “Ojalá que esto se dé porque si no, Dios no lo permita, podemos volver al problema que teníamos anteriormente, es decir, al enfrentamiento armado a nivel rural”.

IVÁN DUQUE Y EL AGRO

“Si uno mira las propuestas del nuevo Presidente, muy poco habló del agro, siendo una de las problemáticas más grandes que tiene el país. Mencionó la posibilidad de crear unas alianzas en el sector agrario, pero mirando hacia las agroindustrias. Si nos enfocamos desde este punto de vista sería apoyar mucho más a la agroindustria que existe en este momento en Colombia, sobre todo el incremento de la palma africana, y en el caso nuestro, en la Costa Atlántica, la palma y el banano. Pero, realmente dejó por fuera al campesino, al pequeño y mediano productor, ante esto no hizo referencia en su programa de gobierno”, así lo afirmó Manuel Linero, conocedor del tema.

El agro es uno de los temas más importantes a los que se enfrentará el presidente electo de Colombia, Iván Duque, quien tomará posesión el 7 de agosto de 2018. En sus propuestas, Iván Duque, quien fue candidato por el partido Centro Democrático, planteó: primero, que el 50 por ciento del presupuesto agrícola se invierta en la provisión de bienes públicos como distritos de riego, vías e infraestructura digital, entre otros, potenciándolo con Asociaciones Público Privadas para el crecimiento del sistema de mediana y gran escala.

Segundo, el plan de gobierno del candidato del Centro Democrático aseguraba, que se establecerían créditos para incentivar aumentos de productividad, con apropiación de nuevas tecnologías, mejores prácticas ambientales y mejoramiento genético.

En tercer lugar, incluir el uso de Big Data y datos abiertos para activar la oferta de seguros en el campo, además de brindar mayor estabilidad y seguridad al trabajo de los pequeños productores.

En cuarto lugar, en su campaña, el Presidente electo propuso 10 años de incentivos tributarios para quienes invirtieran en el agro, “entregaremos 10 años de incentivos tributarios para inversiones productivas que generen empleos permanentes y de calidad”, aseguró.

En quinto lugar, precisó que una de sus propuestas era modernizar, renovar y tecnificar el Ministerio de Agricultura, con un enfoque claro en: desarrollo de cadenas de valor agroindustriales, aprovechamiento de mercados internacionales e incorporación de nuevas tecnologías con registros de productos.

Transformar el campo con articulación de agroindustria con pequeños productores, seguridad jurídica a la inversión productiva, y protección a la propiedad (titulación transparente) y el acceso a la tierra (tenencia de buena fe). Crear campañas para el consumo saludable y responsable, fundamentadas en la calidad, beneficios sociales e impacto ambiental positivos del alimento ‘Producido en Colombia’. La institucionalidad del sector rural será modernizada y enfocada hacia la provisión de bienes públicos, estabilidad jurídica y protección de la propiedad privada, estimulando la integración de pequeños productores con esquemas agroindustriales.

GÉNESIS DEL AGRO

Manuel Linero, exdirector del Incora añadió, que, “si nos vamos un poco hacia atrás debemos hablar de la Colonización Española, allí empieza el problema puesto que, hubo un gran desplazamiento de los habitantes primarios, es decir, de los indígenas, de las diferentes etnias que existían en el país.

Tenemos una prenda que nos identifica y es el Sombrero Vueltiao, la mayoría de personas desconoce su origen, este nace en la zona ocupada anteriormente por los indígenas de la cultura Zenú en el departamento del Córdoba.

Ellos eran auténticos agricultores, pero los españoles los desplazaron de su territorio y para subsistir se convierten con sus familias en artesanos, de ahí utilizaban la caña flecha para el Sombrero Vueltiao y recibe este nombre por el número de vueltas que deben tejerse, se utilizan especies propias de la región para darle los dos colores que lo identifican. Dos colores que se entrelazan en el sombrero y la incógnita radica en las figuras geométricas que aparecen en esta prenda”.

En el agro, por un lado, está la agricultura, un sector encargado de cultivar la tierra, como es el caso de los cereales, hortalizas, vegetales y, por el otro, se encuentra la ganadería dedicada a la producción de ganado como bovino, ovino, entre otros. El mercado agropecuario comprende la explotación de los recursos naturales para ofrecerlos a un consumidor. A través de la actividad agropecuaria, son obtenidos productos esenciales para la vida del ser humano, como carnes, vegetales, y otras sustancias de origen animal y vegetal, como por ejemplo, mantequilla, leche, huevos  y demás.

Algunos productores manejan técnicas tradicionales para producir y otros hacen uso de la tecnología con el objetivo de incrementar la eficacia de las actividades de producción. La actividad agropecuaria se puede llevar a cabo con fines de subsistencia, es decir, para el consumo propio o fines comerciales, a estos se les conoce como cultivos de pancoger.

Se denominan así aquellos cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población determinada. Por otro lado, las grandes explotaciones reciben el nombre de latifundios y las pequeñas, minifundios.

EL MAGDALENA

A pesar de tener una buena ubicación geográfica favorable y de gozar de variedad de recursos naturales, en el país no se ha podido estructurar una agricultura sólida, estable y que beneficie a los colombianos. La falta de un proyecto sólido de agricultura ha sido causada por malas decisiones y propuestas que no conciben al campo como un sector principal, de igual manera, estos inconvenientes se han visto envueltos por la guerra que por más de cincuenta años le ha arrebatado el progreso al país.

En el año 2016, el Instituto Geográfico ‘Agustín Codazzi’, Igac, reveló un estudio de suelos realizado para determinar en qué parte del territorio nacional se encuentran las mejores tierras para dedicarlas a la siembra, y precisó que el Magdalena con 996.031 hectáreas, representadas en el 43 por ciento de su territorio, era el cuarto en el ranquin por departamentos con la mayor cantidad de hectáreas netamente productivas, liderado por Vichada, uno de los más extensos.

De acuerdo con el director del Igac, Juan Antonio Nieto Escalante, con el apoyo del Gobierno Nacional se estudiaron minuciosamente los suelos más productivos del país con el objetivo de establecer el tipo de cultivo más adecuado que se puede implementar. Según Escalante, esto también tiene como objetivo no afectar los recursos naturales, y se convierte, además, en un aporte a la mitigación y adaptación al cambio climático.

El Igac encontró que en el país el desarrollo agrícola no siempre se realiza en las zonas más adecuadas para tal fin y algunos departamentos, por ejemplo, desaprovechan su potencial para cultivar, en ganadería. “Es clave impulsar el desarrollo productivo en estas zonas de una forma sostenible, ya que representan la seguridad alimentaria del país”, dijo Escalante. De acuerdo con él, ya es hora de que en Colombia se haga un uso adecuado del suelo, se respete la vocación de las tierras y se les preste atención a las consecuencias del calentamiento global.

EXTINCIÓN DE DOMINIO

La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos. Su importancia radica en que es un instrumento esencial para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado, ya que cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales, además de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la sociedad.

“A raíz de la violencia liberal y conservadora que se dio, sobre todo en el área rural, hubo un gran desplazamiento. A los colombianos nos pusieron a pelear por un trapo azul y uno rojo, sin que realmente hubiera en su momento, una identificación de ideales. Esto llevo al gran desplazamiento de tierras, a esa gran presión donde ganaban los conservadores desplazaban a los liberales y viceversa, esto afecto mucho a la integridad familiar, porque muchas veces había familias que se identificaban con los dos colores azul y rojo, y terminaban peleando por un color. A raíz de toda esa problemática que se dio en el área rural que al país le costó tantas vidas y sacrificios, surge la idea de darle un manejo diferente a la tierra.

