Connect with us

Edición impresa

Balance de un Congreso desprestigiado

Opinión Caribe

Published

on

Durante el pasado mes de mayo se reveló que el 73 % de los colombianos no aprueba la gestión del Congreso y no tiene una opinión favorable de esa institución. En efecto, otra encuesta de la misma firma mostró que el año pasado la ‘opinión’ desfavorable hacia el Legislativo era de 84 % y la percepción de que la corrupción política empeoraba era del 91 %.

Marcela Escandón

Lamentablemente, este fenómeno no es reciente, y se explica, en buena medida, por procesos como el de la parapolítica, que dejó casi 50 congresistas condenados por sus nexos con organizaciones armadas paramilitares. A esto se suman los múltiples escándalos de corrupción e incluso, episodios como el del Proceso 8000 en los años 90, en donde a pesar de la gravedad del escándalo que vinculaba al narcotráfico con la campaña presidencial de Ernesto Samper, el Congreso no lo retiró de su cargo y en el imaginario de los colombianos quedó la idea de un legislativo cómplice, corrupto e impotente.

Pero, para ser justos, esa idea también proviene del desconocimiento y la indiferencia. Pocos ciudadanos destinan parte de su tiempo a ver alguna de las sesiones legislativas en el Canal del Congreso o revisan las páginas de Senado y Cámara para saber qué proyectos se discutirán en los próximos días. Peor aún, de los ciudadanos que participaron en las elecciones a Senado y Cámara en 2010, cerca del 80 % NO recuerda por quién votó. ¿Cuál es el resultado? Una combinación mortal entre apatía y desprestigio.

En cualquier caso, buena parte de la imagen negativa de los congresistas, se la han ganado a pulso. De hecho, en los últimos días han sido objeto de nuevas críticas por cuenta de una agenda legislativa polémica, marcada por relaciones tensas entre el Congreso y el Gobierno, por denuncias de falta de voluntad política para sacar adelante leyes de interés para amplios sectores de la población y por múltiples demandas ciudadanas que parecen no tener eco en el Capitolio Nacional.

El asunto tomó especial relevancia a partir del hundimiento del proyecto de ley que buscaba eliminar el beneficio de casa por cárcel para los políticos corruptos. Esto desató la indignación de los ciudadanos en redes sociales y los medios de comunicación han replicado este sentir. Lo cierto es que el Congreso no ha respetado el mandato de más de 11 millones de colombianos, quienes votaron Sí a la consulta anticorrupción. De esta voluntad se derivó un conjunto de proyectos de ley que se ha ido muriendo en el Congreso, uno tras otro.

Ante esta situación, cabe preguntarse, si no son los proyectos que pide la gente, entonces ¿qué aprueban los congresistas? ¿Es verdad que no han hecho nada? ¿Por qué rechazan unos proyectos -incluso algunos del Gobierno Nacional- y otros son aprobados? A continuación, se presenta un balance legislativo con lo aprobado y rechazado, con lo más relevante de la agenda del Congreso en los últimos meses. En verde, los que fueron aprobados y los principales cambios que introducen. En rojo, aquellos proyectos que fueron rechazados directamente en votación o de manera escondida, a través del famoso método de ‘engavetar’ o archivar.

  1. PROYECTOS DE LEY ANTICORRUPCIÓN: MUEREN UNO TRAS OTRO SIN QUE HAYA RESPONSABLES

En agosto de 2018, más de 11 millones de colombianos salieron a las urnas a votar siete puntos que intentaban combatir la corrupción en el país. Las iniciativas iban desde exigir rendición de cuentas y reducción de salarios a congresistas hasta exigencias para la contratación pública y más vigilancia en la definición de presupuestos para acabar con la llamada ‘mermelada’. Aunque los votos no fueron suficientes para hacer obligatorios los 7 puntos, el presidente Duque y una mesa nacional multipartidista se comprometieron a hacer realidad los deseos de los ciudadanos impulsando los mismos cambios como leyes en el Congreso.

Muchos dicen que esta fue una oportunidad desaprovechada, y que el gabinete de Duque en realidad nunca se comprometió con la causa. Otros, que al Gobierno no le alcanzó el capital político para que se aprobaran las medidas anticorrupción. En cualquier caso, el primer proyecto que murió fue el que intentaba congelar el salario de los congresistas, el cual es de más de 30 millones de pesos (cerca de 40 salarios mínimos). Casi todos los que debían aprobar o rechazar el proyecto se declararon impedidos. La iniciativa no pudo ser votada y se hundió, curiosamente, sin nadie a quién culpar directamente, o al menos con una conveniente responsabilidad difusa.

