Procuraduría investiga a exministros por incumplir fallo sobre crisis en La Guajira

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra de varios exministros, funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Nacional por presunto incumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-302 de 2017, relacionada con la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira.

La Sala Disciplinaria de Instrucción tomó la decisión tras una indagación previa que incluyó múltiples oficios y documentos que evidencian la falta de avances sustanciales en la creación, implementación y seguimiento del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP), ordenado por la Corte para garantizar derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud y la alimentación en los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia.

Entre los posibles responsables se encuentran consejeros presidenciales para la Paz y varios exministros de Salud, Vivienda, Ambiente y Agricultura que ocuparon cargos entre 2020 y 2025. La lista incluye, entre otros:

Ana María Palau Alvar González, exconsejera presidencial para la Paz.

Fernando Ruiz Gómez, exministro de Salud y Protección Social (2020–2022).

Diana Carolina Corcho Mejía, exministra de Salud y Protección Social (2022–2023).

Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, actual ministro de Salud.

Jonathan Tybal Malagón González, exministro de Vivienda.

Carlos Eduardo Correa Escaf, exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Rodolfo Enrique Zea Navarro, exministro de Agricultura.

Directivos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Superintendencia Nacional de Salud y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, así como gobernadores y alcaldes de los municipios guajiros mencionados.

Aunque la sentencia T-302 fue emitida en 2017 y notificada en 2018, la Corte Constitucional advirtió en 2023 que no existían resultados reales que demostraran avances efectivos en el cumplimiento de las órdenes judiciales. Entre los hallazgos se evidenció que las acciones reportadas no fueron conducentes ni suficientes para superar la crisis humanitaria que afecta a comunidades indígenas y rurales de la región.

El alto tribunal ha insistido en que las entidades nacionales y territoriales deben articular esfuerzos para garantizar derechos fundamentales y superar el estado de cosas inconstitucional, pero a la fecha no se han materializado medidas estructurales.

La Procuraduría evaluará la presunta responsabilidad disciplinaria de los investigados, verificando si la omisión en el cumplimiento de la orden judicial constituye una falta disciplinaria y si existen causales de exclusión de responsabilidad.