Cuando se crea el Frente Nacional, en el que participa el partido Liberal y el Conservador, y gobiernan a este país por 16 años turnándose cada 4 años en el manejo del Estado, se piensa por parte de muchos, en especial de miembros destacados del partido Liberal de esa época, que era necesario tener una legislación que manejara la temática rural en todos sus aspectos; a pesar que con anterioridad había una norma, la Ley 200 de 1936 que decretaba la extinción de dominio, expedida en el Gobierno de Alfonso López Pumarejo.

Esta legislación preveía como el Estado era el dueño de la tierra y la adjudicaba a quienes la solicitaban. A quien se le adjudicaba debía  explotarla porque para eso se le entregaba la tierra del Estado, para explotarla, no solo para beneficio propio, sino para generar trabajo, ingresos a las familias que se vinculaban a ese tipo de explotación y hacían una advertencia, en su momento se hablaba de 10 años. Si después de adjudicado el predio, este se dejaba de explotar durante ese periodo, el predio volvía a manos del Estado, por eso se le llamaba extinción de dominio.

Después, vino la Ley 135 de 1961, su ponente fue Carlos Lleras Restrepo y se comenzó a aplicar en el Gobierno de Guillermo León Valencia, pero tuvo un gran auge en la administración de Carlos Lleras Restrepo, porque no solo se reglamentó la adjudicación de tierras baldías de la Nación, sino también en aquellas zonas donde el campesino carecía de tierras y había grandes latifundios. La adquisición de tierras era para entregárselas parceladas a los campesinos, con una limitación que se llamaba la Unidad Agrícola Familiar. Las áreas de tierra debían ser explotadas por toda la familia, generar recursos necesarios para su calidad de vida, pero había unas restricciones, es decir, el campesino se obligaba a trabajar su tierra, no venderla ni hipotecarla a ninguna entidad diferente al Estado y con autorización”, explicó Manuel Linero.

IMPORTANCIA DEL AGUA

Al igual que cualquier otro ser vivo necesita agua para desarrollarse y cumplir sus funciones esenciales, el sector agrícola es un gran consumidor de agua y el reto en el futuro es que encuentren las soluciones pertinentes para mantener este preciado recurso. La agricultura se condiciona por los cambios climáticos lo que hace que de una cosecha sea satisfactoria o pobre. Las precipitaciones ayudan a mantener los cultivos a mantenerse y a desarrollarse.

“Sin agua no hay vida”, afirma el conocedor del tema agro, Manuel Linero, quien precisa que la creación de los distritos de riego ayudó a hacer más efectivo el proceso del riego de los cultivos. Los distritos se crean de la siguiente forma, “generalmente se hace un estudio previo para mirar cuáles son las áreas o fuentes de escorrentía de acuerdo con la topografía.

Se tiene en cuenta la topografía en épocas de lluvias donde baja el agua y se encajona, llevándola a ese gran recipiente, y desde este se distribuye a los diferentes terrenos que la requieran para lograr una explotación adecuada, en el momento adecuado. El agua se utiliza en verano, no en invierno, durante este tiempo se utiliza la lluvia”.

UN PAÍS MARCADO POR LAS REFORMAS AGRARIAS

Desde tiempos antiguos la producción del campo ha sustentado la economía y la alimentación del país. La agricultura en Colombia tiene origen ancestral desde esa época, las comunidades indígenas en el territorio nacional, generaban y ejecutaban metodología rudimentaria en la siembra de cultivo y recolección de productos alimenticios producidos por la tierra.

Todos estos procesos se dan debido a la necesidad de mejorar y sustituir los métodos técnicos de producción existentes en ese entonces, con el fin de lograr incentivar la siembra de alimentos basados en métodos que dieran más y mejores productos de mayor calidad que beneficiaran el mercado y el consumo.

Vale la pena indicar, que las comunidades de la Costa Atlántica basaban su economía en la producción primitiva de alimentos que eran llevados a los mercados de las ciudades más grandes. Como era de esperarse, esa explotación se daba con base en una técnica incipiente y una economía atrasada. Con el tiempo, y dadas las necesidades de consumo, se fueron mejorando los métodos de cultivo obteniendo mayores rentabilidades, menores esfuerzos y pérdidas.

Pasado el tiempo y luego de atravesar por un proceso de independencia, en la segunda mitad del siglo XIX se empieza a ver el tema desde una perspectiva técnica y política, buscando suplir tanto el mercado interno como el externo.

Dichas guerras de Independencia llevaron a la nueva nación a competir para generar el desarrollo de una tierra que mostraba un atrasado y una pobreza marcada. Aunque el concepto parece nuevo, la idea de abrir nuevos mercados en un mundo que de a poco se consideraba global, se volvió imperativa, esto llevaría al país a competir con los mejores precios para adquirir los beneficios económicos requeridos en un país desolado por las cercanas guerras de Independencia.

Así, los gobiernos desarrollaron la idea de impulsar el país hacia el desarrollo tecnológico que favoreciera los métodos de producción  y, que además, generara ganancias.

Es importante resaltar, que a finales del siglo XIX se fundó la Sociedad de Agricultores de Colombia que pretendía incentivar una mejor producción agrícola a la par con la modernidad que se aproximaba y que ayudara a sacar de la pobreza al campo y a las técnicas de siembra existentes. La sociedad, en su momento, reúne la elite de productores y políticos que mantenían un control burocrático y financiero sobre los territorios de mayor producción en el país.

Personajes como Salvador Camacho Roldán, Carlos Michelsen Uribe y los hermanos Miguel y José María Samper Agudelo, empiezan a escribir acerca de temas relacionados con la agricultura de Colombia país y la necesidad de invertir recursos económicos y técnicos en este sector, en beneficio de un Estado rural.

LA EXPLOTACIÓN DEL CAMPO EN EL MAGDALENA

Cuando se habla de la provincia del Magdalena se hace referencia a una zona de gran extensión que comunicó desde tiempos de la Colonia, a la ciudad de Santa Marta con los puertos interiores del río Magdalena; al suroeste con el contrafuerte de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se eleva desde cero metros en el parque Tayrona hasta nieves perpetuas en los picos ‘Simón Bolívar’ y ‘Colón’; y al norte siguiendo la línea costera a la península de La Guajira. A pesar de todo, ese gran potencial mencionado, desde aquel momento, el Magdalena se vio reducido a la producción de alimentos para la subsistencia y para el consumo local.

La falta de una genuina cadena de producción llevó a que la actividad económica de la región a comienzos del siglo XIX fuera el contrabando, al cual se llegó luego de que la élite de la época, experimentara la frustración de no generar un exitoso tráfico naviero, debido a la falta de capital en la nueva república.  El auge del puerto de Barranquilla, en la segunda mitad del siglo, propició el establecimiento de una agricultura comercial para abastecer la creciente población del puerto.

Otro fenómeno que empezó a generar el despertar de la agricultura en el Magdalena es la llegada de la empresa francesa del canal de Panamá y sus veinte mil obreros, para la construcción de la vía interoceánica; esto amplió el mercado no solo para la agricultura comercial, sino para sombreros, toallas y objetos de fique elaborados en la Provincia del Magdalena.

Con el aumento en la producción agrícola se dio un auge económico y demográfico en Ciénaga, donde se producía café, tabaco, cacao y maíz, cultivados dentro de la zona de influencia de la Ciénaga Grande, en la cercanía de la Barra de Salamanca.