Posteriormente, la reforma política impulsada por el Gobierno Nacional, fue modificándose en las diferentes sesiones en el legislativo hasta perder buena parte de su esencia. Uno de los cambios implicó la eliminación de las listas cerradas para los partidos políticos, lo cual fue visto como una manera de mantener la fragmentación política y los liderazgos individuales que dificultan la rendición de cuentas y debilitan a los partidos. Cabe resaltar que aquí fue el Gobierno Nacional quien salió a decir que permitió el ‘hundimiento’ del proyecto. Nuevamente, sin congresistas que se responsabilizaran del fracaso.

El último hundimiento fue el del proyecto que buscaba eliminar el beneficio de casa por cárcel a quienes debían ser condenados por corrupción. Este proyecto ya estaba aprobado tanto por Senado como por Cámara, y a última hora, un día antes del fin de las sesiones ordinarias del Congreso, le dieron la estocada final a través de una ‘leguleyada’: no presentaron la ponencia de conciliación para que no cumpliera el último requisito. No contentos con ello, en plena discusión, el presidente del Senado Ernesto Macías decretó un receso durante uno de los partidos de la selección Colombia en la Copa América. Sobra mencionar el gran malestar que esto generó entre los ciudadanos.

  1. PROHIBICIÓN DEL ASBESTO: APROBADA DE MANERA UNÁNIME

Luego de la movilización de algunas familias de pacientes con cáncer expuestos al asbesto y de mucha presión en redes sociales, varios congresistas se tomaron en serio el asunto. La iniciativa tuvo cambios, como el reemplazo de la palabra eliminación por prohibición, y la prohibición de la exportación de este material. Como resultado, a partir del 01 de enero de 2021 no se podrá utilizar asbesto en Colombia, lo cual consiste en un importante logro, al concretar una fecha para la aplicación de la norma con una votación unánime.

Importantes empresas del sector de la construcción han dicho que desde hace años no utilizan asbesto, pero lo cierto es que múltiples organizaciones y grupos de abogados enuncian que este material está presente no en la industria y la construcción, como en tejas y baldosas, sino que puede encontrarse hasta en pequeños electrodomésticos como cafeteras y secadoras. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades relacionadas con el asbesto, causan la muerte de al menos 107.000 personas cada año en todo el mundo por cáncer de pulmón, laringe, ovario y otras enfermedades, razón por la cual más de 50 países en el mundo han prohibido el asbesto.

En Colombia, según la exposición de motivos del proyecto de ley, cerca de 320 personas mueren al año por este material que se importa en más de 160 toneladas en el país (con un costo de casi por un valor de US$1.8 millones. y que incluso tiene una mina en la que se explota, ubicada en Antioquia. Pero, con esas cifras, ¿por qué se aprobó la prohibición? En este caso, parece que no quedaba bien oponerse a tanta presión y cubrimiento mediático, en especial, porque el sector de la construcción señalaba, que ya no necesitaban el mineral y que por ello no se opondrían a la ley.

  1. LEY DE LA COMIDA CHATARRA: ¿ARTIMAÑAS PARA NO APROBARLA?

La ley de comida chatarra es una iniciativa que se ha hundido dos veces en el Congreso, la cual busca hacer obligatorio un etiquetado frontal, a modo de advertencia, en los productos que no sean saludables, en especial, los que van dirigidos al público infantil. Cereales, jugos, snacks y todo tipo de alimentos altos en azúcar, sal y grasas, eran los principales candidatos a modificar los empaques. Empresas productoras de bebidas azucaradas y productos grasosos habrían sido las principales perjudicadas. Algunas de ellas, incluso, han sido sancionadas por publicidad engañosa, como es el caso reciente de las bebidas HIT, que inducen al error al decir que saben a pura fruta y sugerir que son naturales y saludables para los niños cuando tienen menos del 10 % de fruta y altos contenidos de azúcar.

El proyecto, promovido por una organización denominada Red PaPaz, no superó el primer debate, por un asunto, supuestamente, ajeno: el presidente de la Comisión Séptima levantó la sesión por encontrarse en desacuerdo con la presencia de Jesús Santrich, exguerrillero de las Farc. Algunos políticos y analistas señalan, que esto en realidad fue una forma de archivar el proyecto sin oponerse al mismo de manera directa. En cualquier caso, el proyecto ya no tenía tiempo de ser anunciado y discutido, por lo cual se ‘murió’.

