Unidad Investigativa
“Hechos revisten gravedad excepcional”: Contraloría activa Actuación Especial de Fiscalización
El órgano de control fiscal examinará los contratos de alfabetización suscritos entre la Gobernación del Magdalena y la Fundación Universitaria San José (FUSJ). La decisión se produce luego de una investigación de OPINIÓN CARIBE donde se denunció incrementos atípicos en costos, reducción de beneficiarios y debilidades en los soportes que permitirían verificar la ejecución efectiva de un programa financiado con recursos públicos superiores a $25.000 millones.
A través de un oficio allegado hasta la redacción de OPINIÓN CARIBE, la Contraloría Departamental del Magdalena informó la apertura de un proceso de análisis documental, para verificar las presuntas irregularidades cometidas en el marco de los contratos de alfabetización suscritos entre la Gobernación del Magdalena en los periodos de Carlos Caicedo y Rafael Martínez y la polémica Fundación Universitaria San José.
La misiva, firmada por Richard Rafael Barros Perea en su calidad de jefe Oficina de Planeación y Participación Ciudadana, advierte que la “actuación de vigilancia y control fiscal tiene su génesis en la denuncia ciudadana identificada con el radicado No. 20260126”, la cual, fue publicada en esta tribuna el pasado 26 de enero bajo el título: ¡El misterio de los $25.000 millones! Fundación de Educación Superior San José bajo la lupa por contratos de alfabetización en Magdalena. (https://www.opinioncaribe.com/2026/01/26/el-misterio-de-los-25-000-millones-fundacion-de-educacion-superior-san-jose-bajo-la-lupa-por-contratos-de-alfabetizacion-en-magdalena/ )
En dicho artículo, se hizo un análisis de lo dos contratos suscritos entre la entidad territorial y la polémica institución de educación superior a partir de la información disponible en la plataforma Secop, encontrando varios elementos que tanto a los ojos de la redacción como del funcionario de la Contraloría que atendió la denuncia, resultan, por lo menos, sospechosos. En ese sentido, precisa el documento, que en el artículo “se identifican incrementos que han sido calificados como atípicos en rubros que impactan directamente el presupuesto del programa, específicamente en lo relacionado con el valor unitario de los kits pedagógicos destinados a los estudiantes”.
Asimismo, ampliando el alcance del reportaje, señala el oficio que “en el desarrollo del segundo contrato se presentó una reducción sustancial en el número de beneficiarios atendidos, a pesar de que los costos asociados a materiales y otros insumos experimentaron un alza significativa. Esta desproporción plantea interrogantes sobre la eficiencia en la destinación de los recursos públicos y el cumplimiento de las metas sociales de alfabetización mediante el modelo educativo ‘A Crecer’ o modelos propios implementados por el contratista”.
Pero, tal vez uno de los elementos más relevantes del informe de la Contraloría, tiene que ver con la poca disposición y ayuda bridada por parte del personal de archivo de la Gobernación del Magdalena, quienes, fueron requeridos por cuenta de la limitada visibilidad de documentos fundamentales como informes técnicos de supervisión, actas de recibo a satisfacción y listados nominales de beneficiarios georreferenciados.
“A pesar de la naturaleza perentoria de la solicitud realizada por la Contraloría, la cual otorgaba un plazo improrrogable de dos días hábiles para su atención, la administración departamental guardó un silencio que no puede interpretarse sino como una falta de voluntad colaborativa frente a los requerimientos del órgano de control fiscal”, se lee en uno de los apartes del oficio y más adelante, se detalla que la información llegó “como resultado de la presión institucional ejercida”, pero que “tras ser analizada minuciosamente por este despacho, se califica como fragmentaria, restrictiva y carente de sustancia técnica”.
Finalmente, ante este panorama, la Contraloría determinó avanzar hacia un estadio más formal del control fiscal, ordenando la apertura de una Actuación Especial de Fiscalización con el fin de realizar un análisis técnico, financiero y jurídico más profundo sobre los contratos. “Los hechos puestos en conocimiento de este órgano de control revisten una gravedad excepcional. […] La sospecha de sobrecostos en kits pedagógicos y la reducción arbitraria de la cobertura no son meras inconsistencias administrativas, sino indicios de un posible detrimento patrimonial”, puntualiza el informe.
Conforme a los términos establecidos en la ley, el organismo de control tendrá hasta seis meses para presentar una conclusión definitiva sobre los resultados de la investigación y determinar si las inconsistencias detectadas derivan en la configuración de un posible detrimento patrimonial para el departamento del Magdalena.