En el caso de la agricultura comercial, hay que indicar que se inició en haciendas de las estribaciones de la Sierra Nevada, en la cercanía de los ríos Río Frío, Córdoba, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación al occidente de la Sierra hacia la Ciénaga Grande, complementando la producción ganadera de Valledupar y de café en Villanueva.

Tampoco se pudieron articular esas propuestas para que los diferentes actores pudiesen trabajar de manera articulada para  sacar el campo adelante. A esta falta de articulación se le debe agregar el hecho de que la diferencia entre la brecha que siempre ha existido entre el campo y la ciudad, nunca se ha podido reducir.

REFORMAS AGRARIAS DEL SIGLO XX

Durante el siglo XX Colombia tuvo diferentes reformas agrarias que pretendían convertirla en una sociedad rural que formaría a pequeños y medianos productores, con el objetivo de integrar a la producción del campo con la industrial en una relación de mutuo beneficio. Aunque la intención fue buena, no llegó a tocar los temas de fondo que afectaban la producción, su mayor preocupación fue por la tenencia de tierras y no hacerlas productivas, debido a que no existió un proceso de articulación de dichas políticas, a lo que se le sumó que no existiera un liderazgo consolidado que hiciera esas políticas efectivas.

La reforma agraria establecida en Colombia desde los años sesenta probó su falta de eficacia para resolver los contratiempos que el campo presentaba, a los cuales se les agregaron los problemas de tenencia de la tierra. Cabe indicar, que la reforma agraria que la precedió, fue igual de ineficaz, ya que no era capaz de aclarar situaciones como los derechos de propiedad, al igual que el acceso que tendrían los nuevos propietarios y actores económicos y sociales. La misma inutilidad mostró la Ley 160 de 1994, la cual pretendía abrirse a un mercado de tierras.

La manera en la que ha trabajado hace poco el subsidio del 70 por ciento a la compra de tierras, en una forma de negociación voluntaria entre propietarios y campesinos, reflejó una vez más la falta de claridad por parte del Estado para establecer políticas públicas que contribuyan de forma efectiva al acceso efectivo a la propiedad rural.

Las políticas planeadas por el Estado nunca plantearon una verdadera modificación en los factores de poder dentro de la estructura agraria que le diera la posibilidad a las comunidades rurales, un ascenso en lo político, social, además de que no les permitió acceder a la modernización, elementos que  deberían estar garantizados en una democracia participativa, la cual debía  brindar la opción de  que los habitantes de esas zonas tuvieran empleos remunerados o a la explotación rentable de las tierras.

La contradicción que se observa en el hecho de que las políticas impulsadas por la reforma agraria, que en teoría buscaban la integración para el desarrollo rural, pero que terminaron por impulsar una serie de política de acceso a la propiedad de las tierras sin que ello se llevara a cabo en la práctica. Los intentos por lograr convertir a las zonas rurales en lugares productivos quedaron en el papel, debido a que nunca se tuvieron estrategias claras para el desarrollo y el crecimiento que se proponía.

Tampoco se pudieron articular esas propuestas para que los diferentes actores pudiesen trabajar de manera articulada para lograr sacar el campo adelante. A esta falta de articulación se le debe agregar el hecho de que la diferencia entre la brecha que siempre ha existido entre el campo y la ciudad, nunca se ha podido reducir.

En Colombia, la ciudad y el campo parecen dos planetas distantes desde la época de la colonia, pero fue con la constitución de Colombia en una república, que se empezaron a marcar esas diferencias, causando de alguna forma un conflicto tácito entre lo rural y lo urbano. El cóctel para que el desarrollo del campo fracasara estaba servido, se le entregaban tierras a altos precios a campesinos sin la capacidad técnica y académica para explotarlas, a lo que se agregaba una falta de redes de producción y tecnificación, que eran atendidas por entidades incapaces de generar políticas sólidas manejadas desde siempre con altas dosis de corrupción, que actuaban basadas en normas que buscaban el beneficio centralista, que, además, defendía los intereses privados por encima de lo público. Todo esto terminó por estancar el crecimiento y desarrollo del campo.

El crecimiento de las ciudades se dio sin que se solucionaran los problemas del agro, lo que fue caldo de cultivo para que se produjeran los conflictos rurales que han existido en el país, y que, entre otras cosas, han degenerado en los problemas de competitividad de la agricultura en el país. Para lograr cambios de fondo en el tema de la producción agropecuaria, las políticas deben ser de fondo y no quedarse en la superficialidad, para lo cual una institucionalidad fuerte es requerida para que sea capaz de generar verdaderos planes que logren hacer que el campo se convierta en el eje productivo que se requiere.

El Gobierno debía permitir que las políticas se descentralizaran y que pudieran llevarse al plano regional, sumado al hecho que debían abandonar los monopolios y el control establecido en lo que respecta a las operaciones y labores que esto implica. Para esto era fundamental eliminar la burocracia que afectaba esos procesos, llevando las políticas a las zonas apartadas, además, se debían establecer procesos de rendición de cuentas. Otro aspecto que tuvo que mejorar es el relacionado con las cadenas de producción en las cuales la mayoría de las veces, quienes obtenían las más altas ganancias eran los intermediarios, si se lograba eliminar ese eslabón de la cadena, se mejorarían las condiciones de productividad de los pequeños productores.

Las futuras reformas agrarias no se pueden llevar a cabo solo en los escritorios, se requiere de una verdadera voluntad para lograr que esta llegue a quienes deben ser los verdaderos beneficiados, en este caso, los pequeños y medianos productores.

A pesar de que en el siglo XIX y principios del XX, se expidieron leyes que se relacionaban con temas del agro, solo en el año de 1936 se puede hablar de un verdadero intento de reforma agraria, fue a través de la Ley 200, mejor conocida como Ley de Tierras, que se trataron de manera directa los temas que hacían referencia al campo.

En principio lo que buscaba esa Ley era corregir los problemas de dominio, manejo y concentración de la propiedad rural. Es en esta Ley en la que por primera vez se menciona el concepto de extinción de dominio.

“ARTÍCULO 6. Establecerse en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el Artículo 1 de esta Ley, durante tres (3) años continuos contados a partir de la vigencia de la presente Ley, salvo fuerza mayor o caso fortuito”.

Basados en esa Ley, la justificación del título de propiedad era la función social para el uso económico, de igual manera se pretendía reconocer los derechos de los trabajadores rurales en lo relacionado con la posesión de tierras. Esta Ley ayudó a que se pudieran legalizar tierras sobre las que no se tenía claridad acerca de su procedencia, de igual manera, permitió la adquisición por parte de arrendatarios y ayudó a la legalización de otras por parte de los colonos.

El concepto de reforma agraria en esta Ley se referenciaba como un mecanismo para recuperar tierras baldías y la búsqueda de su redistribución con fines económicos. Lo que se puede concluir en lo referente a esta norma es que fue la materia prima de lo que los sucesivos intentos de reforma del campo la consideraran como reforma agraria tradicional.

Después de la aparición de la Ley 200 de 1936, se produjo la Ley 100 de 1944, que intentó establecer contratos de arrendamiento y aparcería como de utilidad pública, dándole prioridad a la explotación participativa de las tierras. Otro aspecto que se reflejó en esta Ley fue la ampliación de los plazos para que la extinción de dominio se hiciera efectiva. Esto le dio una ventaja a la industria en relación con la producción de alimentos, debido a la discriminación que se hizo en lo referente a contratos de aparcería.