  1. LEY ‘EMPANADA’: EL CONGRESO REACCIONA A LA INDIGNACIÓN

En Colombia hay una tendencia a creer que todo se resuelve con leyes, por lo cual no es de extrañar que cientos de proyectos sean radicados en cada legislatura, con los más diversos temas. La mayoría nunca es discutida ni considerada. Pese a esta tendencia poco efectiva de tratar de convertir todo en ley, esta vez rindió sus frutos. El Congreso de la República aprobó un proyecto que les brinda garantías laborales a los vendedores ambulantes de todo el país y que ha sido denominado como ‘ley empanada’.

Todo surgió por cuenta de un polémico episodio en el que un ciudadano recibió una multa de más de $ 800.000 pesos por comprar una empanada en la calle. Esto sucedió por una interpretación amplia del Nuevo Código de Policía, gracias a la cual la compra de este alimento fue interpretada como apoyo a la ocupación del espacio público, en medio de un supuesto operativo de recuperación del mismo. El caso generó gran descontento y los medios registraron la indignación ciudadana. Además de la protección a más de un millón de vendedores informales -lo cual es una iniciativa muy relevante- el proyecto también tiene como propósito prohibir las multas a ciudadanos por adquirir productos en la calle. Una lectura muy literal que hace el Congreso del clamor de los indignados.

  1. LEY DEL ACTOR: LA SEGUNDA ES LA VENCIDA

A pesar haberse hundido en una pasada ocasión, este proyecto fue aprobado gracias al ‘lobby’ de muchos actores, y las reiteradas denuncias sobre las precarias condiciones en las que trabajan. Muchos llegan a la vejez sin un sustento y luego de trabajar toda una vida sin prestaciones, en horarios extensos sin descansos ni reconocimientos básicos de alimentación o transporte. Ante esta situación, la ley busca reconocer derechos laborales, mejorar las condiciones de trabajo y establecer algunas garantías. También contempla la creación de un Registro Nacional de Actores y Actrices, el cual debe ser administrado por el Ministerio de Cultura.

  1. LEY TIC: ¿CENSURA O INFRAESTRUCTURA?

Esta ley ha sido una de las más polémicas y también fue una a la que el Gobierno Nacional destinó buena parte de sus esfuerzos. A pesar de la fuerte oposición manifestada en redes sociales, esta ley fue aprobada con el propósito de modernizar el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, aumentando los recursos y reestructurando la institucionalidad asociada.

Sin embargo, se denuncia que había un ‘mico’ en el proyecto, el cual quedó colgado en el texto final y se aprobó a pesar de la denuncia: el proyecto suprime la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y centraliza el ‘control’ de los contenidos de la televisión pública en el Gobierno Nacional, lo cual podría prestarse para abusos como el de la censura. Otro asunto de relevancia es que los detractores del articulado mencionan que las iniciativas comunitarias de televisión y comunicación no fueron tenidas en cuenta, y que se dependería de la voluntad de las grandes empresas para aumentar la cobertura y mejorar el servicio.

  1. DELITOS CONEXOS A LO POLÍTICO: UN PEQUEÑO GRAN TRIUNFO DEL GOBIERNO

Este proyecto de acto legislativo, es decir, que reforma la Constitución, es aparentemente corto, pero de gran alcance, y muestra que una de las prioridades del Gobierno Duque es realizar ajustes a la implementación de los acuerdos con la guerrilla de las Farc y representar los intereses de quienes se oponen a algunos de los aspectos acordados. El objetivo del proyecto es establecer explícitamente que dos delitos: secuestro y narcotráfico NO serán considerados conexos a delitos políticos como el de rebelión y, por ende, NO podrían ser sujetos de amnistía o de indulto. El proyecto fue presentado por la Ministra del Interior y por la saliente Ministra de Justicia.

  1. LA JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP): PARTE DEL LEGADO DE SANTOS

La Justicia Especial para la Paz (JEP) es una institucionalidad creada a partir de los acuerdos con la guerrilla de las Farc, la cual se encarga de aplicar la justicia transicional en el país y asegurar los procesos de verdad, justicia, reparación, priorización de casos y no repetición. Esta jurisdicción tiene muchos detractores y el proyecto que se propuso para regularla fue radicado desde el gobierno Santos con el fin de darle autonomía, legitimidad y una normatividad clara. Por tratarse de derechos fundamentales, en especial, por involucrar la justicia y participación de las víctimas, es una Ley Estatutaria, la cual tiene un rango superior al resto de leyes conocidas como ordinarias.

