Urbanismo sin alma: lo legal no siempre es lo justo

En medio de su aniversario, Santa Marta enfrenta una crisis urbana que no es solo técnica: es ética. A los 500 años, la ciudad no necesita más firmas ni planos: necesita responsabilidad, verdad institucional y actores públicos y privados que miren el territorio con conciencia, no con cálculo.

EDITORIAL

Santa Marta cumple 500 años. Medio milenio de historia, cultura y resistencia que merece conmemoración. Pero celebrar sin mirar con rigor el presente sería un acto de indulgencia peligrosa. Hoy, la ciudad no solo enfrenta desafíos en infraestructura o servicios públicos, también atraviesa una fractura profunda en su ética institucional, en su modelo de desarrollo urbano, y en la relación entre quienes toman decisiones y quienes padecen sus efectos.

La sentencia T-290 de 2024 de la Corte Constitucional es una señal de alerta que no puede ser ignorada. En ella, el máximo tribunal del país constata que, en sectores como Bellavista, al norte de la ciudad, se han expedido licencias para desarrollos inmobiliarios sin garantizar servicios básicos como acueducto o alcantarillado. Familias enteras conviven con aguas residuales a cielo abierto, malos olores, vectores de enfermedad y una calidad de vida deteriorada.

No se trata de una falla puntual: es el resultado de un sistema urbano que ha privilegiado la expedición de licencias sobre la evaluación del impacto real. La figura del curador urbano —creada para garantizar la legalidad y armonía de los desarrollos— ha terminado, en muchos casos, vaciada de su propósito público, pues, todo parece indicar que lo que debería ser una función técnica y preventiva se ha reducido a una rutina administrativa centrada en verificar documentos, sin salir al territorio ni contrastar lo que las memorias técnicas afirman con lo que realmente ocurre en el suelo.

¿De qué sirve una disponibilidad de servicios si el sistema ya está colapsado? ¿De qué valen planos perfectamente firmados si sus efectos son el rebosamiento de aguas negras y la pérdida de dignidad de las comunidades? La Ley 1437 de 2011 es clara: toda actuación administrativa debe regirse por principios como moralidad, transparencia, responsabilidad y eficacia. Pero nada de eso se cumple cuando se aprueban proyectos en zonas frágiles, sin infraestructura suficiente, amparados apenas en un conjunto de trámites formalmente correctos, pero éticamente cuestionables.

Esa distancia entre la ley y la realidad, entre la firma y el territorio, ha sido uno de los principales motores del deterioro urbano. Por eso, el rol de la Superintendencia de Notariado y Registro, según la ley, encargada de vigilar a las curadurías debe ir más allá del cumplimiento procedimental y mecánico de sus colaboradores en Santa Marta. Es necesario revisar con lupa los actos de los curadores urbanos, especialmente cuando se advierte una sistemática desconexión entre lo autorizado y lo viable. En este punto y dada la realidad, es claro que un trámite ajustado a norma que deviene en daño colectivo no es jurídicamente neutro: es una falla del sistema que debe corregirse.

La responsabilidad no recae solo en los curadores, pues, sea menester decirlo, ‘solo cumplen su función’. El sector constructor [del que también han salido aportes importantes para el desarrollo de la ciudad] debe hacer un examen de conciencia. No es ético levantar torres de 15 pisos en barrios sin redes de soporte, presionar por disponibilidades cuando los servicios ya están al límite, o fragmentar proyectos para eludir exigencias ambientales. Tampoco lo es notificar a los vecinos mediante una valla, confiando en que el silencio o el desconocimiento serán suficientes para avanzar sin oposición.

Se ha vuelto común ver cómo grandes desarrollos se amparan en licencias que apenas cumplen con los requisitos mínimos, mientras generan impactos desproporcionados en la movilidad, el entorno y los servicios públicos. La planificación parece haberse desplazado sin miramientos por la urgencia del negocio, y el resultado es una ciudad que se construye de espaldas a su capacidad y a su gente, básicamente.

El suelo urbano no puede seguir tratándose como un bien de oferta ilimitada, ni la expansión como sinónimo automático de progreso. Cada metro cuadrado intervenido debe responder a un criterio: ¿beneficia realmente al conjunto de la ciudad?, ¿es sostenible?, ¿respeta la vocación del territorio y el derecho de quienes ya habitan en él?

Los 500 años de Santa Marta no son solo una fecha conmemorativa, son también, la oportunidad histórica para revisar el rumbo con seriedad. Para auditar las licencias otorgadas en zonas críticas. Para depurar las prácticas irregulares en la expedición de disponibilidades. Para exigir una nueva ética del desarrollo urbano, donde el bien común prime sobre la ganancia fácil y la formalidad no sea excusa para la irresponsabilidad.

Refundar la ética de la ciudad no es un asunto simbólico, es una necesidad urgente. El colapso ambiental que afecta las playas, los barrios sin drenaje, las enfermedades asociadas al agua contaminada no son fenómenos aislados: son el resultado de años de omisiones, de complicidades tácitas y de un modelo que ha hecho del silencio una forma de operar.

Lo que Santa Marta necesita no son más promesas ni más planos aprobados, requiere que las decisiones se tomen con apego a la verdad territorial, al interés colectivo y al principio elemental de respeto por la vida urbana. Porque el verdadero homenaje a estos 500 años no está en los actos protocolarios, sino en garantizar que el porvenir no sea una repetición de los errores que nos trajeron hasta aquí.

Posdata:

Habiendo entrado en esta materia a la que todos los actores parecen sacarle el cuerpo, lo relacionado con el abuso de los planes parciales, las liberaciones arbitrarias de alturas y las pocas respuestas o soluciones que ofrece el Plan de Ordenamiento Territorial vigente en Santa Marta, serán objeto de comentario y análisis en la próxima editorial.

Teniendo en cuenta la fecha que se avecina, es justo y necesario que se revisen este tipo de situaciones reprochables, si se quiere, para que no se sigan desvirtuando asuntos de vital importancia como la planeación y dinamización del urbanismo acorde a las exigencias sociales, políticas, jurídicas y las que demandan los efectos nocivos del cambio climático.