Según Álvaro Balcázar, en su informe, Alcances y Lecciones de su Experiencia en Reforma Agraria, la Ley 100 de 1944, hizo que se retrocediera en los intentos por sacar el campo adelante,  debido “a que implicaba renunciar al objetivo central de la Ley 200 de 1936, transformar el latifundio, pues se fomentaban las relaciones atrasadas de aparcería. La Ley 100 de 1944 incluyó elementos diferentes al concepto de reforma agraria con respecto a los anteriores períodos; además de la redistribución de la propiedad, se estableció la relación legal del trabajo entre el propietario y el trabajador. En este sentido, el concepto de RA se entendía como un mecanismo para la apropiación y redistribución de las tierras, en el cual el factor social representó una relación”.

El Incora también ayudó a definir la Unidad Agrícola Familiar (UAF), como modelo de explotación agraria que dependía directa y principalmente de la vinculación de la fuerza de trabajo de una misma familia, que permitía que los pequeños campesinos explotaran su propia parcela sin requerir mano obra externa.

APARICIÓN DEL INCORA

Es en esta época en la que aparece el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, mejor conocido como Incora, que en principio nace para buscar solucionar los problemas sociales y de violencia que se originaron en la década de los cincuenta, años en los cuales la violencia partidista contribuyó a que se masificaran los procesos de migración de la población rural a otras ciudades, lo cual causó otro fenómeno, el de la invasión de tierras. El conflicto tuvo repercusión directa en la producción agrícola causando un desgaste, lo que a su vez hizo que la producción alimentaria causada por la baja producción de productos agrícolas, en especial de café, a esto se le debe agregar el deterioro que causó en la producción industrial, que como era de esperarse, conllevó a problemas de desempleo.

Según palabras de Manuel Lineros, “el Incora nació para darle un manejo adecuado a las tierras, en aspectos como la tenencia, porque el Estado es el propietario de las tierras, y como tal no lo entrega para que se convierta en un terreno lleno de maleza, lo hace para que sea productivo, pero ese beneficio no podía ser individual, sino colectivo”.

Ese fue el semillero en el cual nació la Ley 135 de 1961 que hacía referencia a la reforma social agraria, por medio de la cual, se propuso por primera vez, la formación de una organización institucional para manejar temas que se manejaran los temas referentes a la reforma agraria. Nace entonces, el Incora como una entidad de carácter público, que trabajaría los  asuntos que tenían que ver con  tierras, además ayudaría a  gestionar el Consejo Nacional Agrario (CNA), el Fondo Nacional Agrario (FNA) y la figura de procuradores agrarios.

Su enfoque era: dotación de tierras a campesinos que no la tuvieran, la adecuación de las mismas para incorporarlas a la producción y dotación de servicios sociales básicos. Con esto pretendía optimizar los procesos productivos, entregando al campesino las herramientas necesarias para la explotación efectiva de esas tierras.

El Incora también ayudó a definir la Unidad Agrícola Familiar (UAF), como modelo de explotación agraria que dependía directa y principalmente de la vinculación de la fuerza de trabajo de una misma familia, que permitía que los pequeños campesinos explotaran su propia parcela sin requerir mano obra externa. Por medio de este sistema de producción, los campesinos solo destinaban una tercera parte de los ingresos   al pago de deuda originada en la adquisición de las tierras, el propósito era que  dispusieran de un excedente para el mejoramiento gradual del nivel de vida de la familia.

Para estos predios,  la figura de extinción de dominio se ejecutaba solo  cuando se dejaba de ejercer posesión, es decir, si no había una explotación  continua de la tierra  durante tres años; si los propietarios violaban las disposiciones ambientales o bien, cuando el predio se destinaba a la explotación de cultivos ilícitos.

Según Álvaro Balcázar en su informe, Alcances y Lecciones de su Experiencia en Reforma Agraria,  el cual se  basa en estadísticas del Incora, durante este período ingresaron al FNA 357.861 hectáreas, de las cuales el 25 por ciento correspondieron a compras, el 72.4 por ciento a sesiones, y apenas un 1.6 por ciento a expropiaciones.

De los terrenos cedidos, el 80 por ciento del área correspondió a 32 predios, lo que fue considerado como un resultado insuficiente, ante la intención de redistribuir  la tierra. En 1964 se puso de manifiesto la conveniencia de transformar varios aspectos de la Ley 135, con el objetivo  de darle velocidad a  la intervención en la propiedad privada y arrancar  un genuino programa de  redistribución.

La intención que se tenía con esta Ley era generar una reforma, fundamentalmente en lo relativo a  la estructura social agraria, para lo cual se emplearían sistemas técnicos de redistribución con el fin de eliminar la inequidad de  concentración de la propiedad, también se pretendía evitar el fraccionamiento que resultaba poco productivo en materia de explotación. La  Ley 135 de 1961 destacó en el concepto de  reforma agraria  la prioridad del factor social en la estructura agraria; pese a esto, se presenta un elemento normativo  dentro de la  ley; que hacía referencia a las instituciones dentro de este proceso de reforma agraria, las cuales  usaban el mecanismo de la expropiación y la redistribución en busca de alterar las estructuras de producción establecidas.

A pesar de que existía la voluntad de  dotar de tierras a aquellos que arrendaban  y a aquellos que explotaban pequeñas parcelas, este plan no se cumplió del todo, por lo contrario,  los dueños de las tierras  sacaron  a los campesinos para evitar que  solicitaran que se les adjudicara la tierra, o para que no iniciaran reclamaciones por el pago de mejoras hubiesen hecho en los predios, tal como  ocurrió con la Ley 200 de 1936:

“Dentro  de  ese  movimiento  modernizador,  la  reforma  mantuvo  la  idea  de  conservar y  fortalecer  las  economías  campesinas  -o  unidades  familiares  sin capacidad de acumulación-, al repartir las tierras en unidades agrícolas familiares que solo tenían capacidad para subsistir y pagar los créditos otorgados por el  Estado.  La tierra  no  se entregó de  manera gratuita,  sino con un  crédito subsidiado,  excepto en el  caso de la  titulación  a los  colonos,  a  quienes  se  les reconocía  el  derecho  a  la  propiedad  de  la  tierra  que venían  explotando;  para estos,  el  gasto  consistía  en los  costos  de  transacción  en  que  incurrían  para obtener los  títulos”, dice Absalón Machado en su libro, la reforma agraria, una deuda social y política.

En este periodo se dio una mezcla que propició la aparición de los movimientos armados agrarios, la existencia   de campesinos sin tierra y la consolidación de las ideologías de izquierda. Los años sesenta vieron como se sembraban las primeras plantaciones ilícitas de marihuana en zonas de la Costa Atlántica, ello, a causa de la pobreza que se vivía por ese entonces, a esto se le debe agregar que en esta zona se   desarrolló una clase social adinerada que empezó a usar las tierras como un método para  lavar de activos y ampliar la siembras, sumado a la masificación de los grupos armados al margen de la ley que  dio origen una vez más a la concentración de la propiedad.

El Estado quiso tomar  en serio la palabra del campesino, al considerarla muy importante para diseñar planes efectivos en materia de explotación del campo. Este novedoso método de estructura agraria dio la posibilidad a los campesinos de pasar de ser objetos o elementos, para ser considerados actores fundamentales, capaces de  exponer sus puntos de vista. Esto quedó de  manifiesto cuando el  Estado evaluó la aplicación de esta ley durante una década. La conclusión a la que se llegó, es que se debía mejorar la regionalización de los objetivos y programas e incrementar la participación campesina.