Pese a que esta Ley contiene importantes lineamientos procedimentales para procesos tan delicados como la priorización de casos y que su aprobación era vista como fundamental para la seguridad jurídica de los desmovilizados, la iniciativa fue objeto de gran controversia en su tránsito por el legislativo, al punto de que el Gobierno usó una figura poco usual para oponerse al articulado: decidió objetar la Ley.

  1. OBJECIONES A LA JEP: EL FRACASO MÁS SONADO DEL GOBIERNO

En la puja entre el Legislativo y el Ejecutivo, el primero pocas veces gana. Sin embargo, esta vez fue así. El presidente Duque, en una de sus decisiones más polémicas, objetó la Ley Estatutaria que regula la JEP, lo cual es un poder presidencial poco utilizado que busca frenar iniciativas del Congreso que el Ejecutivo considere inadecuadas. Esa objeción no fue rechazada por el Congreso, y en una decisión sin precedentes, la tercera rama del poder público intervino, para respaldar al Congreso y exhortar al Gobierno para que sancionara la Ley. En efecto, de acuerdo con la Corte Constitucional, el Congreso sí rechazó las objeciones en una votación sin irregularidades de quórum, como se había señalado.

  1. EL PLAN DE DESARROLLO DE IVÁN DUQUE: ALGUNOS DEBATES, PERO POCOS CAMBIOS

Tal como se explicó en ediciones anteriores, el Plan Nacional de Desarrollo es el documento que plasma los objetivos de gobierno, programas, inversiones y metas para el periodo de un Gobierno. En el caso de Duque, sus prioridades o pilares, como los llama, son la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, pero durante la discusión y aprobación del PND en el Congreso, los asuntos de más álgido debate fueron la financiación de la implementación de los acuerdos, la minería en zonas protegidas y el fracking, algunas facultades especiales temporales para el Gobierno y un posible retroceso en la descentralización, entre otros.

En últimas, como los anteriores PND, el de este gobierno fue aprobado sin que los ciudadanos supieran bien su contenido, con pocos cambios por parte del legislativo y con poca capacidad de seguimiento y control ciudadano. Esto es un problema estructural, propio del carácter técnico del documento y de las dificultades que tienen los ciudadanos de a pie para exigir cuentas a sus representantes.

  1. REFORMA TRIBUTARIA O LEY DE FINANCIAMIENTO: EL DISCURSO GANADOR DE IMPULSO A LA ECONOMÍA

Este proyecto nació de una premisa bastante controversial: el gobierno anterior habría dejado desfinanciado al país y se tenían que obtener recursos para que el Estado pudiera seguir funcionando, aumentar la competitividad e impulsar la economía nacional. Con argumentos y evidencias a favor y en contra, Gobierno y oposición discutieron el proyecto por meses y al final se aprobó, en esencia, lo que esperaba el Ejecutivo: nuevas tarifas del impuesto de renta a personas de más altos ingresos, beneficios para las empresas como reducción de impuestos e incentivos a importaciones, fomento a la economía naranja y al turismo con exenciones por varios años y reducción de la evasión reformando Dian.

Se generó gran polémica por cuenta de una supuesta inestabilidad jurídica y de algunos de los aumentos de impuestos a personas naturales y reducción a las empresas. En este caso, el argumento del fomento al empleo fue el arma poderosa para justificar los beneficios y aprobar la iniciativa.

  1. POR ÚLTIMO, LAS FALLIDAS MOCIONES DE CENSURA: UN SALUDO A LA BANDERA

En Colombia, el Congreso de la República puede citar a los ministros de gobierno y a otros altos funcionarios del Estado a que rindan cuentas. Además, puede promover una moción de censura en su contra, para retirarlos del cargo por acciones u omisiones graves. Recientemente, se promovieron mociones de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por los llamados ‘bonos de agua’. Como se explicó ampliamente en un anterior reportaje, este funcionario impulsó la creación de unos bonos de deuda para que los municipios de Colombia financiaran obras de acueducto y alcantarillado. Poco tiempo después, siendo ya un exministro, creó una empresa que gestionó los mismos bonos cobrando, según denuncias periodísticas, altos intereses. Al final, los municipios están endeudados y muy pocos cuentan con obras terminadas. Pese a esto, la moción no prosperó.

