La defensa jurídica del voto es la verdadera victoria

 Por Ariel Quiroga Vides

Abogado electoralista y penal.

Los votos se depositan en las urnas, pero se consolidan en las mesas y se definen en las comisiones escrutadoras. En elecciones cerradas, la capacitación de testigos, representantes ante comisión y apoderados no es un complemento operativo: es la garantía real de que la voluntad popular se transforme en credenciales y no se diluya en el escrutinio.

En toda democracia, el voto es el acto soberano por excelencia. Pero en contiendas competitivas —y particularmente en escenarios de alta fragmentación política— no basta con obtener los votos: es indispensable saber defenderlos.

La experiencia electoral demuestra que la diferencia entre ganar y perder no siempre está en la intención del electorado, sino en la capacidad técnica y organizativa para custodiar esa voluntad durante la jornada de votación y, sobre todo, en el proceso de escrutinio.

El testigo de mesa: primera línea de defensa

El testigo electoral no es un espectador. Es el garante inmediato de la transparencia en la mesa de votación. Su función implica:

• Verificar la correcta instalación de la mesa.
• Vigilar la identificación de votantes.
• Supervisar la custodia del material electoral.
• Observar el diligenciamiento de actas.
• Formular reclamaciones oportunas frente a inconsistencias.

Un error aritmético no advertido, un voto indebidamente anulado o una casilla mal registrada pueden parecer incidentes menores. En elecciones amplias, quizá lo sean. En elecciones cerradas, pueden definir una curul.

La comisión escrutadora: donde se consolida la verdad jurídica.

Si la mesa refleja la verdad material del voto, la comisión escrutadora consolida la verdad jurídica del resultado.

Es allí donde se revisan actas, se resuelven reclamaciones, se corrigen inconsistencias y se decide sobre votos objetados. La presencia política sin formación técnica resulta insuficiente. Se requiere conocimiento normativo, capacidad argumentativa y estrategia procesal.

Un error no reclamado oportunamente se convierte en resultado en firme.

El apoderado: estrategia y defensa integral.

El apoderado electoral articula el sistema de defensa del voto. Diseña protocolos, capacita equipos, unifica criterios de reclamación y proyecta la eventual litigiosidad postelectoral.

En procesos ajustados, la etapa posterior a la votación puede ser tan decisiva como la campaña misma. La improvisación en este punto suele tener consecuencias irreversibles.

8 de marzo de 2026: una elección que no será la excepción

De cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, cuando el país elegirá integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, el panorama anticipa alta competencia.

Históricamente, en cada elección existen curules que se disputan voto a voto entre dos, tres o más candidatos. Esta no será diferente.

Particularmente en la Cámara por el Magdalena, no se advierten credenciales 100 % seguras. En la mayoría de listas existen segundos y terceros opcionados con posibilidades reales de remontar el día D. Una diferencia mínima en mesa, una reclamación omitida o un acta mal revisada puede alterar el orden definitivo de asignación.

Cuando los márgenes son estrechos, la técnica pesa tanto como la política.

Capacitación: inversión estratégica, no gasto accesorio

Muchas campañas concentran recursos en publicidad y movilización, pero descuidan la formación técnica de quienes estarán en mesas y escrutinios. Ese es un error estratégico.

La capacitación debe incluir simulaciones de escenarios críticos, estudio detallado de causales de reclamación, revisión práctica de actas y protocolos claros de reporte y escalamiento. La defensa del voto no puede depender del voluntarismo; exige método y disciplina.

Experiencia que confirma la regla

No se trata de una afirmación teórica. A lo largo de mi ejercicio profesional hemos logrado asegurar y recuperar curules en la Cámara de Representantes y en corporaciones departamentales; defendimos la elección del actual alcalde de Santa Marta; promovimos con éxito la nulidad de la elección del exgobernador del Magdalena; y hemos sostenido inscripciones de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral.

En elecciones competitivas, ganar votos es indispensable. Pero saber protegerlos —desde la mesa hasta el último acto del escrutinio— es lo que convierte la voluntad ciudadana en poder político real.

Porque en democracia, la defensa del voto no es desconfianza: es responsabilidad.