El nuevo J1 de la Policía del Magdalena y el reto de llenar los vacíos institucionales

Tras casi dos años de gestión, el relevo en la comandancia de la Policía del Magdalena se produce en medio de uno de los periodos más críticos en materia de seguridad del departamento, marcado por el aumento de las extorsiones y los homicidios, así como por un llamado urgente a obtener resultados concretos frente a la expansión de bandas criminales y la intimidación sistemática a la ciudadanía.

Por: Arnol Sarmiento

Los recientes movimientos en la Policía del Magdalena reabren el debate sobre el deterioro de la seguridad en el departamento durante los últimos dos años. El balance que deja el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, quien estuvo al frente de la comandancia entre abril de 2024 y noviembre de 2025, es ampliamente cuestionado por las alarmantes cifras de violencia y la pérdida de control territorial en amplias zonas del Magdalena.

Entre 2024 y 2025, el departamento registró las tasas de homicidio más altas de los últimos años, a lo que se suma un cúmulo de hechos que evidencian una grave ausencia institucional, especialmente en las zonas rurales. En estos territorios se denunciaron casos en los que la fuerza pública no hizo presencia tras hechos violentos, como ocurrió en el área rural de Pivijay, donde familiares de las víctimas tuvieron que trasladar por sus propios medios los cuerpos sin vida, sin que se realizara ningún tipo de inspección judicial. Esta situación refleja el colapso de la capacidad de respuesta del Estado en estas zonas.

El Magdalena entre masacres, líderes asesinados y una cifra récord de homicidios

A este panorama se suma el fortalecimiento de estructuras criminales que impusieron el miedo como mecanismo de control social. Municipios como Fundación se convirtieron en escenarios de extrema violencia, con asesinatos de mujeres, niños e incluso de un uniformado de la Policía. Uno de los hechos más impactantes fue el hallazgo de un cuerpo desmembrado abandonado en plena vía pública, en el centro del municipio, como mensaje directo del poderío de estas organizaciones armadas ilegales.

Fundación, Magdalena: entre la barbarie criminal y el silencio

Durante este mismo periodo, el Magdalena fue escenario de al menos siete masacres, lo que confirma una escalada sostenida de violencia colectiva. Paralelamente, la extorsión alcanzó niveles sin precedentes. Entre enero y septiembre de 2025, el GAULA reportó más de 1.100 denuncias, la cifra más alta desde que se tiene registro oficial. Comerciantes de municipios como Fundación, Zona Bananera, Aracataca y Pivijay denunciaron de manera reiterada llamadas extorsivas y amenazas constantes.

En algunos territorios, particularmente en la Zona Bananera, las bandas criminales llegaron incluso a imponer toques de queda y a definir los horarios de apertura y cierre de los establecimientos comerciales, evidenciando un control fáctico del territorio ante la debilidad de las autoridades.

Tras la salida del coronel Duarte Reyes en noviembre de 2025, la comandancia quedó interinamente en cabeza del coronel Carlos Harvey Sierra Salgado, hasta el pasado 15 de enero, cuando fue designado como nuevo comandante de la Policía del Magdalena el coronel Alexander Martín Eljadue. Su llegada se da en medio de un contexto altamente complejo, marcado por la disputa abierta entre al menos dos estructuras criminales por corredores estratégicos del narcotráfico, el control de la extorsión y el dominio territorial.

Pivijay, Magdalena: un municipio silenciado por una gobernanza no institucional

El nuevo comandante asume así uno de los mayores retos en materia de seguridad que ha enfrentado el Magdalena en los últimos años: contener la violencia homicida, frenar las masacres, desarticular las redes de extorsión y devolverle al Estado la autoridad en municipios donde la criminalidad impuso sus propias reglas.

El cambio de mando, sin embargo, no puede quedarse en un relevo administrativo. La gravedad del panorama exige acciones concretas, inmediatas y verificables: mayor presencia efectiva en zonas rurales, resultados contundentes contra las estructuras criminales, protección real a comerciantes y comunidades amenazadas, y una rendición de cuentas clara sobre la gestión pasada. La seguridad del Magdalena no admite más diagnósticos; demanda decisiones firmes y resultados que se traduzcan en vidas protegidas y territorios recuperados.