Al respecto, llama la atención que el entonces presidente del Senado, Ernesto Macías, se negó a tramitar la moción de censura que promovían 17 congresistas, por un concepto jurídico que señalaba que no era posible procesar a un ministro por hechos que no sucedieron en otro gobierno.

Un segundo episodio ocurrió en contra del Fiscal General de la Nación. El polémico funcionario enfrentó denuncias, marchas en su contra y debates de control político por el escándalo de Odebretch, con acusaciones directas de corrupción. Todo sin ningún resultado. Este caso estuvo rodeado de sucesos como el supuesto suicidio de un testigo y gran indignación ciudadana.

El Fiscal se declaró impedido para la investigación de Odebretch, pero los nulos resultados en la materia contrastan con los procesos adelantados en otros países latinoamericanos por cuenta del mismo caso, incluso contra expresidentes, mientras en Colombia han absuelto a casi todos los implicados, incluyendo al entonces fiscal. Al final, ni el Congreso ni las marchas lograron retirarlo del cargo. El fiscal renunció por otro asunto completamente distinto, y el Congreso no lo juzgó. Por esto, en el pasado se le ha llamado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la Comisión de ‘absolución’.

Por último, está el caso del ministro de Defensa, Guillermo Botero, de quien se ha dicho desde la oposición no solo que no está preparado para el cargo, sino que varios congresistas han intentado adelantar moción de censura en su contra por declaraciones como la que dio en contra del exguerrillero de las Farc, Dimar Torres, cuando intentó justificar y legitimar su asesinato cuando se supo que había sido a manos de uniformados en condiciones irregulares y por el cual un general del Ejército ya había pedido perdón.

De igual gravedad fue el debate en torno a las directrices del propio Ejército para fomentar resultados de operativos militares divulgadas por The New York Times, las cuales abrieron la puerta para el regreso de los llamados ‘falsos positivos’. Pese a la gravedad de los hechos, la moción tampoco prosperó.

En estos episodios quedó en evidencia que el Congreso no está en capacidad de ejercer un control político real, pues los ministros comparecen a esas sesiones sin el más mínimo temor. Además, el legislativo también ha mostrado su escaso interés de reaccionar ante sentimientos de indignación ciudadana y responder a movimientos espontáneos que reflejan la realidad del país.

Como resultado, en buena medida, el Congreso desarrolla su labor de manera aislada de buena parte de las realidades del país, sobre todo de las regionales, y no logra cumplir su principal labor de representar la diversidad de necesidades e intereses de los ciudadanos. Bien sea por falta de ‘dientes’, es decir, poder real, o por ausencia plena de voluntad política en las mayorías del Capitolio Nacional.

ABREBOCA DE LO QUE VIENE… 1, 2 y 3

  1. Sigue la lucha por salvar lo que queda de los proyectos anticorrupción. El Gobierno anuncia que intentará presentar un nuevo proyecto que recoja algunas iniciativas y que intentará que el Proyecto de pliegos tipo no muera.
  2. Reforma tributaria regional. A menos de que el Gobierno no logre negociar con alcaldes y gobernadores, se aprobaría una reforma orientada a crear un sistema tributario territorial más eficiente que reactive la economía de las regiones y combata la evasión y elusión fiscal.
  3. Más problemas en las relaciones Ejecutivo – Legislativo. Los próximos presidentes del Senado y la Cámara pidieron un cambio ministerial y se quejaron de las pocas habilidades de negociación del actual Gobierno.

En conclusión… ¿de quién es la culpa? ¿Del ciudadano apático o del político corrupto?

La responsabilidad es de ambos. Se requiere más conocimiento de lo que hacen los congresistas, se necesita mucho más seguimiento de los ciudadanos. Pero también es cierto que muchos en el Congreso aprovechan ese desconocimiento, esa apatía ciudadana, para negociar privilegiando intereses privados, para no representar a quienes los eligieron, yendo en contra del bienestar colectivo.

 

Se necesita más control de los medios de comunicación y menos indiferencia de los ciudadanos. Cambian de canal, no buscan información, no saben qué hace su congresista. No se trata de que todos gastemos todo nuestro tiempo y recursos en seguir todo lo que hace el Congreso.

Si cada uno hiciera seguimiento en un tema de su interés, se preocupara por tener un voto informado y usarlo como castigo o premio a la gestión, los políticos se verían obligados a dar resultados y a rendir cuentas. Es urgente iniciar un círculo virtuoso en el que, a más control social, menos corrupción, con más información y menos apatía, con más transparencia y menos indiferencia.

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *