Departamento
¿Quién le cumple al Magdalena? La violencia ha dejado más de 2.400 homicidios en los últimos cuatro años
Pese a las alertas tempranas, los compromisos institucionales y los acuerdos de cese al fuego con grupos armados, la violencia en el Magdalena se ha intensificado, dejando más de 2.477 homicidios entre 2021 y lo que va de 2025. La mayoría de estos crímenes han sido perpetrados por bandas criminales que se disputan el control de los corredores estratégicos del narcotráfico en el departamento.
Por: Arnol Sarmiento
La violencia en el departamento del Magdalena, impulsada por las disputas entre bandas criminales que cada año dejan cientos de víctimas, continúa siendo un desafío creciente para las autoridades. A pesar de los compromisos asumidos por distintas entidades para mitigar su impacto, los resultados siguen siendo desfavorables.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, esta violencia responde a una guerra entre el Clan del Golfo (EGC) y otras estructuras criminales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Los Primos y Los Carperos. A este panorama se suma la incursión del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que agrava aún más el conflicto.
Desde 2019, la Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas en varios municipios del Magdalena y Santa Marta, con el objetivo de reducir los hechos violentos. En dichas alertas, la Defensoría no solo actuó como entidad emisora, sino también como coordinadora y supervisora del cumplimiento institucional. Entre sus compromisos estaba el monitoreo y la recolección de datos sobre hechos victimizantes, especialmente contra mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, así como el seguimiento a las medidas adoptadas por las autoridades.
Uno de los compromisos clave fue que las autoridades civiles y la Fuerza Pública informaran periódicamente a la Dirección del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) sobre sus acciones, permitiendo a la Defensoría ejercer labores de control y evaluación. Además, se promovió la recepción de denuncias e información adicional de municipios priorizados como Aracataca, Ciénaga, Fundación, Santa Marta y Zona Bananera.
En octubre del 2023, la Defensoría del Pueblo presentó un informe de seguimiento a la alerta emitida en el 2019. El documento reveló que el cumplimiento institucional fue calificado como “medio o bajo”, advirtiendo que los riesgos persistieron y, en muchos casos, se habían agravado. Según la Defensoría, en ese momento no existía articulación efectiva entre los entes territoriales, nacionales y la Fuerza Pública, y que las acciones, además, habían sido más reactivas que preventivas, sin lograr contener el accionar de los grupos armados ni su influencia sobre comunidades vulnerables.
Tanto así que la crudeza de esta realidad se reflejó en las cifras de homicidios: en 2022 se registraron 500 homicidios en el Magdalena, mientras que en 2023 esa cifra aumentó a 536, dejando un trágico saldo de 1.036 homicidios en dos años.
Pero ya en el 2024, pese a las reiteradas promesas, la violencia no cedió. En abril de ese año, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, acompañado por la cúpula militar y policial, visitó el corregimiento de Prado Sevilla, en Zona Bananera, junto al gobernador Rafael Martínez. Allí se anunció un incremento del pie de fuerza con la llegada de 420 nuevos policías, la creación del Distrito de Policía para la Zona Bananera y el refuerzo del Gaula para enfrentar la extorsión.
Más adelante, en diciembre de 2024, se celebró una Mesa Técnica de Seguridad y Paz para fortalecer la cooperación entre la sociedad civil, el Ministerio Público, la Fuerza Pública y el Gobierno. Durante este encuentro se establecieron compromisos como la actualización de las alertas tempranas, el impulso del acuerdo de paz, la protección de la infancia y la convocatoria de una Comisión Intersectorial para una respuesta rápida a estas alertas. Sin embargo, al cierre de ese año, el Magdalena terminó con 573 homicidios, la cifra más alta en años, lo que evidenció el fracaso de los compromisos adquiridos. Uno de los hechos más impactantes fue el hallazgo de un cuerpo desmembrado en pleno centro del municipio de Fundación.
Ya en el 2025, y ante el fracaso evidente de las estrategias anteriores, en abril el ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, lideró un nuevo Consejo de Seguridad en el municipio de Ciénaga, acompañado por el alcalde Luis Fernández Quinto y el gobernador Rafael Martínez. Allí se planteó una hoja de ruta que incluía fortalecimiento institucional, protección al turismo, confianza ciudadana, contundencia operativa, llegada de unidades policiales especializadas y un compromiso con el desarrollo social para la juventud del departamento.
Seguido de esto, el 13 de marzo de 2025, la Consejería Comisionada de Paz anunció un acuerdo firmado con el grupo armado ilegal ACSN para el desescalamiento de la violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. El documento, firmado por Óscar Mauricio Silva, jefe de la delegación del Gobierno Nacional, y Fredy Castillo Carrillo, líder de las ACSN, se estableció como compromiso central la protección de menores de edad y el respeto por las economías populares. Las ACSN se comprometieron a cesar las presiones y el acoso a estas comunidades como gesto de paz.
Pero hoy, 7 de julio de 2025, y cinco años después de promesas y compromisos, la violencia no cesó en el departamento del Magdalena. Es más, este año las cifras indican que será el más violento de la última década, pues, al corte del 30 de junio de 2025, en el departamento han sido asesinadas 340 personas, lo que demuestra lo contrario a una voluntad de cese de la violencia por parte de los actores armados ilegales que operan en el Magdalena, en una disputa por los corredores estratégicos para el narcotráfico, en donde los muertos son múltiples en esta guerra sin control.
Cinco años después de que la Defensoría del Pueblo emitiera las primeras alertas tempranas, el panorama en el Magdalena no solo sigue siendo crítico, sino que empeora con el paso del tiempo. La falta de articulación institucional, la débil presencia del Estado y el incumplimiento de los compromisos han dejado al departamento atrapado en una espiral de violencia que, lejos de detenerse, se profundiza con cada nuevo intento fallido de soluciónes.
Guerras horizontales y gobernanzas armadas: el panorama de violencia en el Magdalena (Parte 1)
Aumento de homicidios y control armado: el panorama de violencia en el Magdalena (Parte 2)
El drama silencioso de la violencia en el Magdalena (Parte 3)
