Política Parroquial
Expertos analizan propuesta de “impugnatón” de Gustavo Petro
Luego de la alocución del presidente Gustavo Petro sobre las elecciones del próximo 8 de marzo, en la que expresó dudas frente al software electoral e insistió en la necesidad de fortalecer la labor de los testigos electorales para evitar un supuesto fraude, incluso sugiriendo la impugnación de mesas de votación, Opinión Caribe, Expresión de Región, consultó a especialistas para analizar el alcance jurídico y político de estas declaraciones.
En ese sentido, el abogado Rodolfo Quant, especialista en Derecho Electoral, explicó que en Colombia las impugnaciones están sujetas a causales taxativas contempladas en la ley.
#EnVideoOC Tras la alocución del presidente Gustavo Petro sobre las elecciones del 8 de marzo, el abogado Rodolfo Quant explicó a Opinión Caribe que en Colombia las impugnaciones solo proceden cuando existen causales específicas establecidas en la ley.
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“Las reclamaciones no son generales ni abiertas. Solo proceden cuando existen causales concretas como errores aritméticos, tachaduras o inconsistencias en las actas”, señaló. En ese sentido, advirtió que una impugnación masiva sin fundamentos jurídicos podría retrasar los escrutinios, pero no tendría efectos si no se demuestra una irregularidad real.
También recordó que el sistema electoral colombiano cuenta con respaldo documental físico, como los formularios E-14 y que la Registraduría Nacional del Estado Civil cumple funciones logísticas en el desarrollo del proceso.
Riesgos estructurales más allá del software
Por su parte, el abogado Ariel Quiroga manifestó que los riesgos electorales en Colombia históricamente no han estado centrados en el software de consolidación, sino en fenómenos como la compra de votos, la transhumancia y la presión al elector en territorios con presencia de grupos armados.
#EnVideoOC Tras la alocución del presidente Gustavo Petro sobre las elecciones del 8 de marzo, el abogado Ariel Quiroga señaló a Opinión Caribe que los principales riesgos electorales en Colombia no han estado relacionados con el software, sino con prácticas como la compra de… pic.twitter.com/GmL2fl807L
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En ese contexto, citó informes recientes de la Misión de Observación Electoral (MOE), que advierten sobre municipios con niveles de riesgo moderado, alto y extremo en distintas regiones del país.
Según Quiroga, una impugnación generalizada podría generar demoras en los escrutinios departamentales, pero carecería de sustento si no se fundamenta en pruebas específicas.
A su vez, el abogado especialista en Derecho Electoral Hernando Zabaleta Echeverry señaló que cualquier cuestionamiento al proceso debe hacerse dentro de los canales institucionales y con base en la normativa vigente.
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Explicó que el ordenamiento electoral colombiano establece mecanismos claros para la presentación de reclamaciones y que las impugnaciones deben formularse ante las autoridades competentes, sustentadas en hechos verificables.
Zabaleta enfatizó que el sistema cuenta con controles cruzados entre jurados de votación, testigos electorales, comisiones escrutadoras y documentos físicos que permiten revisar cualquier inconsistencia. “El proceso electoral tiene garantías y procedimientos establecidos; no se trata de impugnaciones generales, sino de actuaciones concretas frente a situaciones específicas”, indicó.
Para los especialistas consultados por Opinión Caribe, Expresión de Región, el debate generado tras la alocución presidencial pone en el centro la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones, promover la participación activa de los testigos electorales y garantizar que cualquier controversia se tramite conforme a la ley.
Coinciden en que la transparencia, la vigilancia ciudadana y el respeto por las reglas del juego democrático serán determinantes en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo.
