Denuncia
Familias denuncian desalojo en el Parque Tayrona: “Nos trataron como invasores cuando solo trabajábamos por nuestro sustento”
El pasado 16 de octubre, un grupo de prestadores turísticos que laboraba desde hace más de tres décadas en el sector de la piscina natural del Parque Tayrona fue desalojado tras una querella interpuesta por la ciudadana Claudia Dávila. Los afectados denuncian pérdidas materiales, presuntos abusos en el procedimiento y aseguran que nunca ocuparon propiedad privada.
Por: Alexandra Martinez
Durante más de 30 años, un grupo de familias samarias dedicadas al ecoturismo operó en el sector conocido como la piscina natural, dentro del Parque Nacional Natural Tayrona, ofreciendo paseos, refrigerios y servicios básicos a los visitantes. Sin embargo, el pasado 16 de octubre de 2025, estas familias fueron desalojadas del lugar por orden judicial, tras una querella interpuesta por una particular que sostiene ser propietaria del terreno.
Los afectados afirman que el procedimiento se realizó con un despliegue desproporcionado de fuerza pública y que fueron tratados “como delincuentes”, a pesar de haber trabajado durante años en coordinación con las autoridades ambientales. Además, aseguran haber perdido todos sus bienes materiales y quedar sin su fuente de sustento.
“Nunca nos dijeron que estábamos en propiedad privada”: Nilsa Blanquisé, vocera del grupo y representante de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos y Ecoturísticos del Tayrona (Prestairona), relató que su comunidad ha mantenido presencia continua en la zona desde hace décadas. “Nosotros no somos invasores. Somos personas que hemos trabajado toda una vida en ese lugar, que crecimos viendo cómo se desarrollaba el turismo en el parque y que hemos servido a los visitantes con respeto”, explicó.
Según Blanquisé, tras la muerte del antiguo propietario del predio colindante, llegaron nuevos administradores que en ningún momento notificaron que el espacio donde laboraban las familias fuera de carácter privado. “El señor fallece y luego llegó otro administrador temporal, Leonardo, y después el señor Hermenegildo Ordóñez. Ninguno de ellos nos dijo jamás que esa tierra era privada o que debíamos irnos. Si hubieran tenido documentación para demostrarlo, lo lógico era que nos lo mostraran”, señaló.
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La vocera añadió que, incluso, las familias mantenían relación cercana con los anteriores ocupantes del predio y con sus familiares. “Ellos llegaban en sus yates, en helicópteros, pasaban por donde nosotros estábamos. Si eran los dueños, ¿por qué nunca nos advirtieron? El señor Germán, que era gerente de Davon, nos dejaba a su hija pequeña, Paulina, para que la lleváramos a caretear. La señora Claudia —quien hoy nos demanda— también venía con sus hijos, compraban dulces, compartían con nosotros. Nunca se nos dijo que estábamos invadiendo nada”, sostuvo.
El conflicto, según los denunciantes, comenzó a agudizarse cuando los nuevos administradores cercaron el acceso hacia el cabo, limitando el paso que tradicionalmente usaban turistas y trabajadores. “Cuando cerraron ese camino, nos afectaron mucho porque era nuestra vía de tránsito. Aun así dijimos: bueno, cada quien protege su propiedad. Pero poco a poco nos fueron cercando hasta dejarnos reducidos en un hueco”, expresó Blanquisé.
Posteriormente, la parte demandante alegó que los prestadores habían talado vegetación y desviado una quebrada. Los trabajadores lo niegan rotundamente. “Eso es falso. La piscina natural no tiene baños, y por eso la gente usaba una corriente de agua temporal para sus necesidades. Nosotros éramos los que limpiábamos, recogíamos toallas sanitarias y papeles para evitar contaminación. Jamás talamos ni una rama. Cuando un mangle caía, lo apuntalábamos para protegerlo y reportábamos todo a Parques Nacionales”, afirmó.
También sostienen que un camino alterno que hoy se usa para acceder a la playa fue abierto por el propio administrador del predio, y no por ellos, como indica la querella. “Ella dice que fuimos nosotros, pero fue su gente. Solo necesitaban argumentos para señalarnos”, agregó la vocera.
El 16 de octubre, alrededor de las 8:00 de la mañana, se ejecutó el desalojo. Según los testigos, el operativo contó con la presencia de más de 20 uniformados, perros y funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia. “Llegaron como si fuéramos criminales. Toda una tropa. Nosotros solo trabajábamos, vendíamos agua, dulces, hacíamos recorridos. Nos destruyeron los puestos, tumbaron todo lo que teníamos. Fue muy duro”, relató Blanquisé visiblemente afectada.
La lideresa asegura que durante meses intentaron mediar con las autoridades ambientales y con la parte demandante para lograr una reubicación sin éxito. “Pedimos diálogo, presentamos documentos, pruebas, testimonios, pero no fuimos escuchados. Uno sabe cómo se manejan las cosas: hay favores que se pagan”, afirmó.
Los prestadores aseguran que hoy quedaron sin alternativas económicas. “Somos más de diez familias que dependíamos de eso. Ahora no tenemos nada. Queremos seguir trabajando dignamente, no vivir del favor de nadie”, sostuvo la representante.
La medida se da a pocos días de la reapertura oficial del Parque Tayrona, prevista para el 2 de noviembre, lo que agrava la situación de los prestadores que esperaban esa temporada para recuperarse económicamente.
“Nosotros siempre colaboramos con Parques, cumplimos normas ambientales y ayudamos a mantener limpio. Pero hoy quedamos fuera, sin ingresos y con el estigma de ser invasores”, lamentó Blanquisé.
Consultadas por este medio, fuentes de Parques Nacionales Naturales de Colombia indicaron de manera preliminar que el procedimiento respondió a una decisión administrativa derivada de una querella por ocupación de predio privado. Sin embargo, hasta el momento de esta publicación no se ha emitido un pronunciamiento oficial completo que detalle los alcances legales de la medida ni las alternativas ofrecidas a las familias afectadas.
Entre tanto, los trabajadores del sector anunciaron que continuarán buscando espacios de diálogo con las autoridades locales y nacionales, con el fin de lograr una solución que les permita conservar su sustento sin afectar la conservación del parque.
“Solo pedimos ser escuchados. El Tayrona es nuestra casa, ahí nacimos, ahí hemos trabajado toda la vida. No queremos conflictos, solo respeto y oportunidad para seguir viviendo del turismo sostenible”, concluyó la vocera de Prestairona.
