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32.808 personas fueron desplazadas por la violencia en 2018

Opinión Caribe

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La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas alertaron sobre aumento de la violencia asociada al conflicto y a las luchas por el control en los territorios, y precisaron que se requieren más de $115,9 billones para ejecutar la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.

Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, advirtieron sobre el incremento del desplazamiento forzado en el país, tras la firma del Acuerdo Final. Solo en 2018 ocurrieron 130 desplazamientos masivos que afectaron a 32.808 personas correspondientes a 10.225 hogares.

Para las comisiones, estos eventos han desbordado la capacidad de las entidades territoriales y nacionales para la atención inmediata, de emergencia y sostenibilidad de los procesos de retornos y reubicaciones, impidiendo acceder a soluciones duraderas que posibiliten la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

En lo que va de 2019, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo reportó que 15 departamentos y 25 municipios del territorio nacional se encuentran en riesgo de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las alertas 025 de 2019 y 029 de 2019 anunciaron una posible afectación de 1.672 indígenas y afrodescendientes en el municipio de Litoral de San Juan Chocó, y de 69.000 en Arauquita, Fortul, Saravena y Tame (Arauca).

Las comisiones de seguimiento recomendaron al Gobierno Nacional la realización de un ejercicio de planeación presupuestal que permita avanzar de manera decidida, y en un tiempo razonable, en el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Advirtieron que son insuficientes las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 para atender esta población de especial protección.

Número de víctimas

Actualmente, el número de víctimas susceptibles de indemnización es de 6´495.713, y de estas se han indemnizado 821.836, lo que corresponde a tan solo el 12.6%. En el nuevo PND se establece una meta de 1´427.777 víctimas reparadas administrativamente. Lo que significa que habiendo terminado la vigencia de la ley no se alcanzará a indemnizar ni al 20% de víctimas que tienen este derecho.

Para las comisiones de seguimiento, entre 2019 y 2021 se requieren alrededor de $115,9 billones para ejecutar la política pública para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto. Solo las medidas de indemnización, vivienda, reparación colectiva y atención psicosocial requieren un monto de $66,5 billones.