En el año de 1973, se promulga la Ley 4, en la que se propusieron modificaciones  con el fin de reducir los efectos de la Ley 1 de 1968. Entre estas modificaciones,  se establecieron criterios diferentes  para la calificación de predios  adecuados para ser  explotados, mediante mínimos de productividad. También se disminuyeron los trámites para  adquirir  tierras, para eso las negociaciones se harían de forma directa.

Otro cambio introducido tuvo que ver con la agilización de la  adjudicación de tierras a los beneficiarios, para ello se creó la  renta presuntiva agrícola como método  para presionar  a favor del uso productivo de la tierra y para  penalizar su apropiación improductiva. Esto último originó el Desarrollo Rural Integrado, como estrategia complementaria a los programas de reforma agraria.

Esta ley no tuvo  la viabilidad deseada por varios razones, entre ellas, la calificación de las tierras mediante los mínimos de productividad no fueron llevados  a la práctica, por motivos técnicos entre ellos por no contar con un censo agrícola detallado y modernizado.

Sin embargo, en esta etapa se  estableció  que un predio no era expropiable, si su producción llegaba a  niveles de eficiencia, sumado al hecho de que  el propietario demostrara contribuir en forma directa y gratuita a la educación los hijos de sus trabajadores, que estos contaban con todas las garantías de vivienda higiénica cuando eran permanentes, y cumplía con las normas sobre conservación de los recursos naturales. Esos parámetros hacían que una finca fuera  considerada como adecuadamente explotada y, por tanto, inexpropiable. La renta presuntiva tampoco tuvo aceptación, principalmente en el gremio de producción agropecuaria, lo cual llevó a la Anuc a un proceso de desintegración y de fraccionamiento.

En 1973, se creó el Fondo Financiero Agropecuario, por medio de  la Ley 5. Este fondo era administrado por el Banco de la República y permitía realizar  descuentos sobre créditos, además de financiar actividades agropecuarias. Este modelo de financiación se puede catalogar como un elemento integrado  al concepto de reforma agraria, que  fortalecía la  estructura agraria al modificarse  con el  propósito de producir cambios.

Este período refleja una decadencia en lo que tiene que ver con procesos de expropiación y adjudicación de tierras, a esto se le debe sumar el retroceso en la consolidación de asociaciones campesinas y demás problemáticas que agobiaban al campo en ese momento. El concepto de reforma agraria se mantuvo como mecanismo para cambiar la estructura agraria, con un modelo distinto  para generar una nueva distribución de la tierra; dando justificación al   título de propiedad mediante mínimos de productividad establecidos por el Incora, adecuado a las condiciones ambientales de la zona, el mercado y la vocación del suelo, modificando el modelo que hasta el momento tenían contempladas las leyes antes establecidas.

El contexto que se vivía en esta época mostraba un periodo de guerra recrudecido, sobre todo en el campo, lo que aumentaba los problemas de desplazamiento y de pobreza. Gracias a la Ley 35 de 1982, conocida como ley de amnistía, se autorizó al Incora para negociar tierras a precios inferiores al establecido por el Instituto Geográfico ‘Agustín Codazzi’, la ventaja era que los pagos se hacían en un periodo más corto.

“De igual manera se debían  ampliar y reforzar programas de consecución y dotación  de tierras, obras de infraestructura, programas agropecuarios de fomento, vivienda, crédito, asistencia técnica, capacitación y organización campesina, dirigidos a beneficiar familias asentadas en los municipios seleccionados por el Plan Nacional de Rehabilitación, que era un programa de la Presidencia de la República cuya intención era propiciar la convivencia  entre el Estado y la población.

Sus funciones se centraban en la promoción de la participación ciudadana, como una forma de desmontar  los factores de violencia, del mismo modo buscaba llevar a cabo acuerdos de paz con los grupos armados al margen de la ley e iniciar  acciones de fortalecimiento cultural, de respeto por los derechos humanos y  de la igualdad”. (Ensayo, ‘Reforma Agraria en Colombia: evolución histórica del concepto. Hacia un enfoque integral actual’).

La creación Incoder no ayudó a superar el problema de concentración de tierras. En el 2014, el 52 por ciento de la tierra en Colombia le pertenece al 1.5 por ciento de la población, y el 78.3 por ciento de los propietarios agrarios tienen microfundios.

SE LIQUIDA EL INCORA Y NACE EL INCODER

El cambio institucional es promovido por el Decreto 1300 de 2003, por el cual el Incora fue suprimido y reemplazado por el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural -Incoder-. El propósito de esta institución era ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, así como hacer más fácil el acceso a los factores productivos, para ayudar a fortalecer a los entes territoriales y sus comunidades, además de propiciar una articulación  de las acciones del orden  institucional en las zonas rurales.

Para Manuel Lineros, “el Incora se acabó debido a que tuvo muchos críticos, sobre todo aquellos a los que se le pisaron muchos callos”,  según el exfuncionario lo primero que hicieron en ese proceso fue seccionar al Incora”. Le quitaron el manejo de los distritos de riego, para lo cual crearon el Himat. El argumento usado para realizar ese cambio, señala Linero, era que la entidad estaba sobrecargada de funciones por lo cual era necesario delegar esa labor en una entidad diferente.

La creación  Incoder no ayudó a superar el problema de concentración de tierras. En el 2014, el 52 por ciento de la tierra en Colombia le pertenece al 1.5 por ciento de la población de la población, y el 78.3 por ciento de los propietarios agrarios tienen microfundios. Es así como el Atlas de la propiedad (Igac, 2012) calcula para el año 2009 el coeficiente Gini para propietarios es de 0.885 y el de tierras de 0.854.

Otro de los factores que llevó al fracaso en la labor de esta entidad es la corrupción que no permitió  que esta tomara medidas de frente en contra del  desplazamiento forzado y despojo que mostró entre la fecha de su creación y el 2010. El Incoder no contaba con la capacidad ni con la legitimidad para realizar las labores que la Ley 160 de 1994 le entregó como labor principal: “promover y consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina”.

La situación que vivía el campo en materia de derechos humanos hace incomprensible la decisión que se toma en mayo del 2003  de acabar con la institucionalidad del campo en busca de un presunto orden fiscal. La medida para tal fin fue la eliminación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora-, lo que dejó a las víctimas del conflicto en una situación vulnerable. Por ello, desmontar la representación institucional no fue una medida adecuada para el momento histórico que vivía el país.

El nacimiento del Incoder tuvo un elemento extra que se sumó a la corrupción mencionada y que llevó a su poca utilidad, la acción de grupos paramilitares, los cuales ejercían presión en muchas regiones del país. Esa misma situación ya la había su antecesora (el Incora) cuya eliminación,  facilitó el despojo de tierras por vía legal, por medio de maniobras poco claras.

El Incoder  cumplía con  una excesiva cantidad de funciones, sin contar con el personal suficiente; además,   muchos  de sus funcionarios fueron acusados de delinquir con el paramilitarismo hasta 2010 para consolidar el proceso de usurpación de tierras mediante la legalización de despojo de estas a particulares, como la apropiación de baldíos de la nación.

A finales de 2015, este gobierno liquida a Incoder, para crear tres entidades: la  Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional del Territorio. Cuando se analiza la labor que estas entidades llevan a cabo de manera independiente, se observa que las mismas funciones las hacía el Incora al momento de su fundación.

Más allá de la entidad o las entidades que se creen, el reto por parte del gobierno central es hacer que sean eficaces en la articulación de las políticas diseñadas para lograr que los pequeños campesinos reciban los beneficios estipulados para ellos. Otro aspecto del que tienen que sanearse estas entidades, es el relacionado con la corrupción y el clientelismo. Los funcionarios que se nombren en estas no pueden responder a la necesidad de poner una cuota burocrática. Cada una de estas nuevas entidades debe responder a las necesidades que el campo presenta, sobre todo en momentos en los que lleva a cabo un proceso de transición de un conflicto que desplazó a miles de personas que hoy quieren regresar a sus tierras e iniciar una nueva vida con sus familias.

LOS PRIMEROS DESPLAZAMIENTOS

El 94 % del territorio colombiano es rural, siendo el sector agropecuario clave para los ingresos del país, pero paradójicamente, el campo ha sido escenario de violencia y pobreza, departamentos como el Magdalena tienen estas dos características: despojo de tierras y miseria.

El despojo de tierras fue un factor determinante que, más allá de servir para el control físico del lugar donde se imponían militar y políticamente, se convirtió en uno de los botines más preciados de esta guerra. Durante una década, millones de hectáreas cambiaron de manos a punta de fusil. En los ochentas, el objetivo de los paramilitares fueron los líderes campesinos que defendían sus propiedades y la explotación de sus parcelas.

Según el portal Verdad Abierta, la usurpación de las tierras operó en zonas aisladas, que por estas mismas características facilitaron los cultivos ilícitos, el principal proyecto agrícola del que se surtieron estos grupos. Pero, en la medida en que consolidaban su hegemonía ante un Estado debilitado, se dedicaron a perseguir otras razones estratégicas, como la minería, la expansión de la frontera ganadera y agrícola o el establecimiento de agroindustrias. Con esta clase de proyectos se obligaron a formalizar dichas ocupaciones. Esta lógica de nuevos intereses económicos agravó el desplazamiento, y para legalizar los despojos masivos, se dieron prácticas corruptas.

Lo anterior deduce que la ambición con que los paramilitares llevaron a cabo los masivos despojos, permite deducir que detrás de una guerra que justificaron como de legítima defensa, se escondía una lógica económica de acumulación de tierras, poder y capital.

De acuerdo  con los informes expuesto por Verdad Abierta, el conflicto fue creciendo en el centro del Magdalena. El ELN extorsionaba y secuestraba a los grandes ganaderos, mientras cientos de campesinos liderados por organizaciones como la Asociación de Usuarios, Anuc, presionaban al Estado para que les entregara las fincas ociosas en poder de los terratenientes de la región. Como las entidades estatales iban a paso de tortuga para responder en la redistribución de tierras, muchos campesinos invadían las fincas sin explotar.

Desesperados con las invasiones campesinas y las extorsiones guerrilleras, como lo recuerda bien Manuel Lineros, exfuncionario del antiguo Incora en el Magdalena, muchos propietarios de tierras fueron voluntariamente al Instituto a ofrecer sus propiedades rurales para que fueran adquiridas por el Estado. Como estaban las cosas, el mejor negocio era venderle al Incora. Así la entidad estatal encargada de la reforma agraria inició un lento proceso de titulación de tierras a campesinos de San Ángel, Pivijay, Chibolo, entre otros municipios magdalenenses.

Al principio, las tierras fueron entregadas de manera gratuita, pero a comienzos de los noventa el Incora entregaba las tierras a los campesinos con subsidios del 70 por ciento, pero con un crédito a largo plazo de la Caja Agraria por el 30 por ciento restante. En San Ángel, Pivijay y Chibolo, el Incora compró fincas como La Pola, El Encanto, La Palizúa, Oceanía y Parapeto, que en total, sumaban unas 17 mil hectáreas. Luego las adjudicó a 253 familias campesinas, bajo un programa de unidades agrícolas familiares, que contó con la participación de las organizaciones de campesinos.

El Incora también adecuó vías, construyó puentes y distritos de riego, y ayudó a los campesinos a comercializar sus productos. “Fue una forma de acabar con el conflicto”, explica Linero, quien como gerente del Incora adjudicó muchas de esas tierras.

Según Linero, los campesinos fueron obligados a malvender sus propiedades por un precio menor a su valor real. Muchos de los beneficiarios del Incora se vieron obligados abandonar sus parcelas. Ninguno denunció en su momento el despojo. Sabían que hacerlo les hubiera costado la vida.

En el Magdalena, desde 1997 a 2006, ‘Jorge 40’ y sus aliados fueron amos y señores de esas tierras. A punta de asesinatos y miedo, desplazaron a las 253 familias que habían sido beneficiarias de las 17 mil hectáreas del Incora y a muchos campesinos que eran desde siempre dueños de sus fincas en esa región del Magdalena.

REVOCATORIA DE TÍTULOS

Entre 2002 – 2003, en medio de los desplazamientos masivos, el Incora inició un proceso de revocatoria de títulos de propiedad a 37 campesinos que les había adjudicado predios de la finca El Encanto, en zona rural de Pivijay.

Según Verdad Abierta, estas revocatorias pasaron por un comité evaluador que visitó las fincas y certificó que habían sido abandonadas, y eso sirvió para revocar los títulos de propiedad adjudicados a campesinos. También adujo que los campesinos habían dejado de pagar las cuotas correspondientes al préstamo de la Caja Agraria por el 30 por ciento del valor de la tierra.

Muchos de los campesinos no hicieron la correspondiente denuncia de desplazamiento en la época en que fueron expulsados por los paramilitares, lo que en teoría hubiese protegido sus propiedades y evitado la revocatoria de los títulos. También dejaron de pagar sus obligaciones porque se encontraban huyendo de las amenazas de muerte y en muchos casos apenas tenían para sobrevivir.

Los campesinos que fueron titulados por el Incora en 1991, y que decidieron volver en el 2006 se encontraron con que ahora en sus tierras estaban en nuevas manos.  Peor aún, en otros casos los nuevos dueños solo aparecían en el papel porque los verdaderos propietarios eran testaferros de ‘Jorge 40’.

Muchos campesinos del Magdalena viven mal donde sus parientes, se volvieron sirvientes o mendigos y ya no les quedan muchas esperanzas de que la justicia que tanto ha cojeado, realmente llegue algún día.

DISTRITO DE RIEGO ZONA BANANERA

El Distrito de Riego de Sevilla pasó de tener un valor de 18 mil millones de pesos, a tener uno por 537 millones de pesos. Esta joya arquitectónica, que en su época fue símbolo de la opulencia de la industria bananera, el conjunto Prado Sevilla, sede de la United Fruit Company, y sector del Capitolio a punto de ser considerada patrimonio histórico de la Nación, tiene ahora, 30 de sus 50 propiedades completamente devaluadas.

La venta del Distrito de Adecuación de Tierra de Sevilla fue realizada luego de que el Incoder, mediante la Resolución 1022 de 2008, le transfiriera a título gratuito a la Unidad Nacional de Tierras Rurales, la facultad para administrar esta infraestructura avaluada en 18 mil 138 millones de pesos, entidad, que luego de siete meses, le transfirió en propiedad, mediante la Resolución 1530 de 2010 a la Asociación Asosevilla por un valor de 537 millones de pesos.

DEL INCODER A LA UNAT

Con la puesta en marcha de la Ley 1152 de 2007 fue reformado el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, constituido por los bienes y recursos transferidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Además, fue creada la Unidad Nacional de Tierras Rurales (Unat) constituida por los distritos de riego de propiedad del Incoder.

