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Tribunal niega pérdida de investidura en contra de varios diputados del Magdalena
El Tribunal determinó que no hubo conflicto de intereses ni beneficios indebidos en la elección de la mesa directiva de la Asamblea para el periodo 2025, por lo que negó la pérdida de investidura solicitada en su contra.
Por: Arnol Sarmiento
El Tribunal Administrativo del Magdalena rechazó las solicitudes de pérdida de investidura presentadas contra los diputados Alberto Mario Gutiérrez Uribe, Mallath Paola Martínez Cantillo, Ángela María Cedeño Ruiz, Martha Liliana García Rivera y Amed José Zawady Pupo, quienes fueron señalados de violar el régimen de conflicto de intereses al participar en la elección de la mesa directiva de la Asamblea Departamental para el periodo 2025.
Las demandas acumuladas, presentadas por Carlos Mario Rojas Centeno, Rafael de Jesús Rebolledo Gil, Roberto Carlos Correa y Adriana Cristina Trujillo Arias, sostenían que los diputados, en la elección de la mesa directiva de la Asamblea Departamental para el periodo 2025, desconocieron medidas cautelares del Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado, así como sanciones partidarias que suspendían los derechos de voz y voto del diputado Gutiérrez Uribe. Según los accionantes, los señalados participaron en sesiones y votaciones, reproduciendo actos administrativos previamente anulados, con el fin de mantener el control político de la corporación.
La Procuraduría conceptuó que, aunque se presentaron posibles irregularidades administrativas, no se demostró la existencia de un beneficio particular, actual y directo para los implicados, requisito indispensable para declarar la pérdida de investidura. En consecuencia, el Tribunal concluyó que no hubo una actuación dolosa o gravemente culposa por parte de los demandados, y aclaró que la elección interna de la mesa directiva, por sí sola, no configura un conflicto de intereses. Además, el análisis probatorio no evidenció beneficios personales indebidos.
En consecuencia, la magistrada ponente, María Victoria Quiñones Triana, negó la pérdida de investidura y se ordenó el archivo del proceso, salvo que la decisión sea apelada ante el Consejo de Estado.
