“Proponer a los miembros de la primera línea como gestores de paz, sería como sembrar yuca en una porqueriza”

320 jóvenes de primera línea fueron encarcelados por intensificar las protestas del paro nacional en el año 2021, estos serán designados como gestores de paz después de que el gobierno estatal confirmara que había firmado el decreto 2422 en el que la comisión evaluará cada caso con el fin de que el presidente Gustavo Petro decida cuales de los jóvenes pueden ser designados como gestores de paz.

El ministro de Defensa Ivan Velásquez se pronunció ante este decreto y comento que “Debemos esperar a que se reúna la comisión, defina los lineamientos, y ya teniendo esa definición, podemos dar a conocer a la opción pública las decisiones que adoptemos”.

Por otra parte, el abogado Ariel Quiroga expresó que “En lo que tiene que ver con sus declaraciones iniciales y también, las muy recientes de solicitar la libertad de los miembros de la primera línea, debo ser sincero en que políticamente está bien, está dando un mensaje de cumplimiento a un sector de sus electores, pero jurídica e institucionalmente el mensaje es errado.”

Dado que en el Artículo 37 de la constitución está plasmado que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer demanera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”, dicho esto cabe aclarar que los jóvenes de la primera línea sobrepasaron los lineamientos de la constitución hasta el punto de alterar el orden público, extralimitando el beneficio o el objeto de la constitución donde dice claramente que toda persona puede manifestar su inconformismo, pero esto no le da derecho a perturbar a la comunidad.

“Proponer a los miembros de la primera línea como gestores de paz seria como sembrar yuca en una porqueriza, ya que una de las comidas predilectas del puerco es la yuca, ¿creen que dejaran algo ahí?” así lo definió el abogado Humberto Diaz.

También mencionó que los compromisos políticos que tenga el presidente Gustavo Petro tienen que ser diferentes a como opera el poder judicial y las organizaciones estatales, todas las personas que han delinquido tiene que someterse a la rigurosidad del código penal independiente de quien sea, si cometió una conducta penal tiene que recibir el castigo de la ley, todos los integrantes de la primera línea, deben cumplir las normas. Una cosa es que si esta permita la protesta social en nuestro país es constitucional y otra cosa es que se tome ese artículo para salir a delinquir porque no salieron a protestar, salieron a realizar desmanes y eso se encuentra penalizado.

Cabe resaltar que hoy por hoy el código penal tipifica estas conductas vandálicas como daño a bien ajeno, tienen una pena entre 16 mese y 90 meses de prisión y una pena de aproximadamente 6.66 a 37.5 salarios mínimo legales, no obstante, si el daño que se realice no supera los 10 salarios mínimos la pena seria distinta en este caso hasta tres años.