Como consecuencia de lo anterior, el Incoder le transfirió mediante la Resolución 1022 de 2008 a título gratuito, el derecho de dominio y posesión del Distrito de Adecuación de Tierras de Sevilla a la Unidad Nacional de Tierras Rurales por 18 mil 138 millones de pesos.

Siete meses después, mediante la Resolución 1854 del 23 de diciembre de 2008, la Unidad Nacional de Tierras Rurales le transfirió en propiedad, el Distrito de Adecuación de Tierras de Sevilla, a la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Sevilla Asosevilla por un valor de 537 millones de pesos.

Las propiedades del Distrito de Riego son: 100 kilómetros de canales de riego; 90 kilómetros de drenaje; 76 kilómetros vías; la bocatoma de Florida Macondo; 1.7 hectáreas del predio El Paraíso; y 41 hectáreas de edificaciones de sector Prado Sevilla, y Capitolio; casas, bodegas y oficinas.

SIN SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Magdalena es una paradoja. Tiene los mejores suelos para la producción de cualquier cultivo de pancoger, pero a su vez, carece de una seguridad alimentaria, aún permanece en el listado de los departamentos con niños en estado de desnutrición.

De acuerdo con la administradora en planificación territorial, Elvia Mejía, esto se debe al desconocimiento que existe para tratar los suelos al momento de sembrar el cultivo de pancoger. “Se debe realizar una producción de alimentos que garantice su eficacia, que alcance para la población y pueda ser comercializado en otras zonas de la región Caribe”.

“Nadie habla de la comida, de dónde viene, quién la produce, ni de la cadena de intermediario que aumenta el costo de los productos, porque generalmente hay cinco intermediarios. Este es otro de los problemas graves del campo”, afirma Manuel Linero, exdirector del Incora.

El Magdalena es uno de los departamentos con mayor cifra de niños en estado de desnutrición, así lo confirma el boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud de 2017, que revela que la ingesta insuficiente de alimentos y la falta de una atención adecuada ha provocado enfermedad diarreica, reportándose más de 800 casos, que corresponden al 1.76 % de la población, es decir, 791.129 niños menores de 5 años.

Asimismo, el informe señala, que el 25 % de la población no tiene acceso a agua potable y saneamiento básico, según Aguas del Magdalena, y en el último diagnóstico del Ministerio de Vivienda, en la zona rural del Departamento existe bajo porcentaje de cobertura en agua potable y alcantarillado.

La seguridad alimentaria radica en tener acceso permanente a suficientes alimentos nutritivos para mantener una vida sana y activa. Los alimentos deben estar disponibles en cantidades suficientes de manera consistente. También se tiene en cuenta la producción y el inventario de un área determinada y la capacidad de traer alimentos de otras áreas a través del comercio o asistencia. Los alimentos consumidos deben tener un impacto nutricional positivo en las personas. Esto implica buenas prácticas de cocina, salud individual, prácticas de agua y saneamiento.

“El agro no se puede descuidar, son miles de familias que viven de esto y son quienes nos dan el alimento. Creo que algo muy importante en lo que se debería pensar es en la seguridad alimentaria, pero ¿cómo la garantizamos y qué influye en que no nos vayamos a convertir en unos importadores de alimentos? La respuesta es fácil, dándole todo el apoyo a los pequeños y medianos productores, que son los que producen el alimento en el campo para que nos den de comer a los colombianos y el excedente lo podamos mandar a otros países”, precisó Manuel Linero, exdirector del Incora.

TIERRAS INACTIVAS

Uno de los factores por los cuales se habla de desaprovechamiento de las zonas de cultivo en la Sierra Nevada tiene que ver directamente con los asentamientos indígenas.

“El Estado debe darle un manejo integral al campo, para recuperar esa producción, manejo de medio ambiente, creando conciencia sobre la conservación que debe venir desde casa, todo esto se ha perdido. Hay que recuperar las visitas al Mercado Público”, dijo Linero, exdirector de Incora.

Es importante resaltar que en la Sierra Nevada habitan varias etnias: los Koguis, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos, cada una cuenta con tradiciones diferentes encaminadas a la protección de los territorios, lo cual se traduce en resguardos indígenas. Estas áreas ocupan entre 31 y 34 millones de hectáreas, las cuales pertenecen a 710 resguardos titulados. Sin embargo, sólo el 7.68 %, es decir, 1.290 hectáreas son aptas para el cultivo, y en ellas vive el 65 % de población indígena.

El Ministerio del Interior define los resguardos indígenas como una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de este y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. (Artículo 21, Decreto 2164 de 1995).

Esto quiere decir, que los indígenas se pueden reservar el derecho de permitir o no el uso de sus tierras para cultivos específicos; mientras tanto, el último informe del Instituto ‘Agustín Codazzi’ (Igac) sobre el uso del suelo en el país, manifiesta que, en el Magdalena, 1.505.740 de las 2.316.523 hectáreas tiene un uso inadecuado. La subutilización por la ganadería y suelos sin actividad se da en el 41 por ciento del territorio, lo que demuestra una mala redistribución y aprovechamiento de la tierra que influye sustancialmente en el desarrollo de la población.

Por otro lado, la experta en Planificación Territorial, Elvia Mejía, afirma, que ellos (los indígenas) se encuentran abiertos a propuestas de mejoras en la producción agrícola, gracias al trabajo que se realiza con la ART, la Agencia para Renovación del Territorio, donde se identifican proyectos en aras de la productividad y aprovechamiento de los terrenos que se encuentran en las zonas rurales de la Sierra Nevada de Santa Marta.

CON TIERRA, PERO SIN RECURSOS

El Magdalena cuenta con suficientes espacios territoriales que pueden ser aprovechados para el desarrollo económico del departamento; cualquier persona natural puede acceder a créditos agrarios, sin embargo, estos se enfocan más en los grandes terratenientes que existen en la región Caribe, como los productores de la palma de aceite; la diferencia, es que ellos cuentan con un respaldo salarial empresarial, contrario a lo que sucede con el campesinado colombiano, específicamente con el magdalenense,  quienes están catalogados según la funcionaria Mejía como “deudores de mala fe”  por parte del Banco Agrario, uno de los entes encargado del emprendimiento de proyectos agro, debido  a  que un porcentaje de cultivadores no cuenta con ingresos externos que permitan el soporte de los créditos.

“El abandono del sector agropecuario es político, porque es más fácil recoger votos en las zonas urbanas que en las rurales, donde si acaso se consiguen doscientos, por eso el esfuerzo de los políticos lo hacen en el sector urbano. Esta falta de inversión hace que Santa Marta con tierras fértiles reciba frutas de otras partes del país”, enfatizó el abogado Manuel Linero.

SIN CONSUMO 

La experta en Planificación Territorial, Elvia Mejía, sustentó, que la región Caribe importa más del 60 % de los alimentos que se consumen.  Situación que ha llevado a Colombia y a la región Caribe a posicionarse de manera estratégica cerca de los principales mercados del Caribe y a cinco o seis días del puerto más importante del sur de los Estados Unidos que es Nueva Orleans; uno de los caminos asertivos, por tanto, es pensar en inversiones sustentables inteligentes y apostarle al tema de investigación y desarrollo con el compromiso de transmitir esos conocimientos a los pequeños cultivadores que no tienen acceso a los grandes técnicos, por los costos.

PEQUEÑOS CULTIVADORES

Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) son territorios especiales, aptos para la agricultura, la ganadería, la pesca o los desarrollos forestales, pero alejados de los centros urbanos.

Estas zonas fueron creadas con el fin de desarrollar planes rurales integrales, fortalecer la sostenibilidad ambiental y fomentar el desarrollo económico y social de sus habitantes.

Entre los supuestos beneficios que encuentran los campesinos en las Zidres, es el aumento de la disponibilidad de tierra para desarrollos agroindustriales. De acuerdo con la ley cualquier persona natural o jurídica puede hacer parte de una Zidres, sin embargo, es necesario presentar un proyecto productivo ante el Ministerio de Agricultura.

“Se debe volver a estimular los mercados campesinos en sectores estratégicos, esto activa la producción en el campo”, recomendó el exdirector del Incora.

El proyecto debe ser administrativo, financiero, jurídico y ambientalmente viable; debe garantizar la compra de la producción a precios del mercado; debe ser compatible con las políticas de seguridad alimentaria del país; y debe ajustarse al ordenamiento territorial de la región donde sea implementado.

Los agricultores que no sean propietarios de los predios podrán vincularse como asociados al proyecto productivo, siempre que se establezca un mecanismo que permita, antes de los tres primeros años de iniciado, que estos se hagan propietarios de un porcentaje de tierra, fijado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Pero, será que los campesinos del Magdalena que están empezando a proyectarse en el cultivo como mecanismo de subsistencia, y no cuenten con predios propios, (lo cual es muy probable considerando el costo que puede tener una sola hectárea de tierra en cualquier zona del país), tiene acceso a un crédito para garantizar que antes de los tres primeros años se hagan propietarios de un porcentaje del terreno, como lo exige la ley para poder hacer parte de las Zidres.

OPINIÓN CARIBE se comunicó directamente con la señora Erika Gaviria, asesora comercial del Banco Agrario, quien explicó, que para solicitar un crédito, obligatoriamente se debe tener un documento de propiedad de predio o en su defecto, el certificado de extradición de libertad y predio con la fecha de expedición menor o igual a 30 días.

El campesino debe acercarse a las instalaciones del Banco Agrario solo con la fotocopia de la cédula y con un plan perfectamente viable con fines económicos y ambientales del proyecto que quiere emprender, es decir, el pequeño agricultor debe tener claro cuáles van a ser sus egresos e ingresos mensuales y anuales, lo cual requiere estudios de tierras y considerables cálculos financieros, ¿se encuentran los campesinos del Departamento y el país preparados para ser incluidos en un proyecto que exige una preparación superior o en su defecto, una cantidad considerable de dinero para contratar a alguien que si tenga la preparación formativa que pueda darle respuesta a los requisitos del banco prestante?

El trámite de estos procedimientos puede durar como mínimo, un mes, dependiendo de la cantidad de dinero y de la magnitud del programa que se quiera emprender.

¿CALIDAD DE VIDA?

Para Elvia Mejía, la región Caribe puede con el tiempo aumentar su ingreso per cápita, pero, solo con eso no se va a incrementar el mejoramiento de la pobreza ni la situación de desequilibrio que existe entre personas con extrema pobreza y la gente que tiene algunos recursos para invertir, desafortunadamente, eso no garantiza la erradicación del problema.

Además, afirmó Mejía, que “La Guajira no presentaría las tasas tan altas de muertes por desnutrición en niños, alrededor de cinco mil, debido a que tiene un ingreso per cápita jalonado por El Cerrejón y por muchos factores que no les llegan a los habitantes comunes del departamento de La Guajira; hoy, una zona donde no hay nada que comer, cuando hace algunos años se podía autoabastecer”.

Por su parte, Abel Mercado, experto en el tema del agro, afirma, que “mientras no se mejoren las condiciones en el área rural, no se les brinde educación, salud y vías, además de la realización de programas de producción de alimentos, la región Caribe seguirá como dependiente del interior y del exterior para mejorar su situación nutricional”.

Es importante garantizar la educación a los habitantes de las zonas rurales, no solo se debe pensar en hacer más asequibles los créditos bancarios, pero la formación educativa es un punto importante que va a ayudar al momento de aprovechar los recursos que tienen a la mano.

Las estrategias de fortalecimiento del sector agropecuario deben contribuir a mejorar la situación del sector rural en la región del Caribe colombiano, involucrar al sur del Departamento no solo con programas agropecuarios, sino también con atención en los temas de salud y educación.

La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; ampliar las oportunidades de los jóvenes; vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades. “Necesitamos que la producción de alimentos y la lucha contra la desnutrición sea una de las prioridades de la región Caribe”, puntualizó la experta, Elvia Mejía.

EL CAMPO Y LA PAZ 

La Misión Rural para Colombia de las Naciones Unidas (ONU) hizo recomendaciones sobre los lineamientos para el desarrollo del sector rural en los próximos 10 años después de la firma de los acuerdos de paz, se centran en el desafío de hacer que el campo se vuelva atractivo para la población joven luego de la desaparición del conflicto armado.

Esto incluye mejoras en temas de productividad, educación y sobre todo, modernización de las relaciones laborales entre empresarios o finqueros y los trabajadores.

El Gobierno saliente asignó $1.39 billones de pesos para mejora, adecuación y trazado de vías terciarias, que establecen las conexiones entre la ruralidad, acercando más a la gente del campo con los mercados de pueblos y ciudades. Pero la Misión Rural calculó que la inversión debe ser de $5 a $9 billones de pesos anuales si se quiere lograr una modernización real del sector.

Atendiendo otro punto importante, un sistema laboral especial para el agro, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) explicó en una entrevista para el periódico El Tiempo, que “en los últimos tiempos han comenzado a escucharse propuestas acerca de la necesidad de hacer cambios al régimen laboral para el sector rural, pues este no obedece a las mismas características de las ciudades”.

En el campo, aclara el dirigente gremial, “los horarios son diferentes y se depende de labores estacionarias como preparación de suelos, siembras y cosechas, entre otras. Además, es común que en las áreas rurales un trabajador se desempeñe en varias fincas durante el día, jornada que termina desincentivando la permanencia de las personas en el campo”.

Bedoya explica que la SAC ya tiene en trámite un proyecto legislativo que busca la aprobación de un régimen laboral flexible que les permita a los productores vincular trabajadores de manera ágil y pagarles lo que les corresponde por ley, con ajuste a las horas laborales establecidas y reconociendo las jornadas especiales de trabajo y trabajo suplementario para el sector agropecuario.

Según la Misión Rural, el sector agrario tuvo un presupuesto de inversión histórico entre 2014 y 2017: un poco más de 10,6 billones de pesos, más de la mitad de todo el presupuesto de inversión del Ministerio en el triple de tiempo (2000 a 2013).

Además, durante los primeros dos años aumentó significativamente; un 30 por ciento en 2014 respecto a 2013 y, un 8 por ciento en 2015 respecto a 2014. Desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016 y se volvió una exigencia constitucional cumplir con lo pactado, el presupuesto comenzó a decaer. Un 37 por ciento en 2016 respecto a 2015 y, sólo aumenta un nueve por ciento en 2017 respecto a 2016. El dinero apropiado en 2018 mantiene la tendencia a la baja.

La Misión Rural indicó, que más de dos terceras partes de la plata del agro, se fue directamente a ayudas individuales a productores, que además de no ser tan eficaces, es muy difícil hacerle seguimiento a su ejecución.

Según los analistas, el 2018 es un año de incertidumbres, que afecta el sector agropecuario porque el nuevo gobierno no ha mostrado claridad en el tema agropecuario. El futuro del desarrollo rural luego de los acuerdos de paz depende en gran medida del actual Presidente y del presupuesto que este designe para su desarrollo. Tan así, que sobre la modernización del campo colombiano está todo